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domingo 29 de noviembre de 2009

Conductas antisociales

Los niños con conductas antisociales proceden en su mayoría de familias de alto nivel adquisitivo y cultural, en las que los padres desatienden a los hijos y delegan su educación en la escuela, cursos extraescolares, servicio doméstico u otros familiares, según un estudio de la Fundación Jaume Bofill.
El coordinador de la investigación presentada hoy en rueda de prensa, Javier Elzo, ha aclarado que "la falta de supervisión de los padres es la variable más relevante a la hora de explicar la conducta antisocial de los niños".
"No es cierto que los niños conflictivos procedan especialmente de familias monoparentales, madres trabajadoras, familias reconstituidas, padres separados, u otros modelos diferentes al tradicional", ha añadido el catedrático de sociología, tras analizar los datos de 1.060 encuestas a familias catalanas y otros 1.189 cuestionarios a profesores.
El estudio se centra en familias con hijos de entre 7 y 12 años y el resultado global es que "las familias catalanas tienen una nota media de notable, pero -ha aclarado- la media siempre esconde casos de disfunciones".
Para analizar estas disfunciones, el coordinador del estudio ha dividido las familias en cuatro tipos (progresista-extravertida, conservadora-introvertida, conflictiva y la convivencial-armónica).
La conclusión ha sido que la mayor parte de los niños con conductas incívicas proceden de las familias progresistas-extravertidas, que suponen el 23,3 por ciento del total de las familias, y de las conflictivas, que son el 15,2 por ciento.
Las familias progresistas-extravertidas se caracterizan por defender ideas políticas progresistas y disponer de un nivel cultural y económico alto.
"En este entorno es fácil encontrar padres que tienen una vida social activa y que dan más importancia a su promoción personal que a la familia, por lo que suelen desatender a los hijos", ha dicho Elzo.
Los hijos de estas familias tienden a saltarse las normas en aspectos como "colarse en el metro, destrozar mobiliario urbano o robar en grandes almacenes".
El otro grupo del que proceden los niños con conductas antisociales son las llamadas familias conflictivas, que se caracterizan por un nivel adquisitivo y cultural bajo "y los padres están desbordados".
Según Elzo, estas familias "son las que deberían recibir más ayuda de las administraciones" porque "quieren educar bien a sus hijos, pero no pueden por falta de tiempo o de formación".
El estudio también refleja que los hijos "perciben una menor implicación del padre que de la madre" en su educación, en todos los estratos sociales.
"Es incorrecto achacar los déficit educativos a la incorporación de la mujer a la vida laboral porque no se puede criticar que la mujer haya salido de casa sin hablar de por qué el hombre no ha entrado", ha puntualizado Elzo.
El estudio ha tenido en cuenta la procedencia de las familias y el sociólogo ha dicho que "los inmigrantes no integrados en la sociedad suelen incluirse en el grupo de conflictivos, mientras que los que están integrados están dentro del grupo que dedica más tiempo a los hijos".
En las conclusiones, Elzo destaca que "la combinación más adecuada para que los hijos tengan conductas prosociales" la consiguen las "familias cohesionadas, que permiten que los hijos expresen sus sentimientos, refuerzan los comportamientos correctos y mantienen la disciplina".

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Agresiones de hijos a padres

El número de agresiones de hijos menores a sus padres e incluso abuelos se han doblado en los dos últimos años -de 2.000 denuncias se ha pasado a 4.000-, de las cuales más del 40 por ciento corresponden a chicas, ha explicado en una entrevista con Efe la Fiscal de Sala Coordinadora de Menores, Consuelo Madrigal.
Este tipo de violencia es uno de los que más preocupa a Consuelo Madrigal, que tomó posesión de su cargo en 2008, pues es uno de los delitos que más está creciendo y, actualmente, está preparando una circular dirigida a los fiscales de toda España sobre este asunto.
El aún borrador se centra en el análisis de los recursos que prevé la ley del Menor, en aclarar ciertos puntos en la labor del fiscal y en extremar la sensibilidad cuando se recibe la denuncia, "momento en el que los padres, abuelos u otros familiares están cargados de emociones, se sienten sobrepasados e impotentes y los chicos tienen un discurso poco racional".
Según sus datos, los delitos de violencia doméstica cometidos por menores en 2007 sumaron casi 2.000 y en el 2008 fueron 4.000, aunque "probablemente" la cifra sea aún mayor porque muchos casos no salen a la luz ni llegan al juzgado.
Llama la atención, según la Fiscal de Sala, que hace pocos años el 80 por ciento de los agresores eran varones y el 80 por ciento de las víctimas madres, y ahora la madre continúa siendo la principal agredida, pero la proporción de hijas violentas supera el 40 por ciento.
Aunque no hay un perfil sociológico o psicológico de los menores que cometen estos delitos, sí se detecta una mayor proporción del fenómeno entre las familias monoparentales y aquellas en las que pese a haber un padre su figura está muy ausente, según Madrigal.
La medida más frecuente y eficaz que adoptan los tribunales en estos casos es ordenar la convivencia del menor en un grupo familiar educativo, porque implica proteger a la familia amenazada, alivia la tensión y el menor recibe tratamiento psicológico y terapéutico.
En la mayoría de los casos, el proceso acaba con éxito.
Por otro lado, Consuelo Madrigal ha llamado la atención respecto a que los problemas de autoridad, indisciplina y déficit educativo están siempre detrás de los jóvenes que se confrontan con la ley: "la mayoría proceden de un fracaso de la escuela y/o de la familia".
En este sentido, la fiscal no ha estimado irrelevante el cuidado de las formas y el lenguaje, mostrándose a favor, por ejemplo, del uso del usted en los centros docentes; no sólo cuando el niño se dirija al maestro sino también hacia la cocinera del comedor, el conductor de la ruta, etcétera, porque "todos ellos le están ayudando en su proceso de formación".
El mayor número de delitos que cometen los jóvenes son las lesiones que se producen entre ellos en peleas, sobre todo en lugares de ocio, seguidos de robos con violencia y hurtos.
Los que más han crecido son los delitos contra la seguridad vial, pero se debe a que se han convertido en delitos las conductas típicamente juveniles que antes eran infracciones administrativas, (por ejemplo conducir sin carné), ha añadido.
Aunque los homicidios también se han incrementado, estos "en realidad son muy puntuales y en la mayoría de las ocasiones son imprudentes, accidentes de tráfico, disparo fortuito de un arma de fuego....".
"Muchos de los comportamientos delictivos pasan con la madurez y acaba el proceso educativo", ha concluido la Fiscal, en cuya opinión la ley del Menor es mejorable desde el punto de vista técnico, pero también es una norma que no sólo ha dado un sistema judicial juvenil que exige responsabilidad penal, sino la ocasión de que los jóvenes puedan reinsertarse y enmendar sus errores.

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¿Hasta cuando esta violencia?

La Guardia Civil está rastreando con perros el monte cercano a la casa cuartel de la localidad navarra de Leitza, donde esta madrugada se ha registrado un tiroteo, en el que un agente ha resultado herido en un brazo.
Según ha podido confirmar Efe en el lugar de los hechos, la casa cuartel ha sido también acordonada por los agentes, que han establecido una zona de seguridad a unos veinte metros de distancia del edificio, un caserío denominado "Casa Maxurrenea" que está ubicado dentro del caso urbano del pueblo, situado a 46 kilómetros de Pamplona, en dirección a San Sebastián.
Se desconoce por el momento si los agentes han encontrado en el rastreo el explosivo que al parecer intentaban colocar los terroristas sobre las 03:30 horas cuando fueron descubiertos por el agente, que se encontraba de guardia en las instalaciones.
Al intentar identificarlos, el agente recibió un disparo en un brazo y fue trasladado a Pamplona para ser intervenido en el Hospital de Navarra.
Aunque no se ha facilitado todavía el parte médico sobre su estado, fuentes sanitarias han precisado que el agente se encuentra fuera de peligro.
Fuentes de la lucha antiterrorista han indicado a Efe que no se descarta que sea una "trampa a medio confeccionar" lo encontrado por la Guardia Civil en el rastreo efectuado tras el tiroteo, en el que un agente ha recibido un disparo en un brazo y al parecer otro en la zona del tórax que impactó en el chaleco antibalas.
En el tiroteo ha podido resultar también herido, según dichas fuentes, uno de los terroristas que se disponían a cometer el atentado cuando fueron sorprendidos por el agente que vigilaba la casa cuartel.

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Detenciones

Agentes de la Ertzaintza han detenido esta madrugada en Barakaldo (Vizcaya) a un joven de 26 años que presuntamente ha prendido fuego a seis contenedores de basura situados en diferentes calles de la localidad vizcaína.
Según ha informado el departamento vasco de Interior, las primeras investigaciones desvinculan estos hechos con actos de violencia callejera de carácter terrorista.
Entre la una y las dos de la madrugada de hoy, domingo, el centro de coordinación de emergencias de SOS Deiak en Vizcaya ha recibido varias llamadas de particulares que informaban de diversos incendios en contenedores situados en varias calles de la citada localidad vizcaína.
Los bomberos se han movilizado para sofocar los diferentes incendios que se iban produciendo de manera consecutiva, el primero en un contenedor en la calle Castilla La Mancha y posteriormente en las calles Arteagabeitia, La Economía, Landeta, Lurkizaga y Asturias.
Varias dotaciones de la Ertzaintza también se han dirigido a los diferentes incendios y en la calle Asturias una patrulla ha observado como un joven manipulaba el interior de un contenedor de papel que comenzaba en ese momento a arder.
Al verse sorprendido, el joven ha huido corriendo del lugar, produciéndose una persecución hasta que finalmente ha sido interceptado por los agentes.
El joven presentaba olor a quemado y restos de hollín en sus manos y los ertzainas le han ocupado un mechero que llevaba entre sus pertenencias.
La policía vasca le ha detenido acusado de un delito de daños y está previsto que en cuando finalicen las diligencias policiales sea puesto a disposición judicial.

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Agresion a dos sanitarios

Un paciente agrede a dos sanitarios de una ambulancia en Inca cuando lo estaban atendiendo Para reducir al enfermo fueron necesarios cuatro policías locales y maniatarlo a la camilla del vehículo con los grilletes.
Los hechos se remontan a las 20:39 horas, cuando la central de las ambulancias envió a Ramón y Miguel a la Avenida de Alcúdia de Inca. Según las primeras informaciones, los dos jóvenes técnicos en transporte sanitario debían recoger a un joven de unos 22 años con síntomas de embriaguez. A su llegada, los ambulancieros se encontraron con un varón, de 50 años, tumbado en el suelo y llorando desconsoladamente.
«Nosotros llegamos al lugar y nos encontramos con un hombre de apariencia tranquila que lloraba en la calle. Nos acercamos y lo ayudamos a sentarse en la camilla. En ese momento el paciente comenzó a vomitar y, para que no se atragantara con su propio vómito, lo fuimos a colocar en la posición de defensa. Fue entonces cuando, sin mediar palabra, la emprendió a puñetazos y patadas contra nosotros», relata, visiblemente afectado Ramón León.
«Yo estaba colocado detrás del varón sujetándole la cabeza para que no se atragantara cuando me dio un puñetazo en la nariz. En ese momento, un total de cuatro policías locales de Inca que se encontraban en la zona acudieron en nuestra ayuda y, con grandes dificultades conseguimos reducirlo entre los seis», añade Miguel.
Según parece, el paciente había ingerido bebidas alcohólicas en grandes cantidades y, además se medica sufriendo trastornos bipolares severos.Los policías, una vez reducido el paciente, lograron introducirlo en la ambulancia. Tras esposarlo en la camilla del vehículo se decidió que por cuestiones de seguridad una pareja de agentes acompañasen a los técnicos en el interior de la ambulancia y otra patrulla los escoltaría con el vehículo policial hasta el Hospital Comarcal d’Inca. Una vez en el centro hospitalario el paciente quedó ingresado en el área de psiquiatría.
Los dos jóvenes ambulancieros fueron sometidos a un exhaustivo examen médico y atendidos de las lesiones. Contusiones por distintas partes del cuerpo, fractura de la zona labial, policontusiones en la zona nasal y arañazos fueron algunas de las consecuencias del enfrentamiento.
Ramón, apunta: «Hace unos días vuestro periódico publicaba que a dos compañeros nuestros les habían dado una paliza en Palma. Estamos vendidos. Imagina cuando nos envían a las dos o las tres de la madrugada a cubrir servicios a fora vila. Nos metemos por caminos y zonas muy peligrosas y no sabemos que nos vamos a encontrar. Lo peor de todo es cuando tenemos que trasladar a enfermos psiquiátricos y lo hacemos sin protección alguna. El otro día llevé a una mujer al hospital y, nada más llegar, la emprendió a golpes con las enfermeras», finaliza.

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¿Dónde está el féretro?

¿Dónde está el féretro de Crisanto López? Esta es la incógnita que existe tras la misteriosa desaparición del cadáver del empresario de Cee del cementerio parroquial de Toba hace una semana, que Guardia Civil y juzgado de Corcubión tratan de resolver. Todavía no existe ninguna pista sobre su paradero y todos los indicios apuntan a que será muy difícil la resolución del caso. El cadáver y el ataúd fueron retirados del nicho pocas horas antes del día fijado para practicarle las pruebas de ADN solicitadas por su presunto hijo, Manuel Enrique Caamaño.
Lo único que parece claro es que los autores del robo no estaban interesados en que se realizasen esas pruebas, ya que está en juego una herencia millonaria que dejó el empresario tras su muerte. A las tres hijas reconocidas de Crisanto se une ahora un nuevo posible descendiente, por lo que el pastel toca a menos a cada parte.
De hecho, el abogado del demandante, Antonio Platas, no tiene ninguna duda en vincular los hechos con esa herencia debido a la coincidencia de los hechos. Tras años de litigio, la jueza Carmen Veiras aceptó la petición del demandante de las pruebas de ADN, puesto que las hijas del fallecido se negaron a realizar los análisis de sangre pedidos. El 20 de noviembre era el día señalado para la exhumación del cadáver y, ante la sorpresa de los presentes, el nicho estaba vacío y sin rastro de él.
La silicona que sellaba la tumba todavía estaba muy fresca y dentro también había flores que antes estaban fuera, y, seguramente, debido a las prisas por deshacerse del cuerpo, nadie se percató de ese pequeño detalle.
Ahora para la Guardia Civil y el juzgado corcubionés lo prioritario es encontrar el cuerpo y a los autores de la profanación de la tumba, que pueden enfrentarse a penas de más de cuatro años de prisión. Al delito de profanación, que está castigado con cárcel de tres a cinco meses, se añade el de obstrucción a la Justicia. En este caso, la pena oscila entre uno y cuatro años de privación de libertad. Una vez resuelto este asunto –si llega a hacerse– continuará el procedimiento civil para comprobar que Manuel Enrique Caamaño es hijo de Crisanto, que tampoco es tarea fácil. Si no aparece el cuerpo, el letrado volverá a solicitar las pruebas de sangre con las hijas legítimas y el juzgado tendrá que tomar una resolución sobre este caso insólito.
Para los que conocían al empresario y el demandante, la prueba de que son padre e hijo salta a la vista. Aseguran que el parecido entre ambos es impresionante, por lo que, a su juicio, ni siquiera sería necesario ningún tipo de prueba. Además, a pesar de que nunca lo reconoció como hijo, los dos mantenían una buena relación. Pero cuando falleció, como herederas legítimas sólo figuran las tres hijas que tuvo con su esposa y ahí empezó un litigio entre las dos partes.
En la pequeña parroquia de Toba, como en el resto de la comarca, todavía no dan crédito a lo sucedido. Nadie vio nada ni escuchó nada en los días previos a la desaparición del cadáver, aunque esto parece normal porque el camposanto se encuentra alejado de las viviendas. Sin embargo, los lugareños coinciden en que no es fácil desenterrar y enterrar a un muerto, y, sobre todo, sacarlo del cementerio. Algunos apuntan que puede encontrase en el mismo camposanto, pero en otro nicho, y otros creen que ahora sólo quedarán sus cenizas.

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Otra mas del Clan

La Policía está dispuesta a terminar con todos los tentáculos del clan de La Paca, la matriarca de Son Banya que está en prisión acusada de tráfico de droga. Los investigadores no sólo pretenden terminar con el negocio del narcotráfico, sino también desmontar el aparato de finanzas de este importante clan que controla el tráfico de drogas en el poblado.Hace pocas semanas el Grupo de Blanqueo de la Policía detuvo a una mujer, llamada Lourdes, que está considerada la contable de La Paca. Su detención no se practicó en Palma, sino en Valencia, donde parece que es el lugar de residencia de esta mujer.
Según señalaron fuentes próximas a la investigación, la citada Lourdes es una de las personas más próximas a la matriarca del clan de Son Banya. Hasta ahora no tenía ninguna causa pendiente por tráfico de drogas, ya que ella no participaría directamente en el negocio. Su papel se limitaría a blanquear las ganancias que se obtienen vendiendo droga en el poblado.Esta mujer, que ingresó en prisión pero que en la actualidad está en libertad tras pagar una elevada fianza, visitaba con frecuencia a Francisca Cortés Picazo en el centro penitenciario de Palma, donde lleva ingresada más de un año y medio. Se sospecha que en estos encuentros La Paca le habría dado órdenes a su contable para que distribuyera el dinero que habría ganado con el negocio.
La Policía ha localizado la adquisición de una serie de bienes inmobiliarios cuya compra la habría gestionado la citada Lourdes. Esta mujer habría comprado pisos y fincas por varias localidades de Mallorca. Fuentes policiales reconocieron que hay otros bienes comprados por orden de La Paca que todavía no se habrían localizado.Los especialistas en la lucha contra el tráfico de drogas de la Policía de Palma están convencidos de que Francisca Cortés Picazo sigue dirigiendo desde prisión el negocio ilegal que durante años ha mantenido en el poblado de Son Banya.
Su estancia en prisión, lógicamente, le limita sus movimientos, pero parece que aprovecha las visitas que recibe de las personas de máxima confianza para darles órdenes, tanto de la ubicación de los puntos de venta, como de la distribución de los beneficios del negocio.
Sin embargo, no le están saliendo muy bien las cosas a La Paca, ya que hace pocas semanas la Policía encontró el escondite, situado bajo la cimentación de un garaje, donde el clan guardaba casi cuatro millones de euros en metálico, así como varios kilos de joyas que se habrían aceptado a cambio de droga.Las fuerzas de seguridad llevan años sospechando de la participación de la citada Lourdes en los negocios de su amiga Francisca Cortés. Esta mujer residió en una vivienda de la barriada de La Soledat que hace algunos meses sufrió un robo.
Unos jóvenes entraron en la casa armados con picos para derribar las paredes, ya que creían que detrás de estos muros iban a encontrar una caja repleta de billetes. No fue así, porque no había dinero, y los ladrones tuvieron que huir, aunque ese mismo día fueron detenidos por la Policía. Lourdes dijo que la casa era suya, pero la Policía sabía que actuaba solo como testaferra, y que en realidad la vivienda era de La Paca.
En uno de los muebles aparecieron varias fotografías personales de la matriarca del poblado. En una de ellas, por ejemplo, salía retratada al lado de sus dos chimpancés.Esta nueva investigación por blanqueo de dinero sigue abierta y no se descarta que en breve la Policía pueda practicar nuevas detenciones.

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Fue atacada en su portal

El fiscal mantuvo la petición de un total de 22 años de prisión para Oldemar Segundo P.W. como autor de una violación, otra en grado de tentativa y una agresión sexual cometidas entre febrero y junio de 2008 en la capital vallisoletana al entender que durante la celebración de la vista oral del juicio ha quedado demostrado que es el responsable de los hechos delictivos que se le imputan.
En concreto, el representante del Ministerio Público alegó que no sólo las tres víctimas le identificaron en rueda de reconocimiento, sino que además, en la primera sesión del juicio, las tres volvieron a señalarle como el autor de los hechos, según informaron a Ical fuentes jurídicas.
El fiscal pide 12 años por el delito de violación a R.A.G., seis por otro de violación en grado de tentativa a G.F.D. y cuatro más por agresión sexual a N.G.C., además de la pena de 12 días de localización permanente por tres faltas de lesiones, ya que, presuntamente, agredió a las tres al abordarlas.
En cuanto a las indemnizaciones, para la última reclama la cantidad de 560 euros por las lesiones y 6.000 por los daños morales; para G.F.D., de 120 euros por lesiones y 9.000 por daños morales; y para la única víctima de la violación, R.A.G., de 2.029 y 15.000 euros.
Por su parte, la acusación particular que representa a R.A.G. también mantuvo su petición de 12 años de prisión por el delito de violación y los 12 días de localización permanente por la falta de lesiones y una indemnización que supera los 20.000 euros por los daños morales causados hacia la persona de su cliente.
Sin embargo, la defensa insistió en la petición de libre absolución para su cliente, un joven de 23 años con antecedentes por delitos sexuales y nacionalidad ecuatoriana, al considerar que el caso de la presunta violación fue en realidad una relación sexual consentida y rechazar la autoría de los otros dos delitos, tal y como declaró el propio Oldemar Segundo P.W. en la primera sesión de la vista oral.
En este sentido, los forenses ratificaron el informe de la exploración ginecológica realizado a R.A.G. que recoge que no había huellas, ni signos de violación en la víctima, según apuntaron estas mismas fuentes. Tampoco se hallaron restos de ADN del presunto violador en el cuerpo de la joven, aunque sí de la víctima, en el preservativo que llevaba en el bolsillo cuando fue detenido este joven y que supuestamente había utilizado para consumar el acto.
El juicio, que se ha celebrado a puerta cerrada en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valladolid, quedó visto para sentencia.

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Más poder a la policía

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció hoy una serie de iniciativas para darle mayor poder a la policía con miras a reducir los índices de delincuencia que golpean al mayor distrito de Argentina y que desataron una seguidilla de protestas.
El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, se mostró además a favor de endurecer las penas contra los delincuentes ante los 'asesinatos a mansalva' perpetrados en las últimas semanas.
Se necesitan 'leyes más rigurosas que se encuadren directamente en estas conductas que estamos viendo, sin precedentes' por parte de los delincuentes, dijo Scioli durante una rueda de prensa.
El ministro de Seguridad provincial, Carlos Stornelli, anunció el envío a la Legislatura de un proyecto de ley que dará más poder a la Policía bonaerense, la mayor fuerza de seguridad del país, con unos 55.000 miembros.
'Es una herramienta que permitirá redoblar los esfuerzos en la prevención, multiplicando las posibilidades logísticas y humanas. Le va a dar más poder a la policía, como nosotros queremos, que tengan más herramientas para este combate incesante contra el delito', remarcó Stornelli.
La iniciativa oficial permite la detención de personas en actitud de 'merodeo', 'ebriedad', por incentivar peleas en la vía pública, por tener la cara tapada o portar palos en manifestaciones callejeras, según medios locales.
El ministro anunció además la instalación de un nuevo grupo de elite de la fuerza policial en la zona norte del conurbano bonaerense.
Por su parte, Scioli reclamó la sanción del proyecto de ley que baja la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años, que fue aprobado por el Senado y se debe debatir aún en la Cámara de Diputados de la Nación.
La fuerza bonaerense se ganó el mote de 'maldita Policía' por los abusos y casos de corrupción en que han estado implicados sus agentes en los últimos años.
El año pasado, 579 policías fueron expulsados de 'la bonaerense', mientras que en el primer semestre de 2009 sumaron 201 cesados de la fuerza, que en junio pasado fue sometida a una nueva reforma que restableció las jerarquías de comisario mayor y comisario general en la fuerza.
La polémica sobre la inseguridad se recrudeció en los últimos días debido al asesinato de dos mujeres cuando eran robadas en el conurbano bonaerense, lo que desató varias protestas en reclamo de mayores medidas para combatir la inseguridad, que representa la principal preocupación de los argentinos, según las encuestas.
El 34,6 por ciento de 1.208 hogares encuestados en octubre pasado en los centros urbanos del país dijo que había sido0 blanco de algún delito en los últimos 12 meses, según el Índice de Victimización de la Universidad Torcuato Di Tella.
Además, el 17,4 por ciento de los entrevistados admitió haber sufrido un robo con violencia, en su mayoría, en Buenos Aires y sus alrededores.

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El kamikaze de Larios

La Fiscalía de Málaga pide 40 años de cárcel para el conductor que trató de atropellar a cinco personas en la calle Larios el 30 de agosto de 2008. Le acusan de cinco delitos de asesinato en grado de tentativa. Por cada uno de ellos se le solicitan ocho años de cárcel.
Según la calificación, A. B. M. (ex guardia civil), "consciente de lo que hacía y queriendo hacerlo, deseoso de su propia muerte y de la de otros", se dirigió a primera hora del 30 de agosto de 2008 desde Fuengirola hasta Málaga. "Tenía la idea de cruzarse por la autovía haciendo un trompo para que le golpearan los coches y así morir, pero no encontró ni la ocasión ni el valor para hacerlo", dice el fiscal.
Ya en la Alameda, pensó "en arrollar a policías con su vehículo, para que así le pegaran algunos tiros y le mataran, pero no los encontró". Al llegar a la calle Larios, lo vio claro: "Pensó en entrar en ella y atropellar a gente, y luego estrellarse con la última pared de la plaza de la Constitución", pero como la vía estaba bloqueada giró para la avenida de Andalucía buscando un agente, sin ver a ninguno.
Al final decidió entrar en la calle Larios, sabiendo que se trataba de una vía peatonal. A las 11.00 horas, la zona se hallaba repleta de gente "confiada en su seguridad". Desde el principio, continúa el ministerio público, quiso "atropellar sorpresivamente a todas aquellas que pudieran huir, asumiendo cualquier resultado que pudiera producirse, incluida su propia muerte".Una vez en la calle, aceleró, derrapó y, tomando velocidad, se dirigió hacia la plaza de la Constitución.
Arrolló, a la altura del BBVA, a un matrimonio de ancianos italianos que iba cogido de la mano. El marido salió disparado a la derecha y la mujer se elevó por los aires. Iba a 70 u 80 kilómetros por hora. Después, a la altura del hotel Larios, dirigió su coche contra una mujer en silla de ruedas, pero la esquivó y se lanzó contra una pareja alemana de mediana edad (iban con ellos los dos hijos). Alcanzó a la esposa, a la que levantó por los aires, cayendo ésta sobre el parabrisas del coche.
Aceleró y continuó hacia la plaza de la Constitución, atropellando a Encarnación G. C. y Antonio G. S. Dio la vuelta y volvió a la calle Larios, pero no pudo escapar al estar bloqueada la calle Martínez. Un camión de Limasa también le dificultó la huida. Dos agentes de policía que estaban fuera de servicio detuvieron al individuo en la rotonda del Marqués de Larios, evitando que fuera linchado por los ciudadanos.
Los afectados habrían muerto de no haber recibido una rápida asistencia sanitaria, y hoy en día dos de las heridas arrastran graves secuelas de salud. Una de ellas, la de nacionalidad alemana, ha perdido incluso facultades mentales.El hombre sufre un trastorno de la personalidad que propició su absolución en un caso del año 99. Se le aplicó la eximente de alteración psíquica por lesiones con arma de fuego.
Para no ir a la cárcel, debía someterse a un tratamiento. "Sin embargo, sabedor de su enfermedad, lo abandonó en septiembre de 2006, ocultándoselo al médico que le trataba, lo que pone de manifiesto su alta peligrosidad", afirma el fiscal. Para éste, su trastorno carece de relevancia penal.
Los informes psiquiátricos son contradictorios, por lo que la intención del fiscal de Seguridad Vial, Javier de Torres, es que en el juicio se establezca un debate sobre si el individuo era consciente o no de lo que hacía. En definitiva, sobre si es inimputable o no. Y, de no serlo, que la Sección Primera establezca qué medidas han de tomarse y por cuánto tiempo. Todo estriba en si se puede entender que el individuo, sabiendo que debía recibir tratamiento para no incurrir en hechos agresivos, lo dejó voluntariamente, por lo que, ´motu proprio´, se colocó en posición de cometer actos de naturaleza peligrosa.

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sábado 28 de noviembre de 2009

Una agresión que quedó en un beso

El Fiscal retiró ayer los cargos contra el acusado de agredir sexualmente a una joven que acababa de conocer y tras amenazarla presuntamente diciéndole: «lo único que quiero es comerte el pollo».
La acusación pública considera que no existen pruebas suficientes para considerar culpable a J. J. Q. R. del delito por el que fue denunciado, toda vez que no se detectaron rastros de ADN en la víctima, y habida cuenta de las contradicciones en que incurrió la mujer en su declaración en el juicio celebrado ayer a puerta cerrada en Oviedo.
La víctima declaró por videoconferencia, y reconoció que en el momento de los hechos estaba pasando por una depresión. Asimismo, admitió haber bebido a la par que se medicaba, motivo por el cual en la noche en que conoció al acusado y lo subió a su piso estaba «algo desinhibida», según señalaron fuentes cercanas al caso.
El acusado reiteró por su parte su inocencia. «Yo no hice nada de lo que se me acusa», indicaba momentos antes de la vista. Sí reconoció que acompañó a la joven a su casa, y que una vez allí, ella se le insinuó y la besó, pero negó que le hubiera practicado sexo oral.
La abogada del acusado, Patricia Sanz, que pidió la libre absolución para su cliente, destacó además el hecho de que el parte de lesiones fue posterior a los hechos, y que en un primer análisis ginecológico no se detectó rastro de agresión.
La mujer, por su parte, es asistida por una letrada del Centro de Ayuda a Víctimas de Agresión Sexual y Maltrato de Asturias, que mantiene la petición de dos años de cárcel para el acusado.

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Inmigración ilegal

Nuevo golpe policial a la inmigración ilegal en Asturias. El Cuerpo Nacional de Policía ha concluido la «Operación Fauno», una investigación contra la inmigración ilegal que se ha saldado con más de una decena de detenidos, según señalaron fuentes policiales, que no han ofrecido muchos más datos sobre los resultados.
El Delegado del Gobierno, Antonio Trevín, y el Jefe Superior de Policía, Baldomero Araújo, informarán más en profundidad de este importante operativo a mediodía de hoy.Entre los arrestados se encuentran varios ciudadanos españoles y senegaleses, según resaltaron fuentes de la Jefatura Superior de Policía.
Aunque la operación se desarrolló en varias provincias españolas, el grueso de las detenciones se practicó en la región.Es inevitable referirse al otro gran éxito de la policía asturiana en materia de inmigración ilegal. Se trata de la «Operación Dragón», que permitió la detención de una veintena de integrantes de una red de inmigración ilegal china que operaba tanto en Oviedo como en Gijón.Entre otros delitos, los miembros de la red recientemente desmantelada en Asturias habrían incurrido en fraude, como la trama de la «Operación Dragón», que se dedicaba a falsificar permisos de trabajo y cobraba a los inmigrantes ilegales cantidades importantes de dinero.
A los ahora detenidos se les imputan además, según fuentes policiales, delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal.La comunidad senegalesa de residentes en Asturias ha recibido con cierta preocupación la noticia de las detenciones practicadas por la Policía. Personas cercanas a este colectivo indicaron que los senegaleses que viven y trabajan en la región quieren desmarcarse de la forma más rotunda de este tipo de actividades que sólo perjudican su imagen y dificultan su futuro.
El fiscal pide penas que suman 114 años de cárcel para los 19 encausados de la «operación Dragón», a quienes se acusa de introducir en el país a 130 ciudadanos chinos a través de contratos de trabajo falsos con los que conseguían permisos de residencia. Entre los implicados hay ocho ciudadanos chinos, así como responsables de consultorías, gestorías y comercios de Oviedo y Gijón. La red cobraba a los ciudadanos chinos entre 2.000 y 4.000 euros. El juicio se celebrará próximamente en la Audiencia Provincial.

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Manifestación

Una manifestación recorrerá hoy el centro de Madrid para solicitar justicia para Juan José Sopuertas, el joven asesinado hace ayer un año en el barrio del Pilar, que murió tras recibir 29 puñaladas, y cuyo asesino confeso se encuentra en libertad provisional.
Los familiares y amigos de la víctima critican la decisión del juez que lleva el caso de decretar la salida de la cárcel a la espera de juicio de su supuesto asesino confeso, tras tres meses en prisión y tras el pago de una fianza de 20.000 euros, al considerar que no existe riesgo de fuga y no contar con antecedentes penales.
Los convocantes de la marcha recogen firmas en su página web para solicitar al Gobierno y a los partidos políticos que promuevan "de forma urgente" una iniciativa legislativa para la reforma del Código Penal por el endurecimiento y cumplimento íntegro de las penas para los culpables de asesinato, homicidio, violación y pederastas, así como para sus cómplices. Asimismo, piden un referéndum constitucional por la legalización de la cadena perpetua para asesinos y pederastas.
Según explicaron, el presunto homicida, P.M.N.P, declaró haber asestado 29 puñaladas a Juanjo, seis afectando a la cabeza y cuello, seccionándole parcialmente la yugular; doce entre el pecho y la espalda, afectando a corazón y pulmón; siete entre brazo y antebrazo; y cuatro en una mano con los dedos seccionados de coger el filo del cuchillo intentando defenderse.
Los allegados a la víctima consideran que se trata de un asesinato con ensañamiento y piden que el acusado debe ingresar a la cárcel "por se un peligro social y porque existe riesgo de fuga". La manifestación comenzará hoy a las 18 horas en la madrileña calle Preciados y finalizará a las 20 horas en la Plaza de Oriente.
El suceso tuvo lugar el 27 de noviembre de 2008 a las 9.15 horas en el número 5 de la madrileña Plaza de Verín, en el barrio del Pilar. La Policía encontró a la víctima en la cocina del domicilio, a otro hombre herido por arma blanca en el descansillo de la escalera y a otra persona, el presunto autor de los hechos, con un golpe en la cabeza y mordeduras en las manos, fruto de la violenta pelea.
En el interior del domicilio vivían el supuesto asesino, su pareja sentimental, de nacionalidad ecuatoriana, y una tercera persona. En cambio, la víctima vivía en Carabanchel.
Según el testimonio de vecinos del edificio donde transcurrieron los hechos, el supuesto asesino acudió al lugar y apuñaló a Juanjo "por celos" durante una pelea entre el novio del homicida y la víctima. Su agresor alegó que le clavó 29 puñaladas en defensa propia.

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Crimen y ficción

Dos ONG suizas acusan en un informe a los videojuegos bélicos de violar el Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos.
'TRIAL' y 'Pro Juventute' llegaron a esta conclusión tras analizar casi una veintena de juegos de esta temática. Aseguran que estos juegos envían el mensaje de que no hay límites ni en la guerra ni en las acciones contraterroristas. Un informe que acaba con el mito de que todo el mundo sabe distinguir la realidad del mundo virtual.
"Hay estudios psicológicos que muestran que no está tan claro esta distinción entre la realidad y el mundo virtual. Hay gente incapaz de distinguirlo", explica a swissinfo.ch, Elisabeth Baumgartner, dirigente de 'TRIAL'. No obstante, también hay estudios realizados con soldados en Irak que muestran lo contrario.
"Son juegos muy realistas, las armas que incluyen son, por ejemplo, las usadas por el Ejército de los Estados Unidos. Muchas veces los juegos se emplean para entrenar a soldados por su hiperrealismo y por eso pensamos que tienen que tener un límite".
Michael Marugg, experto jurídico de 'Pro Juventute' asegura a swissinfo.ch que el respeto a los derechos humanos generalmente no es una pauta o norma común en este tipo de videojuegos.
"Estos juegos son artículos muy accesibles, todo el mundo puede disponer de ellos con suma facilidad, pero sólo unos pocos de ellos introducen la posibilidad de cumplir los derechos humanos, con lo que se constata que, al menos en teoría, es posible incorporar normas que animen al jugador a respetar los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario", según Marugg.
Las violaciones más frecuentes afectan a los principios legales de distinción y proporcionalidad, que defienden a la población civil. Las leyes en tiempo de guerra se asientan sobre estos dos principios básicos.
En muchos casos aparecen torturas o ataques a inocentes o civiles. También se destaca la destrucción de propiedades civiles, daños a civiles no justificados por necesidades militares como ataques deliberados contra personas o lugares.
En algunos casos, se trata de edificios religiosos como mezquitas o iglesias. En los interrogatorios incluidos en los juegos, que en ocasiones finalizan con la ejecución de rehenes, el trato inhumano es frecuente.
El informe recomienda a los desarrolladores de juegos y productores que eviten construir escenarios que llevan con facilidad a violaciones de las reglas que imperan en los conflictos armados. Concluye que se debe luchar en este sentido para que los jugadores dispongan de una perspectiva más precisa, acorde con la legalidad y la realidad de los conflictos armados.
Los autores del estudio temen que los juegos creen en la gente ideas erróneas y conceptos falsos. "No queremos prohibir los juegos, sólo queremos mostrar las diferentes caras de la tecnología. Por supuesto que pretendemos impulsar el debate, y que sirva de punto de partida para que la gente reflexione", destaca Marugg.
Por ejemplo, se sugiere que en estos productos aparezcan los tribunales internacionales o el CICR.
Por su parte, Baumgartner, señala que estos juegos crean confusión en cuanto a la terminología y respecto a los términos jurídicos. "Bush declaró la 'Guerra contra el Terrorismo', pero eso en términos jurídicos no significa nada. No está claro si esta acción concreta la debe realizar la Policía o el Ejército, lo que aumenta la confusión ya que ambos actores están sujetos a distintas reglas".
"La Policía se somete a los derechos humanos mientras que los militares se rigen por el Derechos Internacional Humanitario. Las campañas contra los terroristas, por ejemplo, se producen en tiempos de paz, pero las efectúan los policías".
Algunos expertos cuestionan el informe y aseguran que el jugador distingue perfectamente entre la ficción y la realidad. Recuerdan que escenas de este tipo aparecen con frecuencia en el cine. Una opinión que no comparte Baumgartner.
"Es un rol diferente. Ver una película violenta es otra cosa. Con el juego, las personas deciden qué arma usar, si disparan por ejemplo a un civil, si matan o si someten a alguien a torturas. Por eso pensamos que los videojuegos son más graves que la películas", concluye Baumgartner.

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Secuestro exprés

Secuestro exprés en Vigo,cuatro encapuchados interceptaron y capturaron a la hija de un responsable de Astilleros MCíes el pasado jueves por la mañana, y la dejaron en libertad apenas 24 horas después en la autovía de O Salnés a la altura del municipio de Sanxenxo. La presión policial habría facilitado su liberación sin pago de rescate alguno.
La joven S. S., de unos 30 años e hija del administrador de Astilleros MCíes, aparcaba su vehículo como todos los días en las oficinas que la empresa tiene en Fragosiño y donde ella trabaja. Todavía no habían dado las 7 de la mañana cuando cuatro individuos, con el rostro cubierto, la interceptaron y la secuestraron mediante el uso de la fuerza.
Un testigo, que habría visto lo ocurrido, dio la voz de la alarma y la Policía Nacional comenzó la investigación para localizar a los secuestradores y liberar a la joven. Tras tenerla retenida 24 horas, la chica fue abandonada cerca de Sanxenxo sin que su familia llegara a pagar rescate alguno, según fuente policiales.La colaboración ciudadana también fue crucial para socorrer a la víctima.
Un conductor detectó a una joven que caminaba sola sobre las 6.60 de la madrugada de ayer por una calle de Sanxenxo y le llamó la atención su aspecto desorientado, por lo que alertó a la Guardia Civil.Una patrulla de la Benemérita de O Salnés se desplazó al punto que indicaba el particular y localizaron a la joven.
Al aproximarse los agentes, ella les manifestó que había secuestrada el día anterior, que la habían abandonado en la autovía do Salnés y que residía en Vigo, por lo que se avisó a su familia y a la Policía Nacional que ya se había hecho cargo de las investigaciones.Aunque apenas han trascendido datos de lo ocurrido para no dificultar el esclarecimiento de los hechos, la joven se encuentra en buen estado físico.
Los primeros indicios de la investigación apuntan a que los cuatro secuestradores forman parte de un grupo que actúa en Galicia e incluso podrían haber sido identificados, por lo que no se descartan detenciones.El secuestro exprés de esta joven coincide con el delicado momento que atraviesan los astilleros, ubicados en Teis. La dirección de MCíes, en concurso voluntario de acreedores desde finales de agosto, presentará esta semana un expediente de extinción de empleo para sus 77 empleados ante la falta de liquidez para abonar los salarios, según confirmaron ayer fuentes del comité de empresa.
El 60% de la plantilla tiene intención de reinvertir sus indemnizaciones en la constitución de una Sociedad Anónima Laboral (SAL) para adquirir las instalaciones del astillero de Teis y los buques en cartera, como adelantó FARO. Su intención es que la SAL alcance un capital social de 3 millones de euros, que garantizarían el remate y la entrega de los buques pendientes, ayudándoles a sanear el astillero vigués y evitando penalizaciones por retrasos.Los trabajadores han solicitado ayuda a la Xunta para que les apoye económicamente en la iniciativa de hacerse con el astillero.

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Taller de autodefensa

Cerca de 40 mujeres asisten en Palma a un taller de autodefensa para evitar situaciones de riesgo sin verse privadas de libertad, de forma que se les ha enseñado diferentes formas de defenderse de una posible agresión, sexual o doméstica, mediante la técnica del wen-don.
Esta actividad, a la que asistió la consellera insular de Juventud e Igualdad, Josefina Ramis, fue el último acto del programa 'Mujeres en Acción', que el Consell de Mallorca ha organizado este año, con motivo del Día Mundial contra la violencia hacia las mujeres.
Concretamente, la presidenta del consejo de participación de las mujeres de Baleares, Nina Parrón, ha sido la encargada de impartir este taller, durante el cual se ha hecho una demostración de lo que es la autodefensa.
Pese a que con este taller se pone punto y final al conjunto de actos que desde la institución insular se han organizado durante este mes, con motivo del Día Mundial contra la violencia hacia las mujeres, hasta el próximo lunes se podrá visitar en la capilla de la Misericordia la exposición fotográfica 'Ruta Pacífica de las mujeres colombianas', que se inauguró el pasado 10 de noviembre.
Así, La Ruta Pacífica de Mujeres colombianas es un movimiento feminista y pacifista, que busca una alternativa pacífica a los conflictos armados, principalmente el de Colombia.
Respecto a los actos celebrados por el Consell en el marco de 'Mujeres en acción', destacó una obra de teatro-foro, titulada 'Lara en el círculo', que el pasado lunes representó el grupo Teatraviesas con el propósito de "hacer reflexionar al público sobre los estereotipos actuales y las diferentes situaciones que viven mujeres y hombres por cuestión de género y pensar en posibles soluciones, especialmente, con respecto a la violencia de género".
Finalmente, ayer Emilio Ginés, miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo General de la Abogacía Española y del Subcomité de Prevención de la Tortura de Naciones Unidas y abogado español que representó a las familias de las víctimas ante la Corte Interamericana en el denominado caso del Campo Algodonero, y Marisela Ortiz, presidenta de la asociación Nuestras Hijas de Regreso a Casa, pronunciaron una conferencia sobre 'Los feminicidios en Ciudad Juárez', durante la cual denunciaron "los centenares de asesinatos de mujeres que se producen en este lugar mexicano de manera impune desde 1993".

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"Libre y voluntariamente"

La Audiencia Provincial ha absuelto al gerente y dos empleados del club de alterne 'El Dragón Rojo' de El Ejido (Almería) al considerar que, pese a que se lucraban del ejercicio de la prostitución por parte de una veintena de mujeres extranjeras en el establecimiento, su condición de mayores de edad y la ausencia de situación "coacción, violencia, abuso de superioridad, vulnerabilidad o necesidad" hace que no "se cumplan los requisitos exigidos" para que el beneficio económico "sea por si solo constitutivo de delito".
La sentencia dictada por la Sección Tercera, a la que tuvo acceso Europa Press, alude en el apartado de fundamentos de derecho a que la "variedad introducida" en el artículo 188.1 del Código Penal es "interpretada" por los distintos órganos jurisdiccionales "de modo muy diferente y a veces contradictorio" y opta por atender a la doctrina del Tribunal Supremo (TS) que entiende que "no toda prostitución se convierte por si sola en delito" ya que "requiere mayor gravedad en los términos".
Señala, en esta línea, que ha quedado "demostrado" tras las pruebas practicadas durante la vista oral celebrada el pasado día 14 que las mujeres ejercían la prostitución "de forma libre y voluntaria" por lo que "no existe un ataque a la dignidad humana o a su libertad sexual" si bien ellas reconocieron ante la sala que mantenían relaciones sexuales en el club 'El Dragón Rojo' y que recibían parte de las ganancias mientras que el resto se lo quedaba el club y su gerente, E.M.L.G, natural de Madrid y de 32 años de edad.
Sería preciso pues, según ahonda el fallo, que más allá de las ganancias obtenidas por los acusados se tratase de "un beneficio económico directo íntimamente ligado a la práctica de la prostitución". Los tres hombres, dos de ellos hermanos entre sí, aseguraron ante el tribunal que en el local sólo servían consumiciones aunque, de las escuchas telefónicas que se autorizó por orden judicial a la Policía Nacional, se desprende que prestaban tres estancias del club para prácticas sexuales retribuidas y que se quedaban con una parte del importe en una proporción de 30 a diez.
La sentencia recoge como probado que, al menos desde mayo de 2006, en el establecimiento ubicado en la carretera de Matagorda a Guardias Viejas, E.M.L.G. como regente, cobraba los servicios y al final de la jornada daba a las mujeres una parte de lo ganado. Su hermano, de 26 años, era el encargado de trasladar en furgoneta a éstas desde sus domicilios en municipios cercanos hasta el club, donde permanecían de 21,00 a 05,00 horas, para después llevarlas de nuevo hasta su casa. El tercer acusado, un hombre 42 y nacionalidad dominicana, ejercía labores de portero y colaboraba en el transporte de las chicas.
Una vez en 'El Dragón Rojo', para el que el fallo ordena se levante el precinto, solían alternar con los clientes con consumo de bebidas bien en la barra, bien en reservados y prestaban de "forma voluntaria" servicios sexuales en tres habitaciones por los que cobraban 40 euros por media hora aunque el precio "variaba según el tipo de servicio y estancia utilizada".

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Subasta para menores

La discoteca 'Granada 10' ha decidido no recurrir el expediente que le ha abierto el Ayuntamiento de Granada por la organización el pasado 25 de abril de una fiesta para menores en la que se pudo pujar por chicas solteras con billetes de 'Monopoly', actividad que desarrolló sin licencia, según el área municipal de Medio Ambiente.
'Acatamos y admitimos la sanción económica', indicó el abogado del establecimiento, José Luis López Cantal. La discoteca tendrá que hacer frente por haber cometido una infracción 'grave' al pago de una multa que, según informaron fuentes del Consistorio, se sitúa entre los 3.000 y 15.000 euros, en función de sí es reincidente o no y si concurren circunstancias agravantes.
En el expediente abierto se considera demostrado que en la fiesta participaron menores, sin que 'Granada 10' contara con la licencia para ello, y se señala como posibles responsables a los organizadores y también al titular de la discoteca, con el que tenían 'un acuerdo verbal' por el que el establecimiento 'obtenía una comisión' a cambio de ceder sus instalaciones.
El pasado mes de julio ya se reunió la comisión técnica constituida por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), el Gobierno andaluz, la Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento de la capital para analizar el informe que le remitió la Fiscalía de Menores, que no vio delito en la celebración de esta fiesta, aunque consideró que podría incurrir en sanciones administrativas.
Entonces, ya se apuntaba como posibilidad que la discoteca podría enfrentarse al pago de una multa por una infracción grave tipificada en la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades recreativas. De hecho, la comisión consideró que a la fiesta pudieron entrar menores de 16 años sin que el local contará con la licencia para ello, por lo que solicitó por escrito a la Fiscalía de Menores que le trasladase toda la información que poseyera sobre este asunto para poder iniciar el procedimiento sancionador, del que era competente el Ayuntamiento de Granada.
Los miembros de la comisión coincidieron en condenar la celebración de este tipo de fiestas y destacaron la importancia de que la ciudadanía informe de su existencia a fin de evitar que se lleven a cabo.
En este sentido, la comisión apostó por la puesta en marcha de medidas preventivas y acordó estudiar fórmulas para instar a los órganos legislativos a tipificar este tipo de actuaciones.
El asunto fue descubierto durante la celebración de un taller de igualdad en un instituto de la capital, en el que fue precisamente un joven el que mostró a la monitora uno de los folletos publicitarios de esta fiesta, que se celebró el pasado 25 de abril.
En ese folleto se decía :'¡Se subastan solteras! A todos los chicos que entren en la fiesta se les dará junto con la entrada dinero del 'Monopoly' (cuanto antes llegue, más dinero). Sobre las 20,30 horas subirán a la tarima varias solteras de oro. El DJ las presentará y las someterá a diversas pruebas (bailoteo, minidesfile) para que los chicos del público las conozcan. Después de esto comenzará la subasta y el chico que más dinero del 'Monopoly' ofrezca por la soltera que le guste conseguirá a la chica y a ambos se les invitará a un refresco en el palco VIP para que se conozcan'.
La Sección de Menores de la Fiscalía Provincial de Granada abrió diligencias de oficio para investigar este asunto, en el que finalmente no vio delito, aunque la calificó de 'deplorable, denigrante, sexista y totalmente criticable' y abrió la puerta a la vía administrativa.

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Denunciar una violación, aunque sea un invento

La Audiencia de Sevilla ha rechazado la demanda de un hombre que fue acusado por su ex compañera de abusar sexualmente de la hija común, pues aunque hay "indicios" de que todo fue un "invento y manipulación" de la madre, es superior su obligación de tutelar a la menor de cualquier ataque.
La Sección Octava de la Audiencia, en una sentencia a la que ha tenido acceso Efe, rechaza la demanda de protección al honor presentada por D.C.C., quien reclamó ser indemnizado por su ex pareja E.G.S. como responsable de una denuncia de abuso sexual de su hija, entonces de 5 años, que presentó en el marco de su conflicto familiar de separación.
Dice la sentencia que ha quedado totalmente descartada la existencia de abusos, pero en cambio no hay "prueba terminante" de que la madre de la menor denunciara el caso a sabiendas de su falsedad y "con un interés espurio".
Existen "indicios" de que E.G.S. pudo actuar de una manera "torticera" y de que todo fuese "un invento y manipulación de la menor" por su parte, pero ante la duda los jueces consideran que es superior "el derecho y deber de protección" que tienen los padres de defender a los menores ante sospechas de ataques sexuales de sus propios progenitores.
La mujer llevó a su hija al hospital con la sospecha de abusos sexuales, lo que hizo que los médicos pusieran en marcha el mecanismo de la Justicia, aunque posteriormente la causa quedó archivada por falta de pruebas.
Entre los indicios contra la mujer, dicen los jueces que ocultó deliberadamente su denuncia previa contra su anterior pareja y padre de su hija mayor y que existen sospechas de que pudo presentar la denuncia "para obstaculizar las visitas del denunciado a su hija".
El padre ha dicho que la denuncia surtió efecto pues lleva nueve meses sin ver a su hija, ahora de 6 años, aunque lo hace por propia iniciativa por su temor a ser denunciado de nuevo, ya que el juez nunca llegó a adoptar ninguna medida contra él.
El afectado ha manifestado que se propone denunciar a su ex pareja por un delito de denuncia falsa, como le sugiere la Audiencia.
En su sentencia, los jueces reconocen que una acusación de abusar de la propia hija es vista en la sociedad actual como un hecho "repugnante", una "actuación horrenda y merecedora del mayor reproche" que deja a quien es denunciado "estigmatizado para siempre".
"Imputar este tipo de conductas a sabiendas de que son falsas sin el menor escrúpulo atenta claramente contra el honor, la propia estima y la consideración debida por los demás", dice la sentencia, aunque añade que cuando el derecho al honor colisiona jurídicamente con el deber de proteger al menor, prima la obligación de tutelar a los hijos.
No obstante, en el caso de D.C.C., la Audiencia considera que los indicios de falsedad de la denuncia y las dudas sobre la actuación de la madre "deben tener la consecuencia", al menos, de que el interesado no pague las costas del juicio, tanto en primera instancia como ahora en la apelación ante la Audiencia, que por lo tanto la sentencia deja sin efecto.

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Tres muertos en Sant Boi de Llobregat


Una disputa entre dos familias de etnia gitana de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) ha acabado hoy con tres hombres muertos después de que se enzarzaran esta pasada madrugada en una reyerta en plena calle con armas blancas y de fuego.
Los hechos ocurrieron sobre las 20:30 horas de ayer dia 27 en el barrio de Camps Blancs de Sant Boi, población del área metropolitana de Barcelona, donde dos miembros de una familia, un padre y un hijo de unos 50 y 35 años, respectivamente, se enfrentaron a otro hombre, de 39 años.
El enfrentamiento que empezó como una discusión acabó de manera violenta cuando, al parecer, Manuel H.S. sacó una pistola con la que disparó contra los otros dos, que fallecieron en el acto.
Manuel H.S., que resultó herido de arma blanca, fue detenido poco después por los Mossos d'Esquadra en la vecina población de Viladecans y fue ingresado en un centro sanitario para recibir atención médica.
A última hora de esta tarde, los Mossos d'Esquadra han informado de que el hombre ha fallecido como consecuencia de estas heridas en el centros donde estaba hospitalizado.
Fuentes de los vecinos del barrio donde ha tenido lugar el suceso han asegurado a los medios de comunicación que los tres hombres que se han enfrentado a tiros mantenían una disputa familiar desde hacía un tiempo, al parecer, por un asunto sentimental.
La policía autonómica, que mantiene abierta la investigación, no descarta que puedan producirse nuevas detenciones si se llega a la conclusión de que otras personas pudieran haber intervenido en los hechos.

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Barça-Real Madrid

Efectivos de la Guardia Civil han detenido a un ciudadano chileno, vecino de Barcelona, como presunto autor de un delito de falsificación al contar con 189 entradas falsificadas del partido de fútbol que enfrentará mañana al Barça contra el Real Madrid.
Según un comunicado hecho público hoy por el Cuerpo Nacional de la Policía, que colaboró en la operación, las entradas fueron detectadas ayer en el barcelonés aeropuerto de El Prat, en un paquete postal que había llegado vía aérea desde Chile.
El valor de las entradas a precio de taquilla hubiera alcanzado un valor superior a los 14.000 euros.
La policía también ha informado de que el hombre detenido ha sido puesto hoy a disposición judicial.
Durante el día de ayer, los Mossos, a petición del club azulgrana, también actuaron para acabar con una red que operaba desde un hotel barcelonés comprando entradas para el clásico a un precio muy superior al oficial.

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Piden dos años

El fiscal solicita una pena de dos años de cárcel para un joven al que acusa de haber entrado repetidas veces en el domicilio de su ex pareja, sin consentimiento de ésta, de haberle revuelto fotos y objetos y de haberle agujereado varios preservativos.
Los hechos se remontan a 2004, cuando David y Eva iniciaron una relación sentimental y, aunque nunca compartieron vivienda, el chico consiguió una copia de las llaves del piso donde la joven vivía en Vidreres (Girona), junto a su madre.
La relación no duró mucho, ya que las desavenencias entre la pareja hicieron que a mediados del 2005 cortaran su relación.
Según las calificaciones del ministerio fiscal, en las que no se concreta exactamente las fechas en las que el denunciado habría entrado sin permiso en la vivienda, hay pruebas que indican que estas entradas se produjeron entre el mes de septiembre y el 8 de octubre del 2005.
Según el fiscal, una vez dentro del piso se dedicaba a revolver objetos y descolocar fotografías, e incluso habría llegado a agujerearle los preservativos.
Al sospechar que en su casa estaba pasando algo raro, la joven decidió cambiar la cerradura de la puerta, pero esto tampoco frenó las intenciones del acusado ya que, según la acusación, consiguió volver a entrar en el piso a través de una ventana entreabierta.
Ante esta situación, la chica finalmente decidió denunciar los hechos y presentó una denuncia ante los Mossos d'Esquadra.
El acusado se enfrenta a una pena de dos años y medio de prisión por un delito de allanamiento de morada continuado, con el agravante de parentesco por la relación sentimental que mantuvo con la víctima.
El fiscal recoge en su escrito que el procedimiento se inició en octubre de 2005, pero admite que se ha alargado de forma desmesurada sin que el acusado haya tenido culpa de ello, por lo que le ha aplicado una circunstancia atenuante de dilaciones indebidas y rebaja la petición de pena de dos años y medio a dos años.
Por su parte, el acusado ha negado totalmente los hechos de que le acusa el fiscal y mantiene que nunca entró en casa de su ex novia.
El abogado del denunciado, Oscar Ballester, ha apuntado que 'lo único que hay es la declaración de uno contra otro', y ha asegurado que no hay huellas dactilares que demuestren que el joven hubiera entrado en la casa ni que agujereara los preservativos.

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En libertad

El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Arona ha puesto esta tarde en libertad sin cargos al hombre detenido como presunto autor de las lesiones a la niña de tres años que falleció el pasado jueves en un centro hospitalario de Tenerife, informaron fuentes judiciales.
El auto judicial que pone en libertad al acusado afirma que la muerte de la niña se pudo producir, según los informes forenses, por un golpe que se produjo en una caída accidental ocurrida cinco o seis días antes de su fallecimiento.
El hombre, de 25 años, natural de Madrid y compañero sentimental de la madre, permanecía detenido desde la noche del pasado miércoles cuando llevó a la menor, que presentaba problemas respiratorios, a un centro de salud del sur de Tenerife.
Sobre el fallecimiento de la niña, el auto señala que, de acuerdo a los informes forenses, la niña murió a consecuencia de un golpe que recibió el 21 de noviembre al caerse en una zona infantil de la urbanización en la que residía.
Ese mismo día, el compañero sentimental de la madre la llevó a urgencias pero en ese momento solo le apreció un traumatismo nasal.
El auto alude a varios testigos, entre ellos la madre de la niña y su profesora, que ratifican la declaración del detenido que manifestó que el golpe que presentaba la niña se produjo al caer de un columpio.
Los informes forenses indican que las lesiones que presentaba el cadáver de la niña 'son enteramente compatibles con haberse producido por una caída presumiblemente accidental, de una antigüedad aproximada de unos 5-6 días'
Por lo que respecta a las supuestas quemaduras, el auto indica que las lesiones observadas no tienen características similares a unas quemaduras y su origen se le atribuye, entre otras causas, a un cuadro alérgico.
Por lo que respecta a las lesiones externas e internas que presentaba el cuerpo de la menor, el informe médico forense indica que son totalmente compatibles con maniobras repetidas de reanimación', y en cuanto al desgarro del meso intestinal, señala que no se puede descartar que se haya producido durante la manipulación quirúrgica del intestino.
Agrega que el cuerpo de la menor no presentaba ningún tipo de hematoma ni en los músculos torácicos intercostales ni fracturas costales, así como tampoco se observaron hematomas en los músculos de la pared abdominal.
También se descarta que la niña sufriera agresiones sexuales, tal y como al parecer se indicaba en un primer informe médico.

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miércoles 25 de noviembre de 2009

Mi padre es un asesino

¿Qué sentiría usted si se enterase de que su padre biológico es uno de los asesinos en serie más famosos de la historia? «Fue como descubrir que tu padre es Adolf Hitler», explicó Matthew Roberts al diario británico 'The Sun' cuando averiguó que es el hijo de Charles Manson.
Roberts, un pinchadiscos de Los Ángeles de 41 años, decidió buscar a sus padres biológicos hace 12. Pensaba que encontrar a su familia le ayudaría a entender qué le ha hecho ser el hombre que es. A través de los servicios sociales estadounidenses, consiguió localizar a su madre, Terry, en Winsconsin. Ella en seguida confirmó su identidad y hasta explicó a Roberts que al nacer le puso el nombre de Lawrence Alexander. Sin embargo, rehusó darle su verdadero apellido y se negaba a hablarle de su padre. Roberts presionó a la mujer hasta que ella le desveló que era hijo del asesino en serie Charles Manson.
Tras conocer el secreto, el Dj cayó en una profunda depresión. «No me lo podía creer, estaba enfadado y asustado». Roberts se considera pacifista y seguidor de Ghandi: «Soy una persona nada violenta. Soy vegetariano. ¡Ni siquiera puedo hacer daño a los bichos!».
Manson, que ahora tiene 75 años, cumple condena a perpetuidad en la prisión estatal de Corcoran, California, por nueve asesinatos que cometió junto a su secta satánica, 'La Familia', durante el verano de 1969. Entre sus víctimas se encontraba la actriz Sharon Tate, esposa de Roman Polansky, que sufrió una muerte horrible: a pesar de que estaba embarazada de ocho meses, el grupo de Manson le amputó salvajemente los senos y la dejó morir desangrada.
Terry contó a Roberts que conoció a su padre en 1967. Le encontraba «carismático e hipnotizador». Por eso se unió a su grupo hasta que una noche, «durante una orgía de drogas» en San Francisco, Manson la violó. Terry siempre había sospechado que el bebé que entregó en adopción nació de esa relación y, al ver a su hijo, sus peores pesadillas se vieron confirmadas. Roberts es la viva imagen de su padre. Tiene sus mismos ojos y nariz, e incluso la forma de sus cejas son clavadas. «Es algo triste y que asusta», dice Roberts. Tienen otras cosas en común: ambos son compositores y poetas. Por esta razón, a Roberts le preocupa haber heredado, quizás también, la «esquizofrenia de Mason».
Después de conocer la verdad, a Roberts le llevó un tiempo atreverse a escribir a su padre a la cárcel. Cuando por fin lo hizo, Manson respondió a sus cartas, y Roberts ahora tiene una decena de misivas y postales escritas del puño y letra del asesino. Siempre las firma con una esvástica nazi, como la que se tatuó en la frente. En las cartas, además de decir algunas «cosas sin sentido», Manson recuerda a Terry y admite su posible paternidad. En una de ellas, incluso escribió: «La verdad es la verdad. La verdad duele».
A pesar de los crímenes que cometió Manson, su hijo confiesa que le provoca sentimientos encontrados. «Es mi padre biológico y no puedo evitar sentir algún tipo de conexión emocional con él. Eso es lo más duro de todo, querer a un monstruo que violó a tu madre».

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Un cadáver desaparece de su tumba


El cadáver del ex empresario Crisanto López, que murió hace dos años, ha desaparecido de su tumba del cementerio de la localidad coruñesa de Cee cuando iba a ser exhumado para un análisis de ADN necesario para repartir su millonaria herencia, ya que ha aparecido un presunto hijo bastardo reclamando su parte.
Por ello se cree que alguien lo ha escondido para evitarlo.
López murió hace dos años, dejando una gran herencia a su mujer y sus tres hijas. Sin embargo, Manuel, un supuesto hijo bastardo, se presentó para reclamar su parte.
Era conocida en este pueblo de la Costa da Morte la relación de Crisanto con este supuesto hijo, aunque nunca lo reconoció como tal. Y tras la muerte, Manuel exigió la realización de una prueba de ADN para comprobar el parentesco.
Pero cuando acudieron al cementerio a exhumar el cadáver, se percataron de que el cuerpo había desaparecido y dentro de la tumba sólo quedaban restos de flores secas.

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Detenidos tres adolescentes

Tres adolescentes, dos de ellos de nacionalidad marroquí y el tercero de origen rumano, han sido detenidos por la policía acusados de violar a una chica menor de edad en Mallorca. También se ha detenido a otros dos adolescentes, uno de ellos menor, no por violación sino por no haber evitado la agresión sexual que se perpetró el pasado sábado por la tarde en una zona de rocas del Moll Vell de Palma, según informaron ayer fuentes policiales.
La menor, de 15 años, se encontró con los cinco chicos en la zona de la plaza España. A la mayoría los conocía porque había coincidido con ellos en un centro de menores de la Part Forana. La víctima explicó que los adolescentes le propusieron que fuera con ellos porque habían comprado hachís y podrían invitarla a fumar porros.
La menor aceptó la invitación. Los chicos buscaron un lugar apartado donde poder fumar tranquilamente y decidieron ir hacia una zona de rocas situada junto al paseo marítimo de Palma de Mallorca. Durante la tarde, cuando ya empezaba a anochecer, liaron varios porros y se los fueron pasando entre ellos. La chica reconoce que fumó y que la droga no le sentó bien. El efecto de la droga la dejó algo adormecida.
Dos de los adolescentes se marcharon. En concreto se trataba del chico de 19 años y de uno de los menores. Tres de los chicos se quedaron con la menor y le ofrecieron mantener relaciones sexuales. Ella mantiene que no aceptó la propuesta, pero que sus acompañantes no se dieron por vencidos al escuchar sus palabras.
Afirma que de pronto uno de ellos la agarró por la espalda, mientras que otro de sus amigos le quitaba los pantalones y la penetraba. Después fueron repitiendo la escena hasta que los otros dos chicos mantuvieron relaciones sexuales con la denunciante. La menor reconoce que no gritó ni tuvo fuerzas para resistirse porque no se encontraba en condiciones físicas para ello. El consumo de droga le había sentado mal y no le permitía ofrecer resistencia.
Sin embargo, asegura que les comunicó a sus acompañantes que no tenía deseos de mantener relaciones sexuales con ellos. Una vez ya consumada la violación la menor se marchó del lugar y se dirigió a un bar de la Avenida Antoni Maura para pedir ayuda. Desde este local se avisó a la policía.
Varios grupos de investigación se movilizaron para dar respuesta al grave delito que se había cometido. Fue la menor quien detalló que los agresores no eran desconocidos. A la mayoría los conocía porque había coincidido con ellos en un centro de menores de la Part Forana y señaló que mantenía una buena relación de amistad con alguno de ellos. Mientras la policía buscaba a los sospechosos, la denunciante fue llevada a un hospital para que le realizaran un examen médico. El facultativo no apreció ningún tipo de lesión física.
Ella lo explicó diciendo que al darse cuenta que la agarraban por los brazos y por la espalda no pudo resistirse, y de ahí que no tuviera lesiones. La policía temía que los chicos intentarían regresar al centro. Por ello una patrulla acudió a la estación del tren y allí se les localizó. Los tres chicos reconocieron que tuvieron relaciones con la menor, pero aseguran que fueron por consentimiento de la chica sin que fuera necesario usar la fuerza.
El juzgado de menores de Palma decretó el ingreso en el centro de Es Pinaret de los cuatro adolescentes detenidos. Este ingreso es preventivo hasta que se celebre el juicio. De momento, tres de los menores detenidos están acusados de ser autores materiales de la agresión y el cuarto no habría participado, pero habría estado presente y no lo evitó. El mayor de edad, amigo de los anteriores, que también fue detenido, quedó en libertad tras prestar declaración el pasado lunes en el juzgado de guardia. El joven, de 19 años de edad, negó su intervención en la agresión sexual. La víctima no le acusa, pero también afirma que formaba parte del grupo.

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La ONU acusa a dos españoles

Un informe de la ONU acusa dos activistas españoles de ofrecer apoyo "financiero, político y logístico" a una guerrilla hutu de la República Democrática del Congo supuesta autora de diversos crímenes de guerra en el país africano.
El texto del Grupo de Expertos de la República Democrática del Congo - que se debatirá hoy miércoles- asegura que tanto Joan Casòliva, presidente de la organización Amigos del Pueblo de Ruanda, como Joan Carrero, presidente de la Fundación SOlivar, han financiado a través de sus organizaciones a esta guerrilla, conocida como el Frente Democrático par la Liberación de Ruanda, según informa el diario Público. En este sentido, los rebeldes hutus, refugiados en el este de la RDC desde el genocidio perpetrado en 1994 contra la minoría tutsi de Ruanda, se agruparon en 2000 en las FDLR, de las que cierto número de miembros participaron en las masacres.
Una denuncia que apoyan en correos electrónicos, conversaciones telefónicas, transferencias de dinero e incluso en el registro de entradas en el país. Así, aseguran que en julio pasado Casòliva visitó el país africano para reunirse con dos miembros de la guerrilla.
Pero el español ya lo ha negado y asegurado que en esa visita sólo se reunió con una amiga de hace tiempo. "Es absolutamente falso. No conozco a nadie del FDLR. Nos atacan porque quieren ir contra la querella que hay en la Audiencia Nacional", ha asegurado al medio citado en referencia a la querella que su organización impulsó en la Audiencia contra varias decenas de funcionarios del régimen ruandés.
Casòliva ha admitido sin embargo financiar la causa congoleña, aunque no a los hutu. Asegura que entrega cantidades regulares a una ONG que decide con autonomía a quien ayudar con ellas. Pero "son personas de confianza", dice, para añadir que no cree que financien a lso supuestos autores de crímenes de guerra y opositores al régimen de Kigali.
Este informe se conoce un día después de que la Corte Penal Internacional abriese un juicio a los congoleños Germain Katanga y Mahieu Ngudjolo Chui, entre otros cargos, por el asesinato de civiles en 2003 en la localidad de Bogoro, al este de la República Democrática de Congo (RDC).
El de Katanga y Chui es el segundo juicio que celebra la CPI, que se erigió en La Haya en 2002 como primera corte internacional permanente para juzgar crímenes de guerra y lesa humanidad, entre ellos genocidio. El primer proceso, todavía en marcha, es el del congoleño Thomas Lubanga, inculpado del reclutamiento de niños soldados en la RDC.

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Video manipulado

La Fiscalía ha archivado la investigación por falso testimonio que abrió a una testigo de cargo del juicio en el que tres mossos d'esquadra fueron condenados por torturas, al concluir que el vídeo que presentó una agencia de detectives para demostrar que había mentido estaba manipulado.
En su escrito, el ministerio público mantiene que el vídeo aportado no cuestiona la credibilidad de la testigo, Ana María M., quien, en su opinión, fue víctima de "una celada" tendida por un detective infiltrado de la agencia Método 3 con la excusa de hacerle testificar falsamente en un juicio que los propios investigadores habían inventado.
Por encargo de los agentes condenados, la agencia Método 3 aportó a la Fiscalía una grabación oculta de la entrevista que la testigo mantuvo con el detective infiltrado para tratar de demostrar que la mujer, testimonio esencial en el juicio por el que fueron condenados tres policías autonómicos, habría mentido en el proceso.
El ministerio público abrió diligencias a raíz de la grabación, efectuada el pasado día 6, ante la inminencia de la vista que el próximo 25 de noviembre se celebrará en el Tribunal Supremo para revisar la condena de seis años y medio de cárcel a tres mossos, la mayor dictada hasta ahora contra policías autonómicos, por torturar a un detenido.
El objetivo de la grabación, concluye la fiscalía, era obtener información de la testigo sobre la declaración que hizo en su día en el juicio, "entrelazando ambas testificales, la real y la tramada", para confundirlas y cuestionar su credibilidad. No obstante, según el ministerio público, en el vídeo la mujer manifiesta "de forma contundente" en varias ocasiones que el día del juicio "declaró lo que vio, narrando al menos en dos ocasiones de una forma detallada los pormenores de la detención de su vecino y de su novia".
Pero esas rotundas manifestaciones -"dije lo que vi, exactamente lo que vi", asegura la testigo-, "no se recogieron en el CD resumen de la entrevista de 18 minutos y 35 segundos remitida a esta Fiscalía", lamenta el ministerio público en su escrito.
Para la acusación pública, es "muy censurable" que la mujer aceptara los 500 euros que le entregó el detective a cambio de que testificara falsamente en otro supuesto juicio contra los agentes de la autoridad, pero ello "no debe incidir en la credibilidad de la testigo" en lo que respecta a sus anteriores declaraciones ni supone ningún ilícito penal.
Además, recalca la Fiscalía, no está probado que la mujer acabara aceptando los 500 euros que le entregó el detective porque, según lo declarado por ella, los devolvió al serle solicitado el billete a la salida del despacho, "por tanto, una vez se había grabado ya la imagen".
El escrito del ministerio público considera también "cuando menos sorprendente e inusual en este sector profesional conocido por sus altas tarifas" que los detectives renunciaran a sus honorarios por la investigación que le encargaron los agentes y también que en el detalle de gastos del caso aportado no incluyeran los 500 euros ofrecidos a la testigo cuestionada.Y eso teniendo en cuenta, argumenta la Fiscalía, que el "detective infiltrado" tuvo que alquilar una habitación entre los días 26 de octubre y 10 de noviembre de 2009 para ganarse la confianza de la testigo y que se dedicaron más de 45 horas de investigación sólo a la grabación, lo que debió suponer "un importante dispendio a Método 3".

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Busqueda en el vertedero

Los Mossos d'Esquadra buscan en el vertedero de Mataró a una joven de 20 años desaparecida en Pineda la semana pasada cuyo novio, detenido en Rumanía, habría confesado haberla asesinado. Tras la confesión del detenido, los agentes barajan la hipótesis de que fuera arrojada en un contenedor. Por ello, fuentes municipales confirmaron que se ha precintado el vehículo de recogida de basura que realizó la ruta en esa zona la semana pasada en busca de pruebas y que se ha dado orden de detener la quema de basura procedente de este municipio en la incineradora, situada en la capital de la comarca del Meresme.
Fuentes policiales han confirmado que la joven, de nacionalidad rumana, desapareció la semana pasada y habría sido presuntamente asesinada por su pareja, un hombre de la misma nacionalidad, que ya ha sido detenido en Rumanía y que habría confesado el crimen, según publica hoy el diario El Punt.
Los familiares de la joven denunciaron su desaparición a mediados de la semana pasada y desde entonces los Mossos investigan su paradero, si bien no han facilitado ningún detalle más del caso puesto que el juez ha decretado el secreto de sumario.
Según el citado rotativo, el detenido habría explicado a los agentes que había apuñalado a la chica en su piso en la calle Santiago Rusiñol de Pineda de Mar y que se deshizo del cuerpo tirándolo en un contenedor próximo.Los agentes de la unidad científica de la policía autonómica también han recogido muestras de sangre humana de las paredes del edificio donde sucedieron los hecho y de los contenedores, que fueron precintados y sustituidos por otros nuevos.
La joven rumana vivía desde hacía un año y medio con su familia en Santa Susanna (Barcelona) y tenía una relación sentimental con el hombre presuntamente detenido en Rumanía, que compartía vivienda con otros compañeros en el piso de Pineda de Mar donde presuntamente se cometió el crimen.
Tras la denuncia de la familia de la joven, los Mossos intentaron contactar con la pareja de la víctima, pero se había marchado a su país, donde al parecer fue detenido por otra causa pendiente. Durante su estancia en las dependencias policiales rumanas, llegó una petición de información de los Mossos sobre el detenido, que finalmente confesó el crimen.

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El asesinato de las hermanas Mirabal

El 25 de noviembre de 1960, los cuerpos de las tres hermanas Mirabal se encontraron en el fondo de un acantilado en la costa de la República Dominicana. Aquel acontecimiento, que fue vendido a la prensa como un trágico accidente por Trujillo, el dictador dominicano que dio la orden de acabar con ellas, contribuyó a despertar la conciencia entre la población, que culminó, seis meses después, con el asesinato del caudillo.
En honor a estas tres valientes hermanas asesinadas a garrotazos, que se habían convertido en auténticas heroínas de la lucha clandestina antitrujillista, se conmemora cada año en esta fecha el Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1999, a propuesta de la República Dominicana con el apoyo de 60 países.
Patria, Minerva y María Teresa, así se llamaban las hermanas, nacieron y crecieron en el seno de una familia rural acomodada en el paraje de Ojo de Agua, en Salcedo, el municipio más importante de la provincia que se rebautizó más tarde, y en honor a ellas, con el nombre de Hermanas Mirabal.
Estas mujeres, que habían mostrado un interés muy temprano por los estudios, dedicaron gran parte de su corta vida a luchar por la libertad política de su país, oponiéndose firmemente a una de las tiranías más opresoras y duras que tenía Latinoamérica: la de Rafael Leónidas Trujillo, conocido también como «El Jefe», «El Generalísimo», «El Chivo» o «El Chapita», por su afición desmedida por las condecoraciones.
El mismo hombre, protagonista de uno de los más acusados cultos a la personalidad del siglo XX, que arrebató casi toda la fortuna a su familia cuando llegó al poder. Convencidas «Las Mariposas» –así era conocidas entre sus compañeros de lucha– de que Trujillo llevaría al país a un auténtico caos, decidieron formar el grupo de oposición «Agrupación Política 14 de Junio».
A causa de su persistente actividad rebelde, fueron encarceladas y torturadas en no pocas ocasiones, a pesar de los cual decidieron continuar luchando con el único objetivo de acabar con la dictadura.
Cuando «El Chivo» comprobó que la cárcel no era suficiente para detener aquella actividad clandestina, a la que cada día se iban uniendo más adeptos, decidió acabar con ellas. Eran los últimos años de la década de los 50, en los que se estaba despertando una fuerte inquietud social en toda América Latina, con la caída de varios dictadores y el triunfo de Fidel Castro.
Las hermanas Mirabal habían comentado a sus maridos, en una visita a la cárcel donde se encontraban recluidos, los rumores que circulaban en Salcedo sobre la posibilidad que sufrieran un «accidente», como se denominaba entonces a la manera que utilizaba el régimen de ordenar la desaparición de un opositor importante, con la supuesta intención de ocultar el crimen.
Uno de los esposos, Manolo, sugirió que debían acabar con los viajes y marcharse a Puerto Plata para evitar el paso por las carreteras, pero ya era tarde: la orden de asesinar a las hermanas ya había sido dada.
Cinco miembros del Servicio de Inteligencia Militar detuvieron el jeep en el que regresaban de la prisión, las introdujeron a empujones en un coche y las llevaron a un lugar previamente escogido, cerca de La Cumbre.
Eran aproximadamente las 19:30. Allí las mataron a golpes y colocaron sus cadáveres en el jeep, antes de arrojarlo por el precipicio.
Ciriaco de la Rosa, uno de los asesinos, lo contaría más tarde: «Después de apresarlas, las condujimos al sitio cerca del abismo, donde ordené a Rojas Lora que cogiera palos y se llevara a una de las muchachas. Cumplió la orden en el acto y se llevó a una de ellas, la de las trenzas largas (María Teresa). Alfonso Cruz Valerio eligió a la más alta (Minerva), yo elegí a la más bajita y gordita (Patria) y Malleta, al chofer, Rufino de La Cruz. Ordené a cada uno que se internara en un cañaveral a orillas de la carretera, separadas todas para que las víctimas no presenciaran la ejecución de cada una de ellas […] Traté de evitar este horrendo crimen, pero no pude, porque tenía órdenes directas de Trujillo y Johnny Abbes García. De lo contrario, nos hubieran liquidado a todos».

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La educación en igualdad

Con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género el PSOE ha hecho público un manifiesto en el que subrayan que la educación en igualdad debe de ser el eje prioritario en la lucha contra la violencia machista.
"A punto de cumplirse cinco años de la promulgación de la Ley Integral de Medidas Urgentes contra la Violencia de Género, es hora de reconocer aún más lo que esta Ley ha supuesto para la sociedad española y también su trascendencia a nivel mundial: esta medida legal ha sido imprescindible para que la mentalización social en contra de estos crímenes haya calado hondo en la sociedad y, ha tenido y tiene, especial trascendencia para conseguir la protección de las víctimas de malos tratos, y la figura de respeto y dignidad que han obtenido las mujeres a lo largo de estos años.
La Ley Integral ha demostrado ser un eficaz instrumento: muchos han sido los malos tratos evitados y los asesinatos no cometidos que, gracias a la valentía de las víctimas y a la colaboración ciudadana, se han impedido.
Muchas son las mujeres que son, han sido y serán protegidas y salvadas de una certera situación de grave riesgo físico y psíquico y muchos también los menores y mayores que han podido salir de la espiral de terror, crueldad y violencia que los malos tratos significan, gracias a esta Ley y a su desarrollo.
Pero también han sido muchas las personas que, gracias a las referencias marcadas por la Ley Integral, han llegado a identificar y a rechazar la violencia que había en costumbres y hábitos disfrazados de normalidad.
En este tiempo, las campañas de mentalización social han producido sus frutos y los enormes medios con que la Ley ha estado dotada, han sido fundamentales para aminorar los catastróficos efectos de este terrible atavismo. Pero, como toda Ley que nació para ser eficaz y que desea serlo, debe tener recorrido y debe ser complementada y perfeccionada a la vista de los datos que nos muestren los resultados de su aplicación.
Por ello, no podemos pasar por alto que quedan mensajes, patentes o soterrados en las familias, en la educación, en los medios de comunicación, en la publicidad, en la televisión, en los videojuegos, etc., que siguen retransmitiendo una imagen de la mujer que denigra profundamente su papel y su situación en la sociedad, que la desprecia y la anula, que la hace responsable, casi, de todos los males, manteniendo un estereotipo femenino cruel e inaceptable.
Esta imagen, tergiversada y malévola, cala en lo más hondo de personas jóvenes que están formando su personalidad y les hace reproducir tan terrible violencia, lo que conlleva a que la edad de maltratadores y víctimas sea cada vez menor y que los casos de maltrato hayan aumentado en las franjas de edad inferior a 30 años. Debemos, pues, trabajar para que la percepción social de la mujer no siga siendo sesgada, de dependencia ni de dominación.
La educación en valores democráticos implica colocar el papel de la mujer como persona en igualdad de derechos y para ello, la educación, tanto en la familia como en el aula, debe ser el eje de nuestras próximas actuaciones de manera prioritaria. El desarrollo de programas específicos contra la Violencia de Género en las Escuelas, Institutos y Universidades debe abordarse como base fundamental, como el puntal definitivo para terminar con la violencia de género. Pero también un compromiso más explícito en los padres y en las madres para que cuestionen todo aquello que contribuya a la perpetuación de los roles de la desigualdad, y para que manden mensajes directos a sus hijos y a sus hijas: no se te ocurra controlar a una mujer, y no te dejes nunca controlar por un hombre. Queda mucho trabajo por hacer y no sólo en España: baste decir que aún existen países en Europa que ni siquiera cuantifican los asesinatos por violencia de género y en los que éstos no son considerados como específicos de violencia contra las mujeres.
Es este un problema que habrá que intentar subsanar durante la Presidencia Española de la Unión Europea, a partir de Enero de 2010 y para lo que ya se ha anunciado un primer paso definitivo: la creación del Observatorio Europeo de Violencia de Género y la puesta en marcha de la Orden de Protección Europea, que implicaría un nivel de protección uniforme para las víctimas de violencia de género en todos los Estados de la Unión.
Estamos en un momento en que la sociedad debe asir, aún con más decisión, las riendas del cambio de valores en nuestros y nuestras jóvenes y hacer un llamamiento general al respeto, a la dignidad, al valor social imprescindible de las mujeres como sujetos poseedores de los derechos fundamentales a la libertad, a la igualdad y a la integridad. El futuro no es sólo la llegada del tiempo esperado, el futuro debe ser construido, y esa construcción debe ser levantada sobre los pilares de los derechos humanos, de todos ellos, si falta alguno, como ahora sucede con la Igualdad, el futuro nunca llegará. Será como dar vueltas, atrapados en un agujero negro en el que el pasado siempre aparecerá amenazante. Es cierto que todos debemos construir el futuro, pero también es verdad que la aportación de los jóvenes y las jóvenes es decisiva para que el espacio conquistado sea un lugar de convivencia, donde se encuentren la igualdad con la libertad, y la justicia con la dignidad. Y entonces, simplemente, convivir".

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Latinoamericanas

Más del 50 por ciento de las mujeres de América Latina y el Caribe ha sido víctima de la violencia, reveló el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de la ONU para la Promoción de la Mujer (INSTRAW).
Las cifras figuran en un estudio divulgado por el INSTRAW (por sus siglas en inglés) con motivo de la celebración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
El trabajo destaca que Latinoamérica y el Caribe son lugares peligrosos para las mujeres, ya que más del 50 por ciento de las mujeres de la región ha sido objeto de agresiones.
El organismo con sede en Santo Domingo señaló que en la región los niveles de violencia basada en género están altos y puso como ejemplo Bolivia, donde el 52,3 por ciento de las mujeres de entre 15 y 49 años han sufrido violencia física de su pareja.
Este fenómeno también afecta a Haití, donde el 17 por ciento de sus mujeres ha sido víctima de la violencia sexual, mientras que el 68 por ciento de las peruanas ha sufrido violencia emocional.
En la República Dominicana el estudio estima que un 24,8 por ciento de las mujeres que viven en áreas urbanas y un 21,9 por ciento de mujeres de las áreas rurales, han experimentado violencia física durante algún período de su vida, aunque en la práctica no se manifiestan las denuncias.
El resumen del estudio divulgado a la prensa precisó que la violencia de género "representa una amenaza para la seguridad humana tanto en el continente, como en el ámbito global".
"Las mujeres y las niñas son especialmente vulnerables a las diferentes amenazas contra seguridad, ya sea en sus hogares, por conflictos, o por deficiencia en la gobernabilidad", agregó.
De acuerdo con el estudio, la seguridad para las mujeres de la región en la actualidad depende de la creación de un círculo de protección dentro de sus hogares, así como la defensa contra la violencia y el acoso sexual en lugares públicos y en el ambiente laboral.
Asimismo, subrayó que la existencia de dichas situaciones demanda y demuestra que las entidades del Estado -el sistema judicial, policial y de la salud - tienen que poner en práctica acciones adecuadas y concretas, dirigidas a satisfacer las necesidades de las mujeres latinoamericanas.
El estudio incluyó entrevistas y testimonios de dominicanas víctima de violencia.
En el caso de la República Dominicana, el INSTRAW observó que a pesar de que en el país caribeño se han tomado medidas para reformar el sector de seguridad e incluir una perspectiva de género, aún se requiere la adopción de políticas públicas respecto a este tema.

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Día internacional contra la violencia de género

Todos los nuevos jueces y magistrados que diriman sobre asuntos de violencia machista habrán de recibir a partir de ahora formación obligatoria en la materia, centrada no sólo en el conocimiento teórico, sino en habilidades prácticas como la toma de declaración a los testigos y a las víctimas.
Con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Inmaculada Montalbán, ha explicado que esta obligación se deriva de la reforma de la Ley del Poder Judicial -que entró en vigor en noviembre-, una exigencia que no es nueva para los jueces de menores o de lo contencioso.
En declaraciones a la prensa, Montalbán se ha mostrado también a favor de que el Supremo unifique criterios sobre la interpretación del artículo 172 del Código Penal y se redacte con mayor exactitud qué ha de entenderse por "relación análoga de afectividad" cuando no hay unión matrimonial.Hace unos días, la Audiencia de Cantabria absolvió de un delito de violencia machista a un joven que amenazó y persiguió a su ex novia para que volviera con él, porque consideró que un "enamoramiento propio de adolescentes", sin proyecto de futuro, no puede equipararse a la relación de pareja que exige el Código Penal (artículo 172).
A principios de año, una veintena de nuevos jueces y magistrados tomarán parte en los mismos, tanto de juzgados compatibles y exclusivos de violencia de género, como de juzgados de lo penal especializados y de audiencias provinciales, ha añadido Montalbán.Además, se ha iniciado el camino para implantar en 2010 Juzgados Penales especializados en violencia machista en Málaga (dos), Jaén, Santander, Pamplona y Sabadell, uno en cada una de estas ciudades, y más adelante el Observatorio ha pedido a Justicia ocho en Madrid, siete en Barcelona, tres en Valencia y uno en Sevilla.
Con respecto a las recomendaciones que ha hecho la Comisión de Igualdad del Congreso para mejorar el funcionamiento de la ley integral de la violencia de género, Montalbán se ha mostrado contraria a la retirada generalizada de la patria potestad al agresor.Esta medida sólo debería aplicarse en los delitos graves de maltrato, agresiones sexuales e intento de homicidio, mientras que en los casos de delitos de maltrato ocasional o leve dicha decisión debe quedar en manos del juez, ha concluido.

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800.000 niños son víctimas en España

Unos 200.000 niños son hijos de mujeres con una orden de protección por violencia de género en España, aunque se estima que 800.000 son víctimas cada día de esta lacra. Sin embargo, sólo el 4%de ellos recibe atención especializada, según difundió Save The Children, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Violencia de Género.
Según denunció la responsable del Departamento de Promoción y Protección de los Derechos de la Infancia de Save the Children, Pepa Horno, estos niños "no están siendo considerados víctimas directas, quedando invisibilizados" y mientras "se han generado multiples recursos y estrategias para atender a las mujeres víctimas de violencia de género, no existen recursos suficientes para atender a sus hijos o hijas".
"Independientemente de que los niños y niñas hayan estado presentes o no en escenas de violencia explícita, la tensión que se vive en estos hogares les afecta directamente y tiene consecuencias a corto, medio y largo plazo, afectando a todas las esferas de desarrollo de los niños y niñas", señaló Horno.
No en vano, estos niños "suelen presentar alteraciones físicas, emocionales y conductuales tales como trastornos del sueño o de la alimentación, cuadros de ansiedad, estrés, baja autoestima o depresión, agresividad o depresión, dificultados de concentración y alteraciones en el rendimiento escolar", conforme explicó la directora de la Fundación IReS, Montserrat Tohà.
Por eso, Tohà incidió en que "estos niños y niñas necesitan una intervención psicoeducativa que trabaje la resolución de conflictos de forma no violenta, la identificación y expresión de emociones. Con el fin de ayudarles a comprender la situación vivida, a poder elaborar el daño y a ubicar la responsabilidad en los adultos".
Ambas entidades reclaman que se reconozca a los niños y niñas que sufren violencia familiar y de género en casa como víctimas de esta violencia, que se cuantifique el número real menores que se encuentran en esta situación y que todos aquellos profesionales que realicen una intervención con ellos tengan una formación específica tanto en infancia como en violencia de género.

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Detienen al jefe policial de Sevilla

El jefe policial y un agente del Grupo VII de la Policía de Sevilla, dedicado a la lucha contra el pequeño tráfico de drogas, han sido detenidos por, presuntamente, favorecer las actividades de un clan de narcotraficantes y por cohecho.
Fuentes del caso han informado a Efe de que el jefe del grupo fue detenido ayer martes y estuvo declarando ante sus propios compañeros hasta altas horas de la madrugada, mientras que el agente S.O. será puesto a disposición del juzgado de instrucción 11 de Sevilla esta tarde.
El jefe policial, que quedó imputado pero sin obligación de comparecer hoy ante la juez, está acusado de conocer y permitir las actividades del agente bajo sus órdenes a favor de un clan de narcotraficantes y de permitirle haberse apropiado de unos pantalones de marca intervenidos en una operación.
Estas detenciones fueron practicadas por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía de Sevilla y no guardan relación con la causa judicial que instruye otro juzgado sevillano por el robo de 150 kilos de cocaína y heroína de los depósitos de la Jefatura de Policía, en la que están imputados un agente de la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado (UDYCO) como autor material y tres jefes del cuerpo como encubridores.
Las citadas fuentes han precisado a Efe que el agente S.O. fue imputado en septiembre pasado por los mismos hechos que ahora pero en el juzgado de instrucción 8, que investiga un tráfico de 1.500 kilos de hachís por el que está encarcelado un policía local de Sevilla.
En dicha causa, el agente quedó en libertad sin fianza ni obligación de personarse en el juzgado, pero ahora el juzgado de instrucción 11 ha abierto unas nuevas diligencias contra él al disponer de un análisis que demuestra que unos gramos de hachís incautados a un socio suyo tienen la misma composición que un alijo de 11.500 kilos de hachís incautados por su unidad y depositados en la Jefatura de Sevilla.
Dicho alijo fue incautado en un garaje del Edificio Hércules de la barriada de Sevilla Este y a principios de 2009 permaneció durante meses custodiado en dos furgonetas de la Unidad de Caballería en el patio de un cuartel policial, al carecer de un depósito oficial para la droga.
Las citadas fuentes han explicado que la Policía imputa además a S.O. un presunto delito de cohecho por haberse apoderado de unos pantalones de marca incautados en una operación policial.
Además presentan como indicios contra él disponer de vehículos de alta gama, entre ellos un Tuareg y una moto BMW, aunque en su defensa alegó que son de segunda mano, y negó tener un nivel de vida superior a su sueldo como policía, pues su mujer es maestra y disponen de dos ingresos.
El atestado policial le imputa además haber acudido a Portugal como testigo en el juicio contra un narcotraficante.
La defensa del agente ha alegado que el alijo de 11.500 kilos de hachís formaba parte de uno más amplio de 20.000 kilos, por lo que la droga incautada al agente puede ser parte de los 9.000 kilos que los traficantes lograron poner en el mercado.

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viernes 20 de noviembre de 2009

EULEN

Empresas españolas de seguridad privada defienden desde enero a buques también españoles que trabajan en aguas del Océano Índico, con la autorización del Ministerio del Interior. El pasado 30 de octubre el Consejo de Ministros aprobó un real decreto que permite embarcar agentes privados de seguridad en los buques pesqueros que faenan en aguas somalíes con armamento de guerra, pero para entonces la empresa EULEN ya llevaba diez meses desempeñando estas tareas.
Esta empresa de seguridad privada fue la encargada de proteger, mediante un grupo de agentes, al buque BC Teneo, de la empresa de telecomunicaciones Tyco Marine, según relata el responsable de la Unidad de Inteligencia y Prespectiva de dicha empresa, Miguel A. Esteban Navarro, en un artículo en la revista 'Seguritecnia' recogido por Europa Press.
El buque, que navegó en aguas del Océano Índico desde enero hasta junio de este año, tenía bandera y tripulación españolas. Según relata Esteban Navarro, EULEN desarrolló esta "experiencia pionera" a principios de año, a petición de dicha empresa, que constató la necesidad de invertir en su seguridad para trabajar en el Índico, y contando con la autorización del Ministerio del Interior para proteger el buque con su personal de vigilancia privada.
"Por primera vez una empresa española de seguridad privada realizaba servicios de vigilancia y protección de un buque en alta mar en aguas internacionales, atendiendo a la jurisdicción de cada uno de los países a través de los que desarrollaba la misión", plantea el autor del artículo, quien además agrega que igualmente era la primera vez que una compañía tecnológica española contrataba un servicio de seguridad español para uno de sus buques "con el propósito de hacer frente a la amenaza de la piratería durante la realización de sus trabajos".
De esta manera, por primera vez el Gobierno de España daba una autorización para que una compañía de seguridad privada organizara una operación de este tipo fuera de sus fronteras, siempre con una "escrupulosa supervisión de la legalidad vigente". En la operación fue fundamental, además, la "comunicación con el Ministerio de Defensa y con las Fuerzas Armadas presentes en la zona e integradas en la Operación Atalanta", que dio como fruto una "colaboración muy intensa y satisfactoria".
EULEN se encargó así de proteger al buque de la compañía de telecomunicaciones Tyco Marine, filial de la multinacional estadounidense Tyco Telecommunications, especializada en el tendido submarino de fibra óptica para comunicaciones. Esta multinacional tiene adjudicado un importante contrato para realizar trabajos de conexión y tendido de cable submarino a lo largo de toda la costa de África, así como su posterior unión con las redes que parten de Lisboa y llegan hasta Mumbai, en el Índico.
En esta operación se cruzó el Cuerno de África con una carga de cable de fibra óptica valorada en varios millones de euros, la cual convertía al buque en un objetivo "muy atractivo" para los piratas somalíes. La autorización otorgada por Interior contaba con la exención de uniformidad, entendiendo por ello que el equipo y uniformidad de los vigilantes debía ser el adecuado para la correcta ejecución de la misión.
Otro aspecto fue la excepción en cuanto al armamento y las municiones que se podrían emplear para la realización del servicio, "adaptándolo a las necesidades de la operación". De este modo, el artículo cuenta cómo en un "tiempo récord de apenas diez días se consiguió instalar un armero y embarcar el armamento, tras su supervisión por la Guardia Civil", en el Puerto de Algeciras (Cádiz).
Todos los trabajos de la empresa de seguridad durante la travesía transcurrieron en "permanente comunicación y colaboración con los responsables de la Operación Atalanta", de quienes tomaron todas sus recomendaciones, indicaciones y apoye permanente. Esta misión concluyó el 26 de junio de 2009 con la llegada del buque al Puerto de Suez, tras circunvalar el continente africano.
Dos meses después el BC Teneo, de nuevo con un equipo de protección de EULEN Seguridad, partió hacia aguas de Ghana y de Nigeria, otra zona de actividad pirata, para continuar con sus trabajos de conexión de cable, finalizando la misión el pasado 15 de octubre. Para el desarrollo de estas operaciones se contó con los informes de Inteligencia de la propia empresa.
Para el autor, de lo que se trata es de "reflexionar y debatir sobre la puesta en marcha de un nuevo y necesario modelo de seguridad privada", que contribuya en última instancia a colaborar en el desarrollo de las misiones que emprendan el Estado español, las ONG's, empresas españolas públicas y privadas, "allí donde lleven a cabo sus negocios". Siempre "de la mano", eso sí, de las principales instituciones del Estado (Ministerios de Interior y Defensa) como órgano regulador y principal colaborador.

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La ONU pide una regulación

El presidente del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la utilización de mercenarios, José Luis Gómez del Prado, afirmó este jueves que tendrían que existir unos "criterios y una regulación" de las actuaciones de defensa de buques en alta mar por parte de las empresas de seguridad privada, pues actualmente "hay unos vacíos a nivel internacional muy grandes". Según dijo, con el real decreto y la orden ministerial aprobada por el Gobierno hace unas semanas para regular esto, no cree "que se llenen esos vacíos".
En declaraciones a los periodistas en un receso del seminario sobre 'Los nuevos actores no estatales: las empresas militares y de seguridad privadas', organizado por la ONU y la UNED, Gómez del Prado recalcó que hay una serie de "vacíos y zonas grises" en este asunto. "Las empresas militares de seguridad privada, si no hay una regulación, van a hacer como en Irak y Afganistán, es decir, al principio enviar a sus mejores profesionales, para luego, para abaratar costes, eligen a ex militares o policías del tercer mundo", planteó.
A su juicio, esta zona legal "gris" se debe, por ejemplo, al pabellón de los barcos, pues si territorio español y el Gobierno encarga a empresas privadas la defensa de los buques, podría estar "externalizando el uso legítimo de la fuerza, y eso es una problemática".
Por eso insistió en que la problemática general es la de la "regulación, la vigilancia y el rendimiento de cuentas" de estas empresas militares y de seguridad privada que funcionan "en un sistema de desregulación completa". Añadió, por tanto, que "es el momento de regularlas en un marco internacional".
En esta línea, señaló que todos los Gobiernos tienen que decir claramente cuales son las funciones que ellos pueden externalizar y que no afectan a la soberanía nacional, ya que "si el Estado o el Gobierno pasa este poder a actores no estatales se crea una problemática que afecta a todos los ciudadanos".
"Es necesario un sistema nacional de regulación con una serie de directrices para que estas empresas las sigan, y que estén registradas y el Estado esté vigilante sobre ellas. A nivel internacional, que haya también una vigilancia sobre los Estados. Si se pasa toda la seguridad a empresas privadas estarían otorgándolas funciones que son inherentes al Estado", explicó.
Asimismo, recalcó que los Estados deben asumir sus funciones estatales, porque "para eso tienen su soberanía", y avisó de que "si la pierden todo el sistema se deshace". De este modo, reiteró que los estados deben asumir sus responsabilidades y las empresas las suyas, y añadió que "esto tiene que estar de una manera muy clara, porque ahora hay en una zona gris en la que no se sabe si el guardia privado fuertemente armado es un civil o un militar".
Por su parte, el director de Operaciones de la empresa de seguridad privada EULEN, Jesús Jiménez Bernal, apostó por hacer "un estudio y un análisis muy claro de lo que ha fallado en la crisis del Alakrana y sobre "qué se podría hacer mejor de ahora en adelante en este tipo de crisis".
Preguntado por el número de agentes ideal para defender a los buques -actualmente cuatro por barco-, advirtió de que no se trata "de meter gente por meterla", sino que es una cuestión de "organización y planificación, que es lo que marca el poder hacer las cosas bien". Sobre la resolución del caso del Alakrana, indicó que "ay que entender un poco la premura con la que todo esto se ha llevado a cabo".
En su opinión, habría que planificar todo bien, aunque puntualizó que hay que tener en cuenta las "limitaciones de espacio de los atuneros, que a veces es muy reducido, así como el coste de un servicio de este tipo". "Entiendo que se han hecho los estudios suficientes como para pensar que un equipo de cuatro personas, con sus relevos y bien organizados y con unos procedimientos claros, son suficientes para garantizar la seguridad de los atuneros", aseguró.
Por otro lado, reconoció que su empresa lleva aproximadamente un año protegiendo buques para una compañía de telecomunicaciones que tiene una filial española y trabaja en el Índico tendiendo cable de fibra óptica. Apuntó que hasta ahora estaban prestando el servicio usando escopetas repetidoras del 12, pero matizó que a partir del real decreto aprobado por el Gobierno hace tres semanas, se adecuarán a la nueva normativa que permite llevar armamento de guerra.
Finalmente, aprovechó para subrayar que EULEN ha sido una compañía "pionera" en el estudio del problema de la piratería en el ámbito de los atuneros, y señaló que este pasado verano estuvieron "realizando estudios de consultoría para algunos de los armadores que están en Seychelles".

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Vigilantes atuneros

La ministra de Defensa, Carmen Chacón, confirmó el jueves en el Congreso que los agentes de seguridad privada embarcados a bordo del atunero vasco "Txori Gorri", que faena en el Océano Índico, han logrado disuadir un posible ataque pirata.
En unas breves declaraciones en los pasillos del Congreso, Chacón explicó que "la seguridad privada que llevaban a bordo ha ejecutado la disuasión necesaria", sin aportar más detalles sobre las características del incidente.También remarcó la ministra que actualmente "todos nuestros buques están faenando con seguridad privada".
El Gobierno ha tenido conocimiento de lo ocurrido a través del COVAN (Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima de la Armada), ha apuntado la responsable de Defensa.
El diputado del PNV José Ramón Beloki, en el debate de una moción del PP sobre la piratería en el Índico, había asegurado ante el pleno del Congreso que esta misma mañana un atunero vasco "ha sido perseguido por piratas y se ha salvado porque tenía las fuerzas de seguridad privada en el barco".
El atunero vasco 'Txori Gorri', perteneciente a la empresa bermeana Inpesca y que faena en aguas de Somalia, avistó el jueves una embarcación de piratas a seis millas de distancia del buque, si bien no se llegó a producir ningún ataque, según informaron fuentes del colectivo de armadores.
El 'Txori Gorri' lleva protección a bordo, causa por la que los asaltantes podrían haber desistido de sus intenciones de ataque. Aunque en un principio, la tripulación del atunero pensó que podía ser objeto de un asalto, finalmente resultó ser "una falsa alarma", ya que la embarcación de los piratas no realizó ninguna maniobra de acercamiento.

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Latin King

El titular del juzgado de Instrucción número 6 de Molina de Segura en funciones de guardia ha decretado el ingreso en prisión preventiva para uno de los seis detenidos, mayores de edad, integrantes del grupo de Latin King asentado en dicha localidad y desarticulado por la Brigada Provincial de Información de Murcia, en colaboración con la Comisaría Local de Molina.
Fuentes judiciales informaron a Europa Press que los cinco restantes han quedado en libertad. A todos ellos se les imputa un delito por asociación ilícita, amenazas, coacciones y lesiones. El grupo o 'capítulo' estaba formado, en su totalidad, por diez individuos, cuatro de ellos menores, y entre los que figuran los máximos responsables.
La investigación, que se enmarca en la operación 'Babilonia', nombre con el que se autoidentificaba este grupo, se inició hace varios meses tras tener conocimiento de una serie de figuras delictivas, tales como amenazas, lesiones y coacciones, cuya autoría apuntaban a un grupo organizado integrado por jóvenes de origen latinoamericano, asentado en Molina de Segura.
En concreto, este capítulo desarticulado contaba con una organización "estable" de carácter piramidal, fuertemente jerarquizada y reglada, en la que existía una cadena de mando "bien definida", según las fuentes, que añaden que figuraba "la estricta obligación de obediencia y disciplina como una de las normas fundamentales a cumplir por todos los miembros del grupo".
Entre los fines de la organización, se encontraba el propósito de la comisión de actos de violencia, la idea de venganza o ajuste de cuentas, el empleo de conductas coactivas y violentas de forma organizada, coordinada y reiterada hacia individuos que pretendían abandonarla o, bien, contra bandas rivales.
Los detenidos, todos ellos de origen latino, son E.L.G.S., de 24 años; J.C.P.A., de 21 año; J.T.O.N., de 20 años; A.J.T.B., de 19 años; y Y.O.C.R. y C.F.V.D., ambos de 18 años; a los que les constan diversos antecedentes como robo con violencia e intimidación, robo con fuerza, riña tumultuaria y amenazas. Todos ellos se encontraban en situación irregular en España y utilizaban apodos como 'Silencio', 'Sesion', 'Yandri, 'Colombia', y 'Fuerte'. Los restantes cuatro son menores de edad.

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Vendian grasa humana

Las autoridades peruanas han detenido al menos a cuatro personas y buscaban este jueves a otras siete por su presunta pertenencia a una red que podría haber asesinado a decenas de personas para obtener su grasa y comercializarla para su uso en cosméticos.
El juez de Turno Permanente de la Corte Superior de Lima Juan Buendía Valenzuela dictó cuatro órdenes de arresto sobre otros tantos presuntos miembros de la banda 'Pishtacos'. La Justicia les acusa de asesinar a un habitante de la provincia de Huamalíes, en el departamento de Huánuco (centró de Perú), pero los medios locales hablan de que la red podría estar detrás de hasta 60 desapariciones en la zona.
Se les acusa de los delitos de homicidio por lucro, asociación ilícita, tenencia ilegal de armas de fuego y tráfico de drogas, aunque lo que más han destacado los medios no son tanto los cargos como el supuesto fin de sus crímenes. Tras los asesinatos, que habrían perpetrado los últimos cinco años, los sospechosos recogían la grasa de sus víctimas para su posterior comercialización por hasta 15.000 dólares por litro.
Durante las primeras declaraciones, los imputados reconocieron haber matado a cinco personas y que el pasado 16 de septiembre secuestraron a su última víctima, a la que quitaron la vida cortándole el cuello.
Mediante un procedimiento artesanal, recogían la grasa y la trasladaban a Lima para vendérsela a extranjeros que la comprarían para su uso en cremas cosméticas. El destino final de este líquido era Europa, según informó el general de la Policía Nacional de Perú (PNP) Eusebio Félix Murga.
Precisamente las investigaciones comenzaron después de que las autoridades interceptasen uno de estos lotes que llegaba a Lima procedente de una zona montañosa de Perú. En el momento de la detención, dos de los sospechosos portaban más de 15 litros de grasa almacenada en botellas.
La Policía señaló que los integrantes de la banda desarticulada enterraban o tiraban los cadáveres a un río tras concluir sus trabajos. Varios de estos cuerpos ya han sido localizados, aunque las fuerzas de seguridad y judiciales tratan ahora de profundizar en sus pesquisas para aclarar la magnitud de la operación y establecer un número fiable de crímenes.

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Se negó a una etilometría

El jefe de la Policía Nacional en Tudela, Félix De Benito, ha sido condenado hoy por delitos contra la seguridad vial, negativa a someterse a la prueba de alcoholemia y falta de respeto a los agentes de la autoridad, al tiempo que se investigará su imputación en otro posible delito de amenazas.
Así lo ha sentenciado el juez de lo Penal número 1 de Pamplona, quien le ha impuesto por estos delitos una condena de 6 meses de prisión, 40 días de trabajos en favor de la comunidad, una multa de 2.835 euros y la retirada del permiso de conducir durante dos años y medio, todo ello a petición del ministerio fiscal.
La sentencia ha cerrado el juicio rápido celebrado hoy en Pamplona por los hechos sucedidos el pasado 31 de octubre en el casco urbano de Tudela, donde De Benito, desde entonces apartado del cargo, se negó a los requerimientos de agentes de la Policía foral para someterse a una prueba de alcoholemia después de ser interceptado por haber cometido una infracción de tráfico.
Desde que De Benito fue interceptado de madrugada por la Policía foral hasta que fue puesto en libertad mantuvo, según el juez, un "absolutamente irrespetuoso comportamiento".
Así, y con base en la grabación sonora hecha por agentes del cuerpo autonómico y con sus manifestaciones hoy como testigos, en un testimonio "sincero, demoledor" y "suficiente por sí solo" para "enervar" la presunción de inocencia del acusado, el juez ha denostado el comportamiento "irrespetuoso e intimidatorio" de De Benito contra los policías forales.
Ha considerado el titular del juzgado que De Benito, que conducía un vehículo en el que viajaba con un amigo, había ingerido alcohol suficiente "para encontrarse afectado", y tras circular en sentido contrario por una rotonda, detuvo su marcha al ser requerido por las luces y sirenas de una patrulla de la Policía foral.
Pese a que no existe una medición de la ingesta de alcohol porque se negó a ello, de los testimonios de los agentes el juez ha considerado probado que presentaba "evidentes síntomas" de estar influenciado y que mostró una "actitud de desprecio" contra los agentes autonómicos, a quienes dedicó "improperios y advertencias".
Así, intentó conseguir la "dejación de funciones" de estos agentes, con frases como "esto no se hace entre compañeros", con un comportamiento "irrespetuoso e intimidatorio" por aludir a su cargo dentro del Cuerpo Nacional de Policía.
"Estoy plenamente convencido de que el acusado y el testigo (que acompañaba a De Benito aquella noche) han mentido", ha dicho el juez, quien tras reconocer que el acusado tiene derecho a hacerlo, no es así en el caso del testigo.
Contra este último ha acordado deducir diligencias, tanto por un presunto falso testimonio como por el posible delito o falta de amenazas, ya que en la grabación se le oye decir que podría "pegar un tiro" a uno de los forales y que "él sabía poner lapas en los coches".
También ha ordenado abrir testimonio contra De Benito por un posible delito de amenazas o atentado, ya que en un momento determinado de su discusión con los agentes autonómicos, aludió a la posibilidad de introducir en su vehículo "medio kilo de coca" para que se les pudiera acusar de alguna ilegalidad.
Frente a las declaraciones de los Policías forales, De Benito ha señalado que aquella noche, en la que sólo había bebido una cerveza y un combinado, estaba "perfectamente" para conducir y que no cometió ninguna infracción de tráfico.
Además, ha justificado su negativa a someterse a la prueba de etilometría porque le fue solicitada cuando estaba en la calle, y no como dicen los policías forales cuando se encontraba al volante del turismo, por lo que no podían obligarle a ello.
Asimismo, ha asegurado que el calificativo de "hijo de puta" con el que tildó a los agentes autonómicos en varias ocasiones y que recoge la grabación aportada era "con cariño", y al respecto ha pedido que fuera tenido en cuenta el contexto en el que usó la expresión, una conversación "entre colegas", si bien pudo decir "una barbaridad, pero producto de un calentón".
Sí ha señalado que la situación que vivió aquella noche fue "de muchísima tensión" y ha admitido que pudo haberles amenazado con introducir droga en el coche de los policías forales, aunque "si dije algo de eso fue en un momento de nervios y de desesperación" y no como "coacción".
Por su parte, el amigo que le acompañaba aquella noche ha confirmado la versión del mando policial sobre la inexistencia de una infracción de tráfico y sobre el requerimiento a realizar la etilometría cuando caminaban por la calle, y ha dicho no recordar haber proferido él mismo ninguna amenaza a los agentes.
Éstos, por su parte, han coincidido en considerar la actitud de De Benito como "muy hostil, prepotente, desobediente, desafiante y amenazante", y han destacado los síntomas de embriaguez que presentaba, como "hablar pastoso, ojos vidriosos, balbuceos, paso tambaleante y fuerte olor a alcohol".
También han apuntado la "discreción" con la que se intentó actuar dado el cargo de De Benito y la "deferencia en el trato" que se tuvo con él tanto en la calle como en las dependencias policiales.

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TEDAX

Los Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (TEDAX) de los Mossos han localizado en Darnius un total de 332 artefactos explosivos de la Guerra Civil en un supuesto polvorín, y los han trasladado a la base militar de Sant Climent Sescebes para su neutralización.
Durante el día de ayer un vecino de la zona alertó a la comisaría de los mossos de Figueres que había visto en una zona boscosa de Darnius lo que creía que era un proyectil de artillería, ha informado hoy la policía autonómica.Ayer mismo, varios artificieros de los mossos se dirigieron hasta el lugar, y ayudados con un equipo detector de metales empezaron la búsqueda de otros posibles artefactos.
Los vecinos de la zona explicaron que siempre se había dicho que en aquella zona había un polvorín, algo que los Tedax pudieron comprobar al empezar su búsqueda de artefactos.Durante el día de ayer localizaron casi 200 artefactos, pero al hacerse de noche y no poder seguir buscando, dejaron el trabajo para esta mañana.A primera hora de esta mañana ha seguido la búsqueda de proyectiles, que de nuevo ha sido fructuosa.
En total han hallado 332 artefactos procedentes de la Guerra Civil española, la mayoría con la carga en buen estado y con la espoleta, de 8 tipos diferentes, entre ellos proyectiles antitanque, antiaéreos y proyectiles de artillería de 65 mm de diámetro, la mayoría de unos 30 centímetros de longitud.
También han encontrado proyectiles de 37 mm para cañón Mclean de procedencia norte americana y otros de 45 mm de procedencia rusa.Tras quedar limpia la zona de artefactos, los artificieros los han cargado en cajas especialmente preparadas para su trasladado y los han llevado a la base militar General Álvarez de Castro de Sant Climent Sescebes, donde las próximas horas los neutralizarán.

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Banco de ADN

El departamento de Justícia de la Generalitat ha planteado varios cambios legales para poder crear un registro con el ADN no codificado de los violadores reincidentes, con el objetivo de que cuando queden libres se autocontrolen ante el temor de ser fácilmente identificados si vuelven a delinquir.
En rueda de prensa, la consellera de Justícia, Montserrat Tura, ha explicado que esta medida, planteada por la denominada "Comisión Mena", sería complementaria a otras iniciativas defendidas el pasado año por este grupo de expertos, como la libertad vigilada o los inhibidores reversibles del deseo sexual.
La consellera ha destacado que este banco de datos con el ADN -que tan solo facilitaría la identidad y el sexo-, serviría para identificar con casi total certeza al autor de un delito grave -un homicidio o una violación-, pero su principal virtud sería que también podría ser un elemento de "autocontrol" para evitar la reincidencia.
En este sentido, ha explicado que los psicólogos penitenciarios defienden que el temor a saber que no se es impune y que serán identificados sin problema es un factor importante que sirve para el autocontrol de los delincuentes peligrosos, una vez quedan libres al obtener el tercer grado o tras cumplir la condena.
Según Tura, la existencia de este registro podría evitar la reincidencia de violadores, ante el temor de ser descubiertos fácilmente por restos de semen, pelos o saliva. Para poder obtener las muestras de ADN se abren dos vías: que los presos lo hagan de forma voluntaria o que el juez contemple esta medida al dictar sentencia.
De esta forma, según fuentes jurídicas, una de las opciones más probables si esta medida tira adelante es que la mayoría de sentencias a violadores prevean que se tomen sus muestras de ADN, medida que podría ser derogada al final de la condena por la Junta de Tratamiento -que evalúa el riesgo de reincidencia del preso- si considera que el reo está rehabilitado.
La legislación española es muy garantista respecto al derecho a la intimidad, por lo que el uso del ADN está restringido únicamente a las investigaciones judiciales por un delito cometido, pero no se contempla con el objetivo de evitar la reincidencia. De esta forma, para superar las barreras legales, el departamento de Justicia ha planteado oficialmente la modificación de varios artículos de la Ley Orgánica que regula la base de datos policiales sobre identificadores obtenidos a partir del ADN, vigente desde el año 2007, el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Si fructifica la intención del departamento de Justicia, el ADN de este tipo de presos peligrosos se mantendría en el registro durante un periodo de diez años -el mismo tiempo que se quiere estipular para la libertad vigilada en la reforma del Código Penal- y tan sólo sería accesible a las unidades policiales del Estado, previa autorización judicial, y a las autoridades judiciales y fiscales en la investigación del caso.
Este registro con el ADN sería compatible -aunque en algunos casos también se contempla que pueda ser sustitutorio- con otras de las medidas impulsadas por la "comisión Mena", como por ejemplo los inhibidores del deseo sexual y la libertad vigilada, mediante pulseras telemáticas, por ejemplo. Precisamente, Tura ha explicado que el plan de inhibidores del deseo sexual se está empezando a aplicar en una cárcel catalana en periodo de pruebas -en su fase inicial, sin aplicar aún el inhibidor- y que hasta ahora un gran número de presos se ha acogido a las sesiones de rehabilitación.

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"Peligro social"

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) criticó hoy el permiso penitenciario otorgado a un individuo, identificado como 'El Kinkon' y perteneciente al clan 'Los Chatarreros', que constituye un "peligro social" debido a que actualmente cumple condena por cuatro ejecutorias.
En un comunicado, el SUP informó de que, en la mañana de ayer en Camas (Sevilla), este individuo fue detenido "por enésima vez" por la comisión de un presunto delito contra la seguridad del tráfico, daños a bienes públicos e insultos y amenazas, relatando que la detención practicada por la Policía Local se produjo tras estrellarse el coche que conducía "en estado de embriaguez" contra una farola de una rotonda de la localidad.
Así, añadió que este individuo, "a quien se trataba de auxiliar, comenzó a insultar a los policías adoptando una actitud francamente violenta y amenazadora", por lo que "con la ayuda de la dotación de un patrullero de la Policía Nacional" fue conducido al centro de salud, donde fue tratado de las heridas que presentaba y, seguidamente, conducido a los calabozos de la comisaría.
En este sentido, aseveró que, en el traslado, el detenido "causó daños de importancia al coche policial y, después, en la puerta y cerradura del calabozo", y añadió que, en el momento de los hechos, este individuo se encontraba disfrutando de un permiso penitenciario concedido para los días 18 al 24 de noviembre.
Según indicó, el detenido cumple condenas por cuatro ejecutorias, una de ellas de siete años y seis meses de prisión por asesinato en grado de tentativa en concurso ideal con un delito de atentado, debido a las lesiones de carácter muy grave que le ocasionó a un agente de la Policía Nacional, quien en el año 2003 cuando trataba de auxiliar a una mujer que estaba siendo agredida por este individuo causó lesiones al agente "poniéndole al borde de la muerte".
Por todo ello, opinó que estos permisos "otorgados a personas que, no sólo no están reinsertadas, sino que continúan siendo un peligro social, resultan todo un sarcasmo para los ciudadanos y escarnio para las víctimas", y consideró que la concesión de estos permisos a presos "que se sabe de antemano que continúan siendo un peligro para la convivencia pacífica de los ciudadanos, adolecen de falta de rigor jurídico", criticando además que, tras los hechos ocurridos ayer en Camas, el detenido fue puesto en libertad.

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miércoles 18 de noviembre de 2009

Fotos en Internet

Un vecino de Valladolid, de 42 años, va a ser juzgado por haber colgado en Internet las fotos de su mujer desnuda, después de que ésta iniciara los trámites de separación tras diez años de matrimonio.
En su escrito de calificación provisional, el Ministerio Fiscal y la acusación particular entienden que los hechos son constitutivos de un delito contra la intimidad y de una falta de lesiones, y solicitan penas de dos años y seis meses y tres años y seis meses de prisión, respectivamente, así como la prohibición del imputado de acercarse a su víctima a menos de 400 metros durante tres años y medio, según han informado fuentes del caso.
Además, el acusador particular, en representación de la denunciante, pide que G.J.T.C. sea condenado con una multa de 15.750 euros y el pago de una indemnización de 18.000 euros en favor de la víctima.
Los hechos, según las acusaciones, se remontan a una fecha indeterminada entre los meses de abril y mayo de 2007, periodo en el que el imputado, despechado por la decisión de separarse tomada por su esposa en 2006, colgó en Internet en una página de sexo explícito tres instantáneas que durante la relación había tomado a su mujer mediodesnuda.
En las fotografías se mostraba a la mujer de pie o tumbada en la cama luciendo tan sólo un tanga, con la particularidad de que tales fotos iban acompañadas del nombre y apellidos de la mujer y de su dirección de correo electrónico.
La presunta víctima descubrió lo ocurrido cuando comenzó a recibir mensajes de cibernautas en tono subido y solicitando más fotos, momento en el que presentó la oportuna denuncia que ha sido instruida por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

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Cuidado con los Kebab

La Policía rusa ha detenido a tres indigentes que, presuntamente, devoraron parte de un hombre cuyos restos vendieron posteriormente a un puesto ambulante de kebab de la ciudad rusa de Perm, al este de Moscú.
El caso se destapó debido al hallazgo de restos desmembrados junto a una parada de autobús a las afueras de la ciudad, y los sospechosos habrían asesinado al hombre, de 25 años, antes de comerse parte de él.
Los tres indigentes, todos ellos con antecedentes penales, fueron detenidos por el asesinato del hombre, que habría sido agredido supuestamente con cuchillos y un martillo, según ha informado la Fiscalía General de Perm.
"Tras perpetrar el crimen, el cadáver fue desmembrado: parte fue devorada y parte fue vendida a un puesto ambulante de kebab y empanadas", ha incidido la Fiscalía en un comunicado.

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Corrupción

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha revelado hoy que en este momento hay abiertas en España 730 investigaciones a cargos públicos por corrupción, 264 de ellas contra políticos del PSOE y 200 contra miembros del PP, partido que ha vuelto a cuestionar la imparcialidad de la Fiscalía.
Entre los 594 procedimientos judiciales y 136 diligencias de investigación de la Fiscalía abiertos por corrupción, también hay 43 causas contra cargos de Coalición Canaria, 30 de CiU, 24 del Partido Andalucista, 20 de Izquierda Unida, 17 del Grupo Independiente Liberal (GIL), 7 de Unión Mallorquina, 5 de Esquerra Republicana de Catalunya, 3 del Bloque Nacionalista Galego y otros 3 del PNV.
"Como ven, hay de todo. En el Partido Popular, en el Partido Socialista y en otros partidos", ha dicho Conde-Pumpido durante su comparecencia en la comisión de Justicia del Congreso en respuesta a una pregunta del PP sobre las actuaciones del Ministerio Público contra miembros de partidos políticos.
El fiscal general del Estado, para quien estos datos demuestran la "acción demoledora de la Justicia contra la corrupción", ha insistido en que "la Justicia no persigue a políticos, sólo persigue a corruptos y a corruptores. Estén donde estén, aunque, lamentablemente, estén en todas partes".
Sin embargo, el portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, ha vuelto a poner en duda la imparcialidad de la Fiscalía que, a su juicio, aplica criterios distintos en función de que se pertenezca o no a la mayoría.
"En ocasiones parece defender sólo la legalidad socialista y no la legalidad objetiva que nos vincula a todos", ha dicho Trillo, que ha denunciado la "doble vara de medir" de la Fiscalía General del Estado y ha puesto como ejemplo las supuestas filtraciones del sumario del "caso Gürtel" ante las que no se ha hecho nada.
Trillo ha recordado al fiscal general un proverbio chino que afirma que "sólo con los ojos de los demás se pueden ver las propias imperfecciones", a lo que Conde-Pumpido ha respondido con un refrán más castizo, asegurando que "algunos ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio".
Pese al número de casos abiertos por corrupción, el fiscal general ha concluido con un mensaje de tranquilidad para los ciudadanos, destacando que frente a los 66.000 concejales y alcaldes, además de los miembros de parlamentos autonómicos y órganos centrales del Estado, hay poco más de 700 investigaciones abiertas, que afectan a aproximadamente un 1 por ciento de los cargos públicos españoles.

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Caso "Marta del Castillo"

El comisario jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial ha elevado al Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla el informe solicitado en cuanto a la "idoneidad, instrumentalidad y viabilidad" de reanudar la búsqueda del cadáver de la joven Marta del Castillo en una zanja de la localidad aljarafeña de Camas, un lugar ya excavado y rastreado por el Cuerpo Nacional de Policía sin que se hallasen restos de la menor supuestamente muerta a manos de Miguel Carcaño en su vivienda de la calle León XIII.
Fuentes policiales informaron a Europa Press de que, en función de la petición cursada a través de un auto el pasado 10 de noviembre, el comisario jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial ha evacuado un informe con destino al juez Francisco de Asís Molina, quien ahora habrá de adoptar una decisión en cuanto a la reanudación o no de los trabajos de búsqueda en esta zona de Camas.
El auto, como se recordará, obedecía a la petición realizada por los padres de la joven desaparecida y supuestamente muerta la noche del 24 al 25 de enero de 2009 en el domicilio de su ex novio Miguel Carcaño.
En concreto, los padres de Marta del Catillo Casanueva habían solicitado al juez que ordenase una nueva inspección policial, previa excavación y levantamiento, del terreno circundante a una tubería soterrada ubicada en las inmediaciones del domicilio de la familia de Camas con la que convivía el asesino confeso, Miguel Carcaño, por entonces emparejado con una menor de 14 años de edad.
En este sentido, señalaba el auto remitido al Cuerpo Nacional de Policía la "responsabilidad agotar cualquier posibilidad de búsqueda", aunque justifica que con carácter previo a que judicialmente se ordene una excavación o movimiento de terrenos en la concreta localización que se propone, "es preciso que la Policía investigue la hipótesis de trabajo sugerida e informe al Juzgado de su idoneidad, instrumentalidad y viabilidad", ordenando así a la Brigada Provincial de Policía Judicial que realizase "cuantas investigaciones sean precisas y oportunas para informar al juzgado sobre la viabilidad" de la nueva búsqueda.

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Somalia:Piratas y Asesinos Machistas

Una mujer somalí de 20 años divorciada y acusada de haber cometido adulterio ha sido lapidada hasta la muerte por los islamistas de Al Shabaab en frente de una multitud de 200 personas.
Uno de los jueces que trabajan para este grupo, Ibrahim Abdirahman, afirmó que la mujer había mantenido una relación con un soltero de 29 años.
Este juez explicó que la joven había dado a luz a un bebé muerto y que era culpable de adulterio, mientras que su pareja sólo fue condenada a 100 latigazos. Se cree que es la segunda vez que el grupo rebelde islamista condena a una mujer a ser apedreada hasta morir por cometer adulterio.
Los islamistas controlan grandes partes del sur de Somalia, donde han impuesto una interpretación de la ley islámica o 'sharia' muy estricta. De acuerdo con diferentes informaciones de la aldea cercana a la ciudad de Wajid, a unos 400 kilómetros al noroeste de la capital, Mogadiscio, la mujer fue trasladada hasta un terreno donde fue enterrada hasta su cintura.
El juez también sentenció que su pareja fuese azotada con 100 latigazos en el mismo lugar de su lapidación. Según la interpretación que hace Al Shabaab de la 'sharia', cualquiera que haya estado casado, incluso un divorciado, y que tenga una relación puede ser encontrado culpable de adulterio, un hecho castigado hasta la muerte.
A principio de este mes, un hombre también fue apedreado hasta la muerte por adulterio en la ciudad portuaria de Merka, al sur de Mogadiscio. Su novia, embarazada, ha sido absuelta hasta que dé a luz. El mes pasado, dos hombres fueron apedreados hasta la muerte también en Merka después de ser acusados de espiar.
El presidente somalí, jeque Sharif Ahmed, un islamista, tomó posesión de su cargo el pasado mes de enero y, aunque afirma que quiere implantar la ley islámica, Al Shabaab asegura que su versión de la 'sharia' sería muy poco severa. Este país no ha tenido un Gobierno funcional desde hace 18 años.

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Ciudad Juárez

Las hermanas María Concepción y María Guadalupe, de 15 y 14 años respectivamente, fueron asesinadas el pasado viernes, pero no fue hasta este martes que su abuela reconoció los cuerpos y las identifico como hijas de Jesús Manuel Guardado Márquez.
Halladas en las primeras horas del sábado al sur de la ciudad, la autopsia reveló que fueron torturadas y arrastradas varios metros, además de que se les disparó el "tiro de gracia". Las jóvenes se encontraban recluidas en un albergue para menores. Pero se escapaban constantemente a casa de su abuela y huyeron por última vez el jueves. Versiones extraoficiales indican que ambas menores se mudaron a casa de una amiga, donde fueron asesinadas. La vivienda fue incendiada para borrar evidencias.
Su padre, conocido como "El Tolteca", está cumpliendo condena de cárcel por cinco homicidios y el intento de asesinato de una chica de 14 años a quien abandonó y dio por muerta en un paraje solitario de Ciudad Juárez."El Tolteca" confesó pertenecer a una banda de chóferes de transporte público que secuestraba, violaba y asesinaba a mujeres. Fue detenido en 1999 en el central estado de Durango, por el homicidio fallido de esa joven a la que creyó muerta.
Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), desde 1993 han sido asesinadas en Ciudad Juárez más de 504 mujeres; asimismo, de acuerdo a datos del Congreso, de 1999 a 2005 fueron asesinadas en el país 6.000 mujeres.

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Greenpeace

Han pasado casi dos años desde que se hizo público Photoclima, un libro elaborado por Greenpeace en el que mostraba los presuntos efectos del cambio climático sobre la geografía española dentro de unos 100 años y que contó con la colaboración de Iñaki Gabilondo, Rosa Regás y José Saramago. En el citado libro, la organización ecologista mostraba La Manga del Mar Menor, en Murcia, prácticamente hundida bajo las aguas del mar.
El martes, Greenpeace se sentó en el banquillo de los acusados tras la denuncia de un propietario de la zona al verse perjudicado por la imagen de alarmismo que ofrecía el fotomontaje. En teoría, el grupo ecologista se basó en los pronósticos de elevación del mar elaborado por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU (IPCC) para realizar el documento.
Sin embargo, a la vista de las pruebas presentadas durante el juicio, Greenpeace "falseó" lo datos del IPCC, según explica José Ángel Abad, abogado del denunciante. El informe pericial visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia concluye que "para que fuesen ciertas las previsiones contenidas en el fotomontaje (de Greenpeace) se requeriría una subida del nivel del mar que oscilaría entre los 9,47 metros y los 10,47 metros".
Es decir, el informe demuestra que los ecologistas elevaron unos 10 metros el nivel del mar, con un margen de error de +/- 50 centímetros, para mostrar una hipotética imagen de La Manga hundida bajo el agua a finales de siglo.
Sin embargo, según recoge el propio Ministerio de Medio Ambiente, las últimas previsiones del IPCC indican que el calentamiento global provocará un "posible ascenso del nivel medio del mar" de entre "13 y 68 centímetros". De hecho, "para las costas del Este y Sur de España los datos disponibles indican una tendencia generalizada de estabilidad o ligero descenso del nivel medio del mar".
En base a la predicciones de la ONU, "se puede considerar que un ascenso de alrededor del 50 centímetros para finales de siglo es un escenario razonable", según el Ministerio. "Una hipótesis pesimista bastante menos probable, pero no descartable sería un ascenso del orden de 1 metro, correspondiente con el máximo de algunas predicciones.Esta situación parece bastante menos probable en la costa Sur y Este que en la Norte".
Es decir, mientras que los supuestos expertos del IPCC estiman que la costa española se podría ver afectada por un aumento del nivel del mar de unos 50 centímetros en los próximos 100 años, Greenpeace eleva la amenaza a 10 metros, esto es, 20 veces más que lo estimado por la ONU.
El denunciante acusa de "falso" y alarmista el informe de los ecologistas. Por ello, solicita una "rectificación pública" de Greenpeace admitiendo que falseó los datos, al tiempo que reclama una indemnización de 36.000 euros por daños y perjuicios.El juicio se celebró ayer en el Juzgado de Primera Instancia número 33 de Madrid y ha quedado visto para sentencia. Greenpeace afirma que llegó a recibir una oleada de burofax de empresas y particulares amenazando con demandas por valor de 30 millones de euros tras la publicación de su informe, pero al final sólo afrontará dos juicios por cantidades mucho menores.

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El "Rafita"

María del Mar Bermúdez, madre de Sandra Palo, la menor de la localidad madrileña de Getafe que fue raptada, violada y asesinada en 2003, expresó este miércoles que no tiene ninguna confianza en la Justicia después de que Rafael G.F, alias 'Rafita', que fue condenado por la muerte de su hija a cuatro años de internamiento y tres años de libertad vigilada, cometiera el pasado mes de junio un robo, lo que demuestra que "no está vigilado".
María del Mar afirmó que "si te dan libertad vigilada es para que estés vigilado", por lo que no es posible "cometer un robo".Esta mañana se esperaba que compareciera El Rafita, uno de los asesino de Sandra Palo, que se le concedió la libertad vigilada, situación que aprovechó para cometer un robo en una vivienda el pasado mes de junio. Pero no compareció. Es más, según ha podido saber Libertad Digital, desde el pasado mes de agosto se encuentra en busca y captura.
María del Mar Bemúdez recuerda que "El Malaguita", otro de los asesinos de su hija, también estaba en busca y captura cuando mató a Sandra. “Le dieron un permiso en 2002 de unas Navidades y no volvió” a la prisión y fue “en mayo cuando cometió el crimen de mi hija. Y ahora El Rafita”, se lamenta Mari Mar.
La madre de Sandra Palo también ha solicitado al Ejecutivo de Zapatero que abra centros especializados para menores.
“Que el Gobierno se haya gastado todo el dinero que se ha gastado y que se hayan bajado los pantalones de esa forma, con todos mis respetos a las familias, para que soltaran a estos marineros, y luego cuando tú sales en un medio para decir que se abran centros especializados para estos menores de 12 años, que se quedan inimputables cuando comenten un asesinato, un robo o cualquier cosa, y que te digan que no hay medios es una vergüenza”.
Visiblemente emocionada, la madre de Sandra Palo criticó que de la Justicia se puede "esperar cualquier cosa", incluso que a 'Rafita' no "le hagan cumplir la sanción impuesta". "No creo que el juez ni le eche una multa ni le pase a la cárcel", se lamentó.
María del Mar subrayó que deseaba estar presente en la comparecencia del asesino de su hija, aunque reconoció no saber muy bien que hacer en ese momento porque se encuentra como "un caballo desbocado".
La madre de Sandra Palo se mostró contrariada pues el presunto delito que 'Rafita' cometió en el mes de junio pasado se produjo durante el periodo de 3 años de libertad vigilada que marcó la sentencia, algo que viene a confirmar sus críticas sobre la reinserción de los asesinos de su hija. La acusación ha pedido al juez que termine de cumplir la pena en prisión.
Además, informó de que la Administración Pública aún no le ha abonado el dinero de ayuda a las víctimas que estableció el juez en la sentencia del caso Sandra Palo, una indemnización "que no es agradable de coger", precisó.

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Otegi a la carcel

La Audiencia Nacional ha acordado el ingreso en prisión del ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi en el marco de la causa en la que está procesado por la financiación de ETA a través de las 'herriko tabernas', al haber quebrantado las medidas cautelares bajo las que se encontraba por salir del territorio nacional en dos ocasiones para acudir a reuniones en Francia a las que presuntamente también asistieron miembros de la banda.
Otegi, que está en prisión desde el pasado 16 de octubre junto a otros cuatro dirigentes de la izquierda abertzale por formar una estructura llamada Bateragune que pretendía sustituir a Batasuna, será juzgado en la causa de las 'herrikos'por un delito de integración en organización terrorista. Desde octubre de 2006, permanecía en libertad bajo fianza de 50.000 euros y con la obligación de realizar comparecencias judiciales cada 15 días.
En un auto hecho público hoy, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal atiende la petición de ingreso en prisión realizada por la Fiscalía el pasado 27 de octubre, al entender que, si no se adopta esta medida o se alza la acordada por Garzón en la otra causa, existe "un elevado riesgo de fuga" y un "objetivo riesgo de reiteración delictiva".
El tribunal, que destaca en su auto "la concurrencia de varios quebrantamientos de las medidas acordadas" por parte de Otegi, pretende evitar de esta forma "la comisión de hechos similares" a los que Garzón le imputa, en referencia a la posibilidad de que "el entorno de Batasuna y las agrupaciones que la pretenden sustituir sigan estando presentes en la sociedad española, sirviendo de instrumento privilegiado a ETA para el mantenimiento de su actividad delictiva".
Aunque los jueces Ángel Hurtado (presidente), Enrique López (ponente) y Julio de Diego admiten que hasta ahora Otegi "ha comparecido siempre que ha sido llamado a una actuación judicial" correspondiente al sumario 35/02, añaden que "no es menos cierto que en estos momentos a nadie le cabe la menor duda que la solución a los hechos aquí imputados sólo pasa por su enjuiciamiento".
La Fiscalía solicitó el ingreso en prisión de Otegi tras constatar que, según el auto por el que fue enviado a prisión en la causa de Bateragune (141/09), el ex portavoz de Batasuna "ha vulnerado al menos en dos ocasiones" la prohibición de salir del territorio nacional que se le había impuesto.
La resolución judicial de Garzón detallaba que el "primer viaje del ex portavoz de Batasuna a Francia" se produjo el 30 de abril de 2009. Otegi acudió entonces, junto al ex secretario general de LAB, Rafael Díez de Usabiaga, y Santiago Orue Maurolagoitia, a la localidad de Ezpelette para encontrarse con el antiguo responsable del aparato político de ETA, Jokin Echebarría Lagisquet.
El segundo se produjo el 21 de julio de 2009, cuando Otegi y Orue se desplazaron a esta misma localidad francesa siguiendo "extremas medidas de seguridad que permitieron eludir el dispositivo de vigilancia durante algunas horas". A esa cita los investigadores han acreditado que acudieron los también imputados Arkaitz Rodríguez y Sonia Jacinto, así como Mikel Ansa, aunque desconocen "dónde y con quién estuvieron".
Entre 2007 y 2009 la Audiencia Nacional ha prohibido la salida de Otegi del territorio nacional en tres ocasiones: el 4 de enero, el 5 de enero de 2007 y el 11 de agosto de 2009. En este periodo, el tribunal que juzgará la causa de las 'herrikos' --en la que además de Otegi están acusados otros 40 dirigentes de la formación ilegalizada-- le concedió otros cuatro permisos para salir del país, el último de los cuales se produjo el 27 de abril de 2009.
En el marco del sumario 35/02, Garzón dictó el 26 de mayo de 2005 un auto en el que ordenaba el ingreso en prisión de Otegi si no satisfacía una fianza de 400.000 euros, lo que hizo un día después. El 29 de marzo del año siguiente el juez amplió la fianza en 250.000 euros y el procesado permaneció en la cárcel hasta el 7 de abril. Estas medidas fueron atenuadas en un auto del 17 de octubre de 2006 que acordó rebajar la fianza a 50.000 euros.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 concluyó la causa de las 'herrikos' el pasado 1 de abril. Además de Otegi se sentarán en el banquillo el supuesto dirigente de la cúpula de ETA actualmente en paradero desconocido, José Antonio Urrutikoetxea, 'Josu Ternera'; o el coordinador nacional del partido, Joseba Permach.

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Solo 3 años de carcel

Un juzgado de San Sebastián ha condenado a penas que suman tres años y medio de cárcel a un matrimonio que abusó sexualmente de sus hijos, una niña y un niño que soportaron condiciones infrahumanas durante años, ya que pasaban hambre, estaban sucios y en una situación de práctico abandono.
Según el escrito de acusación, al que hoy ha tenido acceso Efe, esta situación fue tan insoportable para la chica -la mayor de los dos hermanos- que intentó suicidarse cuando sólo tenía nueve años, ingiriendo un bote de pastillas, a pesar de lo cual su madre no la llevó al médico hasta cinco días después.
Los hechos ocurrieron en una localidad del interior de Guipúzcoa durante un tiempo indeterminado a lo largo del cual, tanto el padre como la madre abusaron de los menores, los maltrataron físicamente y les sometieron a "un abandono físico severo y crónico" en ámbitos como la "alimentación", el "vestido" y la "higiene" personal y del hogar en el que los cuatro residían.
El padre, según el documento, abusó de su hija desde que ésta tenía 5 o 6 años, "aprovechando cualquier momento para hacerle tocamientos con ánimo libidinoso".
También la madre, practicó distintos tocamientos a la niña en su habitación, adonde acudía, según aseguraba, para leerle un cuento.El documento explica que la madre solía golpear "en repetidas ocasiones" a sus hijos "con un cinturón", además de darles patadas y cuando bañaba a la niña la arañaba "fuertemente" de forma que la menor no quería ducharse en casa, aunque sí en el colegio.
Los pequeños padecían "una notable falta de higiene" y acudían a la escuela "con un olor corporal que provocó la queja de otros alumnos del centro".El escrito indica que, cuando la niña iba a la escuela, solía llevar "en la mochila tabletas de 'Starlux', macarrones crudos y fideos y pan duro", pues "pasaba hambre" y tenía que levantarse por las noches para ingerir "comida cruda o congelada".
Cuando los menores asistían al comedor escolar "comían todo lo que se les servía" y la pequeña "desarrolló una obsesión por la comida" que le llevó a padecer "obesidad exógena".La acusada "se mostraba fría y distante ante las necesidades emocionales de sus hijos" de forma que en la escuela llegaron a pensar que la niña, que aprendió a leer con 12 años, era "autista".
Actualmente, los hijos de los acusados permanecen bajo tutela foral.Ambos imputados se han conformado hoy con la pena que pedía para ellos el fiscal y han sido condenados a penas que suman tres años y medio de cárcel y 24 fines de semana de arresto por dos delitos de abusos sexuales, otros dos de malos tratos físicos y psíquicos, y dos más de abandono de familia con la atenuante de reparación del daño causado, al consignar unas participaciones en una empresa para hacer frente a las responsabilidades civiles.
A los procesados también se les ha retirado la patria potestad y se les ha prohibido acercarse y comunicarse con sus hijos durante cinco años a partir del cumplimiento de la pena de cárcel.

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Una muerte en alta mar

Gracias al dinero que el Gobierno español ha pagado a unos asesinos somalies piratas a partir de hoy veremos noticias como esta:
El capitán de un buque cisterna secuestrado esta semana en el Índico ha fallecido a causa de las heridas sufridas durante el asalto de la embarcación. La información ha sido facilitada por uno de los líderes piratas que abordaron el buque, con bandera de las Íslas Vírgenes, que viajaba con 28 tripulantes norcoreanos a bordo.
"El capitán murió a causa de los balazos que recibió durante la operación", aseguró Abdi Garad, que se identificó como el cabecilla de uno de los grupos de corsarios que operan desde las costas de Somalia.
El barco secuestrado, que fue identificado por la fuerza naval de la Unión Europea que patrulla el océano Índico como el "Theresa VIII", se dirige ahora al caladero Haradhere guiado por los piratas.
"Nuestro gerente de operaciones en alta mar me ha informado de que el capitán se negó a detener el buque, de manera que le dispararon para que no se pudiera escapar", agregó Garad. El líder pirata añadió que el resto de la tripulación se encuentra a salvo, pero advirtió de que la flotilla internacional que opera en las aguas de Somalia y en el Golfo de Aden deben "abstenerse de cualquier acción militar".
Por su parte, otro líder pirata que se identificó como Jama Adam culpó del tiroteo y de la muerte del capitán a este último, "que se negó a obedecer la orden de detener el buque" y juró que "cualquier otro capitán que no acate nuestras órdenes morirá".
El "Theresa VIII" fue capturado el pasado día 16 a 180 millas de las Seychelles cuando se dirigía hacia el puerto keniano de Mombasa, aunque despues del ataque viró en redondo y emprendió rumbo norte.

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Cuidado con este timo

La expresión “rip deal”, en castellano, significa -ni más ni menos- “transacción corrupta”. Y esto es justamente de lo que se trata esta clase de estafa. Básicamente, consiste en apropiarse con habilidad -y muchas veces con violencia- de importantes cantidades de dinero en efectivo, a cambio de billetes falsificados.
La expresión “rip deal”, en castellano, significa -ni más ni menos- “transacción corrupta”. Y esto es justamente de lo que se trata esta clase de estafa. Básicamente, consiste en apropiarse con habilidad -y muchas veces con violencia- de importantes cantidades de dinero en efectivo, a cambio de billetes falsificados.Todo comienza indagando entre periódicos y anuncios. Lo que buscan los delincuentes son ofertas de bienes de todo tipo, preferentemente de alto valor. A continuación, los “interesados” se comunicarán con su futura víctima, mostrando interés en adquirir la propiedad que tienen en venta. Previamente se presentan como acaudalados empresarios de origen árabe, italiano o de Europa del este y hasta emplean identificaciones falsas (o de empresarios reales que aparecen en internet, pero que se dedican a otro tipo de actividades) para convencer a la persona. A su vez, alegan estar interesados en realizar fuertes inversiones inmobiliarias en el país.
Mientras la charla avanza con normalidad, pedirán la concreción de una cita para culminar el negocio en algún importante hotel o cualquier otro lugar público que no levante ninguna sospechosa. Como todo parece estar bien encaminado por ambas partes (los estafadores jamás intentan negociar el precio del bien en venta), antes de cerrar el trato de la compra del objeto, ofrecen a la víctima la posibilidad de hacer un cambio de moneda.Dicen que poseen dinero que quieren blanquear. Generalmente son francos suizos, marcos alemanes o dólares y pretenden obtener euros, ya que pretenden ponerlos en circulación. Si no dirán que tienen billetes de 500 euros, los cuales pretenden cambiar por efectivo de menor tamaño. La comisión del 20 por ciento que ofrecen no es para nada despreciable y la elegante presencia y estatus de quienes pretenden llevar a cabo el negocio no deja lugar a dudas.
Una vez que la potencial víctima acude a la cita y se encuentra con los estafadores, ese lugar público que en un principio le ofrecía seguridad, le terminará jugando una mala pasada. Al producirse el intercambio de maletines, el estafado no podrá verificar delante de los presentes la validez de los billetes suministrados. Siendo únicamente el primero y último de cada fajo originales, el resto son billetes falsos.
Pero aquí no termina el timo, ya que los delincuentes incluso tienen el descaro de seguir en contacto con la víctima. Ellos argumentaran que hicieron esa maniobra con el único fin de comprobar que la víctima estaba entregando billetes originales y no falsos, diciendo que en unos días entregarán el dinero pactado. No hace falta ni decirlo, ese dinero jamás aparecerá y, además, logran retrasar la presentación de la correspondiente denuncia.
Cuando se trata de compra de joyas, los delincuentes organizaran las citas en hoteles de lujo. Ahí, mientras concretan los detalles, entregan el maletín con el dinero falso y, si fuera necesario, arrebatarán la mercancía (el muestrario de joyas) usando la violencia, antes de darse a la fuga. Así es como se han visto estafados varios importantes joyeros.
La víctima es escogida, como en tantas otras clases de timos, en función de su capacidad de disponer de forma rápida de una importante cantidad de dinero en efectivo. Por esto, estafas de esta índole están orientadas hacia los empresarios o industriales.
Los grupos que cometen la estafa del “rip deal” tienen la característica particular de ser, generalmente, provenientes de países de la península balcánica, como Croacia o Serbia. Pero en el momento de la acción, son sólo dos o tres de los integrantes quienes entablan contacto con la víctima. El resto vigila, aguarda en un coche la fuga o actúa solo en caso de necesidad y urgencia.
Agentes de la Policía Nacional española ya han logrado desarticular varios clanes especializados en esta modalidad. Uno de ellos, el denominado Clan Jovanovic, contaba con una importante cantidad de miembros y medios para conseguir sus objetivos. De hecho, cuando fueron capturados, las fuerzas de seguridad del estado, les incautaron gran cantidad de billetes falsos de 500 euros y dinero de curso legal conseguido mediante el “rip deal”, documentos falsos y cinco vehículos de prestigiosas marcas.En otro caso de similares características, un ciudadano italiano y otro croata, fueron detenidos con una cifra millonaria de francos suizos falsos. Su intención era timar a un joyero mediante la supuesta compra de diamantes y la adquisición de un castillo en Catalunya. Claro está que su verdadero objetivo era otro bien distinto.

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lunes 16 de noviembre de 2009

¿Porque se suicidan?

"Te das cuenta que no formas parte de la élite cuando llegas a un restaurante y no tienes mesa reservada". Un ex futbolista internacional afirma que un peligroso abismo separa la fama de la cotidianidad. Cuando aparece una indomable depresión, la cabeza estalla y ese paso se convierte en un muro insalvable.
Médicos, psiquiatras y preparadores físicos sostienen que el abandono de la "burbuja irreal" de la notoriedad, la presión del entorno y el dopaje forman un mezcla peligrosísima.
Luis Ocaña, enfermo, se reventó la sien con un disparo de escopeta.
Jesús Rollán, sin alicientes tras dejar el waterpolo, se precipitó al vacío desde un balcón.
Robert Enke, hundido moralmente, se lanzó el pasado martes a la vía de un tren de Hannover.
Dimitri de Fauw, depresivo tras causar la muerte de Isaac Gálvez, se ahorcó el primer viernes de este mes.
Tres días después, el ex ciclista Agustín Sagasti también apareció colgado en su domicilio.
Julián Álvarez García (médico de la Federación Española de Triatlón) apunta como culpable a la sociedad de consumo: "El problema radica en que los deportistas de alta competición son elevados al Olimpo de los dioses. Tienen un enorme reconocimiento social, que desaparece cuando se retiran. Hay gente que no tolera bien ese cambio. Además, todo eso se complica con la alteración de la situación económica. Si no han administrado bien sus ingresos caen en una crisis de ansiedad".
Los deportistas famosos por su protagonismo social y sus altos ingresos poseen una gran facilidad para entrar en el submundo de las drogas de diseño. Maradona, Pantani y Chava Jiménez cayeron en esa trampa. La dependencia de este tipo de sustancias produce conflictos emocionales que en casos graves puede desencadenar en comportamientos suicidas, advierten algunos psiquiatras. Álvarez también señala al dopaje: "Acudir a prácticas prohibidas para mejorar el rendimiento, no sólo provoca sentimiento de culpa, sino que altera el humor y deriva en pautas maniacodepresivos".
Alfonso del Corral, médico del Real Madrid, incide en la misma tesis: "En el mundo del espectáculo es frecuente encontrar el éxito, pero cuando llega la retirada, esa gente entra en la rutina y se topa con el vacío y la negatividad. Somos víctimas de nuestra propia sociedad: en Suecia hay más suicidios que la India. En la alta competición se produce una 'burbuja de irrealidad', que si no se gestiona bien y se une a una serie de fracasos afectivos y de patrimonio provoca un bajón brutal que puede desencadenar en el suicidio".
La excesiva responsabilidad mata. Eso es lo que advierte el doctor Valentin Marsker, que diagnosticó a Enke "un miedo agudo al fracaso". Para el que fuera portero del Barça, los goles encajados se convertían en dramas insuperables. Todo se complicó cuando su hija falleció por una malformación cardiaca congénita.
En la misma línea se pronuncia Luis Borrás, psiquiatra forense: "En este asunto influye la llamada depresión del éxito: cuando uno ha conseguido todo, ya no hay nada por lo que luchar, entonces, la vida carece de sentido. Otro aspecto es que, por regla general, los deportistas para llegar a la cima han estado alejados de familia y amigos, lo que genera soledad e incomprensión". Borrás también añade que el exigente entorno competitivo y las retiradas tempranas, poco más de 30 años, crean "crisis de expectativas". "El sobreesfuerzo también provoca depresión. Y todo esto unido a la consecución de dinero fácil puede terminar en drogadicciones", concluye.
Juan Manuel Bastida, especialista en medicina deportiva, sostiene que en este tema hay que observar dos puntos: el rol del deportista y la presión del entorno. "Entre nosotros, el deportista es considerado un modelo, pero se frustra cuando no puede o deja de representar ese papel, entonces aparecen los trastornos depresivos, que pueden desembocar en la automedicación de estimulantes, este consumo conlleva actitudes suicidas".
Bastida añade que los deportistas sufren el acoso de técnicos o directores, que en su calidad de ex campeones se creen personajes únicos. "Ellos actúan de forma arrogante, atesoran fantasías de éxitos y poder y producen moving laboral, algunos chicos no pueden soportar esta tensión y se hunden. Muchos recurren al dopaje y las drogas como vía de escape, pero estas te llevan a la ruina moral y física.
Jerónimo Sáiz, profesor de psiquiatría de la Universidad de Alcalá de Henares, discreta y afirma que los suicidios de los deportistas son excepciones: «La práctica del deporte es positiva para la salud física y psíquica. Otra cosa es que alguien se ponga hasta el cuello de anabolizantes y estimulantes». Manuel Pueyo (ex presidente de la Comisión Antidopaje de la Federación de Ciclismo) huye del aspecto singular del deportista. "La mente humana es indescifrable. Se me ocurre que estos dramas pueden producirse por un trastorno afectivo, porque cuando uno es famoso se siente muy arropado y luego ese abrigo desaparece. Es difícil saber porqué se suicidan, aquí entramos en un terreno donde las estadísticas no sirven. Podemos recordar el caso de Luis Ocaña, pero es que él tenía una personalidad desequilibrada. Siempre fue muy raro, muy depresivo, y a cualquier persona de estas características les puede dar la vena suicida. Las últimas muertes no son muy diferentes a los del ciudadano cotidiano. Es posible que haya un cúmulo de circunstancias que provoque esa situación, pero siempre, en el fondo hay un trastorno depresivo y psiquiátrico, que en algunos casos no ha sido diagnosticado". Muchas dudas y una certidumbre: la cabeza explota cuando se vuelve ingobernable.

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Record de "machistas"

Efectivos de la Guardia Civil detuvieron a 114 personas en la Comunitat Valenciana como presuntas autoras de un delito de malos tratos en el ámbito familiares desde el día 1 al 15 de noviembre, según informó en un comunicado la Benemérita.
En concreto, en la provincia de Valencia, los agentes detuvieron a 29 personas, en su mayoría hombres, acusados de agredir o amenazar a sus compañeras sentimentales o miembros de su familia en diversas localidades.
Entre los detenidos se encuentra un varón de 41 años acusado de agredir a su hijo con un arma blanca, al que le causó lesiones en un dedo; así como la detención de un menor, de 14 años, supuesto autor agredir a su madre y de causarle lesiones leves.
Por su parte, en la provincia de Alicante, las detenciones se elevaron a 69. Los hechos se registraron en diversas localidades alicantinas, entre ellas, Almoradí, Altea, Aspe, Banyeres de Mariola, Benissa, Calp, Callosa del Segura, Callosa d'En Sarrià, El Campello, Castalla, Cocentaina, Crevillent, Dolores, Ibi, Jacarilla, Xàbia, Xixona, Monòver, Novelda, Onil, Pedreguer, Pego, Sant Joan, San Miguel de Salinas, Santa Pola, Sant Vicente del Raspeig, El Verger, Villajoyosa, Villena, Pilar de la Horadada y Torrevieja.
Los detenidos, en unión de las diligencias instruidas, pasaron a disposición de la autoridad judicial, según informó la misma fuente.
Por último, en la provincia de Castellón, los agentes detuvieron a 16 personas, cuatro de ellas por quebrantar la orden de alejamiento que protegía a las víctimas.
El caso más destacado de la provincia de Castellón se produjo el pasado día 14 de noviembre, cuando la Guardia Civil de Onda detuvo a hombre que agredió a su pareja en el bar que regentaba. Según manifestó la víctima, el hombre, sin mediar palabra, le dio un guantazo en la cara, un mordisco en la boca y varios puñetazos en la nuca mientras le amenazaba con un cuchillo en la espalda.

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Se entrega el Vigilante de Loomis


El chófer de un camión blindado que a principios de noviembre fue acusado de robar los 11,6 millones de euros que transportaba en la ciudad francesa de Lyon y darse a la fuga, se entregó este lunes en Mónaco y será trasladado a Francia, indicó una fuente cercana a las investigaciones.
Toni Musulin, de 39 años, de origen serbo-croata, chófer de la empresa de caudales sueca Loomis, se escapó el 5 de noviembre con los 11,6 millones de euros que transportaba en su camión de caudales en la ciudad francesa de Lyon. "Se entregó hace un rato a la policía. No sabemos por qué razones", indicó esa fuente confirmando una información difundida en su sitio web por el diario regional Nice Matin.
Musulin era intensamente buscado en Europa.
"Cuando se entregó estaba extraño. No entendemos sus motivos. No sabemos siquiera si entendió que está en Mónaco", indicó una fuente cercana a las investigaciones que pidió el anonimato.
Cuatro días después del robo, la policía encontró nueve de los 11,6 millones en un garaje en Lyon que había sido alquilado en abril por Musulin.

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Descubren su cuerpo

El cadáver hallado ayer en Baños de Ebro (Álava), tiene, a la espera de la confirmación oficial, casi todas las posibilidades de ser el de M.V.A.C., la mujer policía esposa a su vez de un ex policía, desaparecida desde el pasado 2 de noviembre en Logroño, según fuentes cercanas a la investigación.
El cuerpo fue encontrado en Baños de Ebro (Álava), localidad situada a unos 25 kilómetros de la capital riojana, minutos antes de las seis de la tarde, cuando una persona lo vio entre las ramas de unos troncos en la orilla del Ebro, cerca de una caseta de riego próxima a la presa eléctrica del término municipal de Baños de Ebro.
Al lugar de los hechos acudieron agentes de la Ertzaintza y de la Policía Nacional y una unidad de la Policía Científica de la policía autonómica vasca investigó el lugar antes de que el juez ordenara el levantamiento del cadáver, que fue trasladado al instituto anatómico forense de Vitoria,donde hoy se le practicará la autopsia.
El ex marido de la mujer desaparecida, el policía retirado B.M.M., madrileño de 36 años, ingresó el pasado domingo, día 8, en la cárcel de Logroño por orden del juez, que le acusa de un delito de homicidio, a instancias del Ministerio Fiscal.
El pasado día 2 de noviembre, la mujer policía, natural de Granada, de 35 años, no acudió a su centro de trabajo en Logroño, hecho que extrañó a sus compañeros porque no había llamado para justificar su ausencia.
Cuando la agente tampoco apareció los días siguientes ni dio señales de vida, sus compañeros fueron a buscarla a su casa de Lardero, una localidad cercana a Logroño, pero no la encontraron.
Lo que sí constataron los policías nacionales fue que en el piso había signos de violencia, por lo que, el jueves día 5 de noviembre, decidieron interrogar a su ex marido.
El ex policía, que ya fue condenado en Ceuta en 2003 por asfixiar a un ciudadano marroquí durante una detención, negó que tuviera relación con la desaparición de su ex mujer, de la que está separado pero no se ha divorciado, con la que tiene una niña de tres años.
El presunto homicida aguantó en los calabozos policiales sin declarar las 72 horas previstas en la ley y cuando se cumplió el plazo estipulado, el domingo por la noche, fue presentado ante el juez de guardia, que decidió su ingreso en la prisión de Logroño bajo la acusación de homicidio.
Al considerarse un caso de violencia machista, el juez de guardia trasladó el asunto al Juzgado de violencia sobre la mujer de La Rioja, en el que el pasado viernes declararon el presunto homicida y los padres de la víctima.
El fiscal pidió que el ex policía, que abandonó el Cuerpo por una incapacidad laboral derivada de problemas psicológicos, continuara en prisión provisional mientras se desarrolla el procedimiento judicial, sobre el que se ha declarado el secreto del sumario.
Los dos agentes, que se conocían con anterioridad, coincidieron en la academia de la Policía de Ávila y después él se fue a trabajar en prácticas en Ceuta, entre los años 2002 y 2003.
En este destino, B.M.M. intentó frenar la huida de un marroquí cuando pretendía entrar en Ceuta de forma ilegal y en el momento de la detención le produjo la muerte por asfixia.
La pareja se fue a vivir a Granada, después a Logroño y más tarde regresó a Granada, donde se separó legalmente de mutuo acuerdo, tras lo que él asumió la custodia de la niña y volvió a la localidad riojana de Nalda, donde compró una casa.
Hace unos meses, la agente retornó a La Rioja destinada al servicio de conducciones de presos y alquiló un piso en Lardero, una localidad dormitorio situada a unos cinco kilómetros de Logroño y cercana a Nalda.
Los abuelos maternos de la niña han declarado sobre el caso y se han interesado por la situación de la menor, que se encuentra bajo la custodia de un familiar.

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Jornadas sobre Crimen Organizado

Los museos de La Atalaya acogen hasta el próximo viernes un encuentro internacional de expertos en materia de seguridad cuya organización ha sido promovida por la Asociación de Académicos y Profesionales de la Seguridad (Seglobal) en colaboración con la Fundación Alfonso Martín Escudero, la Universidad de Cádiz y el Ayuntamiento de Jerez.
El acto de apertura del seminario estuvo presidido por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que reconoció que “existe una amenaza global” terrorista porque “existe la globalización”, lo que obliga de algún modo a los distintos países a articular “estrategias comunes”.
Pérez Rubalcaba explicó que Ben Laden “y sus secuaces” han logrado además “globalizar la vulnerabilidad” gracias a la “magnitud” de atentados como los de Nueva York, Madrid o Londres.Para ello, las organizaciones terroristas se están sirviendo de la globalización de la comunicación y, sobre todo, de internet, que constituye una buena herramienta para “coordinar” esas acciones y que, además, se convierte en un “enorme altavoz” de estos atentados.
El ministro del Interior advirtió también de que en los últimos años “se ha globalizado el dinero”, que se mueve “con gran facilidad” entre las “tramas organizadas” de delincuencia internacional.
En este sentido, Pérez Rubalcaba puso como ejemplo al terrorismo yihadista, que es capaz de recoger dinero procedente “de todo el mundo”. De ahí precisamente que una de las claves del éxito de cualquier operación policial se encuentre en la capacidad que existe para “yugular” la financiación del terrorismo, que se convierte quizá en la forma “más eficaz” de combatirlo.
El seminario, titulado Los desafíos para la seguridad global, anticipando respuestas ante las nuevas amenazas, trata de explorar la definición y fisonomía de la nueva seguridad global, dibujando el escenario actual y la previsión futura del terrorismo internacional y de la delincuencia organizada.Para ello, van a revisarse las actuales metodologías de inteligencia aplicadas a soluciones de seguridad, analizándose además la efectividad de los actuales modelos de seguridad pública.
Modesto García, comisario principal del Cuerpo Nacional de Policía y coordinador del seminario, explitó que el objetivo de las jornadas es “poner en común reflexiones” que permitan a los profesionales “contextualizar el momento actual de la seguridad”.A partir de ahí, será posible hacer “una cierta prognosis a corto y medio plazo”, de manera que se “anticipen” respuestas a las amenazas actuales en esta materia, con el reto de estar “lo más cerca posible del delito y el crimen” para poder combatirlos.
El seminario, en el que participa “un grupo importante de profesionales” de la seguridad, entre los que se encuentran “altos responsables” del Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y la Policía Local, incide fundamentalmente en la inteligencia, la delincuencia organizada y el terrorismo.
En las jornadas van a intervenir destacados miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad, siendo clausuradas el viernes por Antonio Camacho, secretario de Estado de Seguridad.

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Violador de ancianas

Un hombre a quien sus vecinos describen como un buen vecino de una tranquila comunidad del sudeste de Londres y que pertenece a los Testigos de Jehová fue acusado de ser el violador sistemático de mujeres mayores y ancianas, a las que robaba y atacaba en sus casas, tras cortar el teléfono y la electricidad. Delroy Grant, de 52 años, podría ser uno de los hombres más buscados por Scotland Yard, que, durante doce años, ha intentado identificar al autor de más de cien delitos graves, desde robos hasta violaciones pasando por ataques sexuales, que desde hace 17 años eran cometidos posiblemente por la misma persona.
El sospechoso era conocido por los investigadores como el 'atacante nocturno' y a esa peculiaridad en sus crímenes hay que añadir otras dos: sus delitos se producían en los meses de verano y sus víctimas eran hombres y mujeres entre los 63 y los 100 años, a las que sometió a terribles ataques sexuales.
En un caso, violó a un hombre. Grant fue detenido en la noche del domingo en su domicilio familiar de Brockley, tras ser identificado en una operación policial en un área que el ladrón frecuentaba y donde robó con su habitual uniforme negro, similar al de un motorista. Fue presentado, con un mono blanco provisto por la policía, ante un magistrado en el tribunal de Greenwich y fue acusado formalmente de 22 delitos, que incluyen cinco violaciones, once robos y seis ataques sexuales.
El magistrado aceptó la petición de la Fiscalía para que se le mantenga detenido hasta el jueves. Aunque los cargos presentados se refieren a delitos en un período de tiempo entre 1992 y el presente, la fiscal adelantó que la policía espera estar en condiciones de presentar más cargos en su próxima comparecencia.
Hace unos días, Scotland Yard anunció que la Operación Minstead, como se conoce su investigación en esta larga serie de delitos, había acumulado unas 200.000 muestras de ADN, en lo que se considera que es la investigación más larga y amplia sobre un asesino en serie que jamás haya tenido en sus manos la policía de Londres.
La vivienda de Grant era analizada por equipos policiales de especialistas en busca de pruebas que le puedan asociar a otros crímenes.
Allí, el detenido se ocupaba de su mujer, que padece arterioesclerosis, y que se encuentra cofinada en una silla de ruedas en los últimos años. Con ella ha tenido cuatro hijos, dos gemelas ya mayores y dos chicos de 17 y 12 años.
Tiene tres hijos de un matrimonio previo. Los vecinos describían hoy a un hombre ejemplar, que no trabajaba para dedicarse al cuidado de su mujer, que era afable con sus vecinos y acudía a las barbacoas de su comunidad. Es un hombre jamaicano, fornido, con la cabeza rasurada y que practicaba en su casa el levantamiento de pesas para mantenerse en forma.

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jueves 12 de noviembre de 2009

Cuidado Señor Juez

Varios hombres sin identificar han matado a tiros a un juez somalí en el norte de Somalia que se había dedicado a encarcelar a piratas y miembros del grupo rebelde islamista Al Shabaab, según informó este jueves la Policía.
Mohamed Abdi Aware fue disparado varias veces en la cabeza y el pecho por dos hombres enmascarados mientras abandonaba anoche una mezquita en la ciudad portuaria de Bosasso, en la autodeclarada región autónoma de Puntlandia, una de las bases principales para los piratas que asaltan los barcos en la región del Cuerno de Africa.
Según los expertos, también alberga bandas organizadas de criminales, incluidos los traficantes de personas. Aware ha encarcelado a muchos de ellos, incluidos varios miembros del grupo rebelde Al Shabaab que, según Estados Unidos, tiene vínculos con la red terrorista Al Qaeda.
También ayer dos hombres armados terminaron con la vida de un diputado local, Ibrahim Elmi Warsame, mientras tomaba un té en la capital de Puntlandia, Garowe.
La Policía ha afirmado que está investigando ambos incidentes, mientras que ya se han desplegado policías adicionales en Bossaso. Los piratas somalíes, muchos de ellos de esta región, retienen al menos a trece barcos y a más de 230 de sus tripulantes.
El ministro de Seguridad de Puntlandia, Mohamed Said Samatar, indicó que al menos tres sospechosos ya han sido arrestados. Aware también era miembro del Consejo Judicial Supremo, que supervisa la judicatura y nombra a los responsables judiciales.
"Condenó a la cárcel a cientos de piratas, contrabandistas de personas y miembros de Al Shabaab durante su trabajo en Bossaso", afirmó un sobrino, Abdulahi Jama. "Estos delincuentes le odiaban por la justicia que impartía", añadió.

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Los Vigilantes atuneros

Los agentes de seguridad privada que se embarcarán en los atuneros con bandera española que faenan en el Índico son todos españoles con formación militar, ha confirmado a Efe la empresa de seguridad que se encargará de esta labor.
Las dos principales patronales de barcos congeladores atuneros, ANABAC y OPAGAC, informaron ayer, tras reunirse con el Ministerio de Defensa, de que 52 agentes de seguridad privada se trasladarán mañana, viernes, en un avión de las Fuerzas Aéreas, a las Islas Seychelles, donde se embarcarán en los 13 pesqueros con pabellón español que faenan frente a las costas de Somalia.
Los barcos de armadores españoles que faenan en el Índico con bandera de otros países, sobre todo de Seychelles, no están incluidos en este plan y muchos de ellos ya habían contratado seguridad privada tras el secuestro del "Alakrana", de acuerdo con la legislación del país bajo cuya bandera navegan estos pesqueros.
Fuentes de la empresa de seguridad contratada han explicado que los agentes, todos ellos vigilantes titulados españoles, tienen formación militar y que las últimas semanas han recibido un curso específico para la labor que deberán realizar en los atuneros.
Este plan de formación ha incluido, entre otros contenidos, entrenamiento como infante de marina y preparación psicológica.
Asimismo, se han elaborado diversos protocolos de actuación para los agentes ante las distintas situaciones que se pueden presentar durante su trabajo en los barcos.
Los agentes privados de seguridad, según dijo la patronal del sector, comenzarán a embarcarse en los atuneros el sábado y cada barco contará con cuatro vigilantes, que podrán llevar armas de fuego de calibre igual o superior a 12,7 milímetros.
La nueva normativa también obliga a los vigilantes a hacer "un uso limitado" de las armas de guerra, que "tendrá como único objetivo la prevención y disuasión eficaz de posibles ataques, pudiendo ser utilizadas en caso de necesidad como medio de defensa para repeler agresiones armadas de forma adecuada y proporcional".

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Intento asesinar a su bebe

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha dictado una sentencia en la que condena a siete años de cárcel a Almudena Santos García, acusada de intentar asesinar a su bebé de tan sólo 14 días de vida, asfixiándole con un cojín en el domicilio familiar ubicado en Telde (Gran Canaria).
La Sala condena a la mujer, militar de profesión, como autora penalmente responsable de un delito de asesinato en grado de tentativa, con la concurrencia de la circunstancia mixta, agravante, de parentesco y la eximente incompleta, y debiendo quedar sujeta, como medida de seguridad, a internamiento en centro psiquiátrico penitenciario por un plazo máximo de siete años.
Además de la prohibición de aproximarse a menos de quinientos metros o comunicarse, en cualquier forma, con la niña, o que acuda a su lugar de residencia, a distancia inferior a la referida, por plazo de diez años, imponiéndole el pago de las costas y que indemnice a su hija con 93.000 euros.
Contra dicha resolución cabe interponer recurso de casación en el plazo de cinco días, según reza el fallo dado a conocer hoy por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
La Sala considera probado que sobre las 13.00 horas del 17 de marzo de 2008 la procesada se encontraba con su hija de 14 días de vida en la vivienda familiar y, supuestamente "con la intención de acabar con la vida de su hija que hacía dos semanas que acababa de nacer, tras darle de comer a su bebé, la puso sobre la cama y valiéndose de un cojín, ejerció una fuerte presión sobre su cara y taponó la boca y nariz del bebé impidiéndole respirar, provocándole la asfixia, presión que mantuvo hasta que creyó haber acabado con la vida de la misma".
Poco tiempo después, cuando el padre de la pequeña y esposo de la acusada llegó al domicilio, su mujer le confesó que había matado a la niña y sólo la "rápida" actuación del progenitor en coordinación con el servicio de emergencias 112 salvó la vida del bebé, tras lograr reanimarla mediante un masaje cardíaco y respiración boca a boca y su urgente traslado al Hospital Materno Insular de Las Palmas de Gran Canaria, donde consiguieron estabilizar a la recién nacida.
Como consecuencia de la acción de su madre, la niña sufrió encefalopatía hipóxica por comprensión externa de orificios respiratorios, apreciándose un retraso en el desarrollo físico psicológico, con alteración de la psicomotricidad con daño cerebral hipóxico, precisando más de una asistencia facultativa y tratamiento médico posterior.
Le quedaron como secuelas un daño neurológico pothipóxico irreversible, con alteración neurológica en todas las tareas y que precisan de tratamiento para toda la vida, siendo imposible por los forenses precisar el grado de desarrollo que la menor pueda alcanzar en el futuro, lesión que le pudo llevar a la muerte si no se hubiese actuado "de forma diligente", precisa la Sala.
La Sala estima que la procesada sufre trastorno de personalidad con base no especificado con rasgos esquizoides y compulsivos, así como señala que los informes médicos detectan que padece sintomatología depresiva asociada al parto. De este modo, indica que dicha patología supone una disminución de las capacidades cognitivas y volitivas para hechos como el de la presente causa.La acusada no tiene antecedentes penales y ha estado privada de libertad por los citados hechos desde el 10 de abril de 2008.

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No se caga donde se come

Los presuntos terroristas islamistas detenidos en enero de 2008 en el barrio barcelonés de El Raval y que están acusados de preparar varios atentados suicidas simultáneos en el Metro de Barcelona se defendieron hoy en la Audiencia Nacional intentando demostrar un gran arraigo en España, donde muchos trabajan desde hace años, y diciendo que "no se caga donde se come".
El primero en declarar de los 11 presuntos terroristas que se sientan en el banquillo de los acusados, Qadeer Malik, explicó ante el tribunal que lleva más de seis años trabajando en España, principalmente como repartidor de butano, y defendió que es ilógico que se le acuse de querer atentar contra el país que le daba de comer a él y a su familia.
Este acusado aseguró además que unos días antes de su arresto, que tuvo lugar el 18 de enero de 2008, había comenzado a tramitar los papeles para poder traer a España a su mujer y a sus hijos, que viven en Pakistán, por lo que no podía estar participando en planes para cometer atentados suicidas.
Estoy cien por cien en contra de los islamistas suicidas, dijo Malik, para quien el fiscal encargado del caso, Vicente González Mota, pide 18 años de cárcel al acusarle de los delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia de explosivos y falsificación en documento oficial.
Por último, Malik aseguró que los cables y demás elementos electrónicos para la elaboración de explosivos que tiró a la basura días antes de su arresto correspondían a los desechos de los trabajos que se estaban haciendo en su casa para cambiar las instalaciones eléctricas.
González Mota sostiene que los líderes de la célula eran Mahroof Ahmed Mirza, iman de una mezquita barcelonesa, y Mohammad Ayud Elahi Bibi, para quienes pide 18 años de prisión al acusarles de un delito de pertenencia a organización terrorista en grado de dirigente y otro de tenencia de explosivos.
Ayud Elahi Bibi argumentó para defender su inocencia ante el tribunal que lleva desde el año 1974 en España y añadió que sus nueve nietos utilizan el transporte público en Barcelona.
Por su parte, Ahmed Mirza protagonizó la anécdota de la mañana cuando sorprendentemente, minutos después de comenzar a declarar ante el tribunal, su abogado pidió poder hablar con él en privado. Tras la conversación, una vez de vuelta a la sala de vistas, el presunto líder de la célula comunicó su decisión de no contestar a ninguna pregunta más.
Los 11 presuntos terroristas fueron detenidos en la noche del 18 de enero de 2008 gracias a la confesión del testigo protegido. Según el fiscal, el delator formaba parte del grupo terrorista desde hacía tres años e iba a ser uno de los cinco suicidas junto con cuatro de los acusados que iban supuestamente a inmolarse en el metro de Barcelona.
Todos los acusados que declararon hoy coincidieron en desmarcarse del testigo protegido y en acusarle de haber creado un complot para provocar su detención.
Sahib Iqbal, para quien el fiscal pide 16 años de cárcel, aseguró que conoció al testigo protegido pocos días antes de su arresto en la mezquita en la que se reunía el grupo. Explicó que hablaba constantemente por el móvil y que colgaba siempre que se le acercaba.
Con su declaración el presidente del tribunal, el magistrado Javier Gómez Bermúdez, dio por concluida la sesión de hoy. El juicio no seguirá hasta el próximo lunes.
Todavía quedan por declarar los acusados Ahmed Hafeez, Roshan Jamal Khan y Mohammed Tarik, para quienes el fiscal pide 16 años de cárcel por delitos de pertenencia a organización terrorista y tenencia de explosivos.
También deberán prestar declaración ante el tribunal los presuntos suicidas de la célula -Mehmooh Khalid, Inram Cheema, Mohamed Shoaib y Aqeel Uhr Rehman Abbasi- acusados de un delito de pertenencia a organización terrorista por el que el fiscal pide nueve años de cárcel.

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Rumanos

Agentes de la Guardia Civil destinados en el Equipo de Policía Judicial de Arganda del Rey (Madrid), en el marco de la operación "Selena", han logrado la desarticulación de un grupo criminal organizado, integrado por 23 personas de nacionalidad rumana, esclareciendo así 30 robos cometidos en la Comunidad de Madrid, Albacete, Guadalajara y Toledo.
Este grupo criminal estaba especializado en la realización de robos con fuerza en naves industriales y robos con violencia e intimidación en empresas de construcción. Ante la presencia de vigilantes de seguridad o de alguna persona que ofreciera resistencia, no dudaban en usar la violencia, como en el delito que dio origen a esta investigación, según informó hoy la Guardia Civil.
Fue concretamente el pasado día 3 de agosto cuando varios individuos perpetraron un robo en una gravera de la localidad de Fuentidueña de Tajo, en la que, tras maniatar y golpear al vigilante de la explotación y a un trabajador, sustrajeron 6.000 euros en herramientas.Tras tomar manifestación a las víctimas y realizar una inspección ocular, la Guardia Civil inició la operación "Selena", ante la certeza de que se encontraban frente a un grupo organizado de delincuentes.
Las primeras pesquisas les permitieron confirmar sus sospechas y a finales del mes de agosto ya tenían identificado a un grupo de delincuentes, cercano a las 30 personas, que operaban en la Comunidad de Madrid y sus provincias limítrofes. Los ladrones residían y almacenaban el material robado en la zona de Valdemingómez y la Cañada Real Galiana.La operación sufrió un vuelco cuando agentes del Puesto de Pinto detuvieron a cuatro de los investigados mientras cometían un robo en un polígono industrial de la localidad. Esas detenciones aportaron datos definitivos sobre la estructura y organización de la banda, que se dividía en tres grupos, integrados por entre cinco y ocho personas, especializados en diferentes delitos.
Cada grupo poseía una estructura jerarquizada, con un jefe y un subjefe, que mandaban sobre resto del grupo, entre los que se encontraban los conductores, encargados de conseguir vehículos para la comisión de los delitos, vigilantes de las empresas a asaltar, los propios ladrones, y los responsables de vender la mercancía robada.
Una vez que se habían reunido las pruebas suficientes, la Guardia Civil completó la operación "Selena" el pasado día 21, con la detención de 23 personas en la zona de la Cañada Real Galiana.Los detenidos son de nacionalidad rumana, de entre 24 y 46 años de edad, además de dos menores de edad, de 16 y 17 años. La Autoridad Judicial ha ordenado su inmediato ingreso en prisión, y los menores se encuentran ya en un centro de internamiento.
Se les imputan, individualmente, delitos de asociación ilícita, robo con violencia e intimidación, robo con fuerza en las cosas, tenencia ilícita de armas, detención ilegal, lesiones, robo de vehículo, falsificación de documento público y receptación.Gracias a esta operación, la Guardia Civil ha podido esclarecer cuatro robos con violencia e intimidación, 35 robos con fuerza en las cosas y cuatro delitos de de detención ilegal, además de recuperar material sustraído por un valor de 120.000 euros

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¡¡Inocente!!,Vaya Jurado


Las cinco mujeres y los cuatro hombres que integraban el jurado han mantenido que 'no hay pruebas que den garantías absolutas' de que, la noche del 8 de octubre de 2006, Miguel S.G. rociara a Sandra Soledad Vergara, su pareja desde hacia varios meses, y le prendiera fuego, lo que le causó la muerte.
En la motivación de la absolución del procesado, el jurado ha valorado la 'coherencia' de la declaración de Miguel S., las declaraciones de los testigos amigos de la pareja que explicaron que tenían una buena relación y que estaban ilusionados con el embarazo, las declaraciones de las vecinas y sanitarios que atendieron a la chica en su agonía y las pruebas del incendio.
De todo ello concluyen que tienen dudas de cómo se produjo el incendio, en concreto han explicado que no ha quedado acreditado que el procesado provocara el incendio y que no ha quedado determinado el origen del fuego.
En cuanto a las declaraciones de los vecinos de la pareja y de las doctoras que atendieron a la víctima en el lugar de los hechos, algunas de las cuales afirmaron que la víctima les relató que el acusado le había rociado y prendido fuego, los miembros del jurado han creído que se había producido 'un abanico demasiado amplio' de afirmaciones y negaciones y que, aunque la mujer lo hubiera dicho, en la situación que estaba quizás no sabía exactamente lo que había sucedido.
El jurado ha hecho referencia al estado de la mujer, que presentaba el 97% del cuerpo quemado, además de que en su estómago se encontró una gran concentración de un componente activo de unas pastillas para dormir.
Según el jurado, la debilidad de la mujer 'podía haber deformado la realidad de los hechos que acababan de pasar', además, han indicado que 'no existe ningún indicio o prueba que demuestre que la afirmación de la mujer fuera cierta'.
Los miembros del jurado tenían una 'duda razonable' y, por lo tanto, han absuelto al procesado.
El fiscal y la abogada del Estado solicitaban para Miguel S. una pena de 20 años de cárcel por asesinato, aborto, daños e incendio.
El abogado de la defensa Benet Salellas, que ha mostrado su satisfacción por haber ganado este caso, había solicitado la absolución por considerar que se trató de un incendio fortuito y, alternativamente, había pedido 5 años de cárcel por homicidio, con los atenuantes de embriaguez, reparación del daño y pena natural.

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De Juana

El etarra José Ignacio de Juana Chaos alegó hoy depresión y estrés postraumático para tratar de evitar su extradición a España, sin dejar de amenazar con una nueva huelga de hambre.
El abogado de De Juana Edward Fitzgerald, también aseguró que la Justicia española ha abusado del proceso de extradición al no presentar pruebas claras que demuestren que su detenido ha cometido un delito de enaltecimiento del terrorismo, acusación que calificó de "fabricada" y sustentada en "informaciones periodísticas".
Asimismo, el letrado insistió en que en España se está dando, además, un proceso judicial viciado en el que se prejuzga a su cliente "por sus opiniones políticas" y por la presión de algunos "grupos de víctimas" y, por lo tanto, se violan sus derechos fundamentales.
Con estos argumentos se defendió De Juana Cahos durante una vista que se celebra entre hoy y mañana en Belfast y tras la cual el juez instructor, Thomas Burgess, debe decidir si ratifica su decisión del pasado mes de marzo, cuando se pronunció a favor de la extradición.
Los planteamientos de la defensa fueron refrendados por uno de sus testigos, el experto en psiquiatría forense Adrian Thomas Grounds, quien basó su diagnóstico sobre la actual salud mental del ex jefe del "Comando Madrid" de ETA en dos entrevistas, con intérprete, de cuatro horas cada una, aproximadamente.
El experto consideró "creíble" el relato del etarra, quien le habló de las torturas sufridas durante sus años de detención e incomunicación, entre las que citó "descargas eléctricas".
En el transcurso de su evaluación, recordó el médico, se detectó en De Juana un cuadro de "depresión y de estrés postraumático", el cual "empeoraría severamente" si regresase a España porque, según él, volvería a las condiciones que propiciaron la aparición de esas enfermedades psíquicas.
En ese caso, Grounds aseguró que, por su situación, De Juana no "podría afrontar otro periodo de detención prologada", sus síntomas empeorarían y podría contemplar la posibilidad del "suicidio" a través de otra huelga de hambre.
Interrogado después por el abogado que representa los intereses de la Justicia española en este tribunal norirlandés, Stephen Ritchie, el médico reconoció que De Juana nunca tuvo tendencias suicidas durante el tiempo que estuvo encarcelado en España y que las huelgas de hambre "representaban una forma de resistencia".
No obstante, precisó Grounds, otra huelga de hambre ahora podría tener un componente de resistencia "y otro subyacente" de suicidio.
Ritchie cuestionó el posible empeoramiento de la salud del acusado al recordar que si De Juana es finalmente extraditado y condenado por la Justicia española, la pena máxima por el delito de enaltecimiento del terrorismo son dos años.
Además, el letrado le recordó que su propia evaluación médica puede servir para que sus representantes legales soliciten otro examen psiquiátrico, pidan su puesta en libertad bajo fianza o para que el juez instructor considere una reducción de la pena en caso de que sea hallado culpable.
Ritchie también dejó entrever que su colega de la defensa había pecado de "falta de confianza y de respeto" al sugerir que el caso de extradición presentado por las autoridades españolas es "inmensamente desproporcionado e inhumano" y cuyo único objetivo es compensar la reducción de pena de De Juana.
La defensa sostiene que la orden de extradición se basaba en informaciones periodísticas que reproducían las palabras de una carta leída por una mujer en el homenaje que se rindió en agosto de 2008 en San Sebastián a De Juana -ausente de ese acto- tras su salida de la cárcel, donde cumplió 21 de los 3.000 años de prisión a que fue condenado por 25 asesinatos cometidos como miembro de ETA.
La Audiencia Nacional española cree que puede haber delito en el final de la misiva, atribuida al excarcelado, que reza: "Sólo quiero recordar las palabras de un gran hombre y por suerte amigo de este pueblo: '¡Aurrera Bolie!' ('Adelante la pelota', en lengua vasca)", expresión con la que el fallecido histórico dirigente de ETA Domingo Iturbe Abasolo, alias "Txomin", solía terminar sus discursos.
En su resolución del pasado 10 de marzo, el juez Burgess dio luz verde a la petición española al considerar que ese delito justifica la extradición del acusado en virtud de la ley británica sobre terrorismo de 2006.
Burgess ha vuelto a convocar mañana a las partes en el complejo judicial de Laganside, en Belfast, a partir de las 09.45 horas GMT para terminar de escuchar sus argumentos.

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Caso "Marta del Castillo"

El traslado a un piso tutelado de la Junta de Andalucía del menor conocido como El Cuco, imputado por la desaparición y el presunto asesinato de la joven Marta del Castillo Casanueva la noche del 24 al 25 de enero, ya se ha hecho efectivo, aunque no ha trascendido el momento exacto del día en que abandonó el centro de menores en el que permanecía interno, han informado fuentes de la Consejería de Justicia y Administración Pública.
Esta decisión es consecuencia del acuerdo adoptado por el juzgado de Menores número tres de Sevilla, que también ha establecido para el menor una orden de alejamiento de 50 kilómetros de Sevilla y, por tanto, de la familia de la joven sevillana, de forma que pasa a un piso tutelado dependiente de la Administración autonómica en el que, según la orden del juez, deberá permanecer vigilado, todo ello a la espera de que se celebre el juicio.
Hay que recordar que la Fiscalía de Sevilla había solicitado para El Cuco una orden de alejamiento de 300 kilómetros de la ciudad en la que reside la familia de la víctima, todo ello debido a que el próximo lunes 16 de noviembre expiraba la última prórroga del régimen de internamiento que pesa sobre el menor. Así, y según la Ley, el tiempo máximo de internamiento para menores es de nueve meses.
Sobre esta medida, Antonio del Castillo, padre de la víctima, ya dijo que "lo realmente importante no es la distancia, y si son 300 o 50 kilómetros, pues ni yo me voy a encontrar con él ni él conmigo", sino que "realmente esté vigilado las 24 horas del día, algo que es una utopía y una verdadera mentira".
En esta línea, el padre de Marta del Castillo puso como ejemplo que "si en cada uno de estos pisos tutelados hay ocho menores y únicamente dos monitores, es imposible que se ofrezca la vigilancia necesaria". "La distancia importa bien poco en este caso, sino que nuestra preocupación es que se le vigile convenientemente", concluyó.

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viernes 6 de noviembre de 2009

Agresor de 100 kilos de peso

Un conductor ha sido detenido por haber agredido, supuestamente, a un agente de la Guardia Civil que le sometía a una prueba de alcoholemia, en la que había dado positivo, según informaron ayer fuentes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de Alicante.
El suceso ocurrió durante la madrugada del pasado domingo, durante un control de alcoholemia establecido en la carretera N-332, entre los términos alicantinos de San Juan y El Campello.
Al parecer, la agresión se produjo cuando el conductor, que pesa 100 kilogramos, esperaba a ser sometido a un segundo control reglamentario, después de haber dado positivo en una primera prueba de alcoholemia.
En ese momento, el ahora detenido se abalanzó sobre la espalda del agente, al que, supuestamente, tiró al suelo y golpeó repetido veces, según las mismas fuentes.
Como consecuencia de la agresión, el guardia civil ha sufrido lesiones «muy graves» en el codo, que le han obligado a mantenerse de baja en el servicio. El sospechoso, acusado de un delito de atentado a agente de la autoridad, ya ha sido puesto a disposición judicial.
Fuentes de la AUGC han señalado que, en el momento en el que se produjo la agresión, «únicamente» se encontraban tres efectivos de la Guardia Civil (el jefe de control y dos agentes) en el lugar donde se realizaba el control de alcoholemia. Según las mismas fuentes, que otros miembros se habían desplazado para atender diversos accidentes.
La asociación de la Benemérita ha denunciado la «actitud negligente» del responsable del control. Según la AUGC, cometió un error: «no dio por suspendido el punto de verificación de alcoholemia ante la merma de los efectivos», a pesar de que «el mínimo indispensable para llevarlo a cabo con cierta seguridad es de ocho componentes», resaltaron con indignación.
Acusan al capitán
En opinión de los guardias civiles, «resulta lamentable la actitud pasiva del capitán jefe del subsector», al que acusan de «otorgar prioridad al número de infracciones denunciadas sobre la seguridad e integridad física tanto de los agentes encargados de detectarlas como del resto de usuarios».
Las citadas fuentes han recordado que la situación no es nueva. El pasado mes de septiembre, destacaron se registró un atropello en un control de alcoholemia en el destacamento de Villena. Con anterioridad, en 2007, hubo un doble arrollamiento de agentes de Tráfico.

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Caso "Marta del Castillo"

Fuentes del caso han informado a Efe de que el juez de instrucción 4 de Sevilla ha acordado que Samuel continúe en prisión por la gravedad de los hechos, su crueldad y el riesgo de que destruya pruebas en caso de quedar libre.
Samuel B.P. cumple prisión incondicional desde el 17 de febrero pasado, acusado de ayudar al asesino confeso, Miguel C.D., a deshacerse del cuerpo de Marta en un lugar que aún se desconoce.
Esta decisión del juez se produce cuando él mismo notificó a finales de octubre al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que el joven ha superado los tres cuartos del plazo máximo en que puede estar en prisión preventiva.
La defensa de Samuel presentó recurso subsidiario de apelación ante la Audiencia de Sevilla, que se pronunciará posiblemente dentro de la próxima semana.
Fuentes de su defensa han expresado a Efe su sorpresa por el hecho de que el juez argumente que Samuel puede destruir pruebas y, paradójicamente, estén en libertad el hermano del asesino confeso y su novia, acusados del mismo delito de encubrimiento y con la misma capacidad potencial de ocultar pruebas.
Además, en la actual fase del proceso próxima a la presentación de los escritos de calificación, ya no hay pruebas que destruir pues todas las válidas para el juicio han sido incorporadas al sumario, según la defensa.
Respecto a la presunta participación de Samuel en el traslado del cadáver de Marta a un lugar desconocido, las fuentes han añadido que la alarma social fue retirada como causa de prisión en la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por lo que "el juez lo único que tiene que valorar son los argumentos jurídicos".
Samuel negó desde su primera declaración ante el juez, realizada el 16 de febrero pasado, haber participado en el traslado del cuerpo de Marta o haber conocido su asesinato en los días posteriores, y atribuyó su primera confesión a amenazas de la Policía.
El joven permanece encarcelado desde el 17 de febrero, hace ocho meses, pero su abogado ha pedido ya en dos ocasiones la libertad teniendo en cuenta la pena máxima prevista para los dos delitos que le imputan: tres años de cárcel para el delito de encubrimiento y cinco meses de condena máxima por profanación de cadáveres.
Por la violación y asesinato de Marta, ocurridos el pasado 24 de enero, cumple prisión incondicional su ex novio Miguel C.D. y está acusado además un menor de edad que entonces tenía 15 años.
Este chico saldrá el próximo 16 de noviembre del Centro de Menores donde permanece internado e ingresará en un piso tutelado al haber superado los nueve meses de reclusión provisional máxima prevista en la ley.

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José María Lidón

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), en coordinación con la Fiscalía y el cuerpo de secretarios judiciales, ha rendido hoy un caluroso homenaje al juez José María Lidón con motivo del octavo aniversario de su asesinato a manos de ETA.
El alto tribunal vasco ha recordado hoy al que fuera magistrado de la Audiencia Provincial de Vizcaya con una ofrenda floral junto a la placa erigida en su memoria. El acto, al que han acudido la viuda y los hijos, ha estado presidido por el presidente del TSJPV, Fernando Ruiz Piñeiro, y ha contado con la intervención de la fiscal superior, María Angeles Montes y la consejera de Justicia, Idoia Mendia. También han estado presentes la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Margarita Uria; el presidente de la Audiencia Provincial de Vizcaya, Angel Gil; el portavoz de JPD en el País Vasco, Edmundo Rodríguez; el portavoz de la APM, Antonio García, así como numerosos representantes de la judicatura vasca.
Piñeiro se ha encargado de leer el correo enviado a todos los jueces y magistrados en recuerdo al juez Lidón en el que se hace mención a la iniciativa que tuvo lugar hace ahora doce años en Bilbao bajo el lema "Con la ley en la mano". "Con la ley en la mano fue la respuesta que algunos profesionales quisimos darnos para combatir la sinrazón y la violencia. Entendíamos que la solución de los conflictos pasaba por la aplicación de la ley y del ordenamiento jurídico y que este camino señalados eran la única vía posible para vencer en la lucha por el derecho", ha explicado.
Por su parte, la consejera de Justicia del Gobierno vasco, Idoia Mendia, ha aprovechado el homenaje para recordar a los asesinos que "vamos a seguir firmes, como José Mari, en la defensa de los derechos y las libertades de todos". Según ha advertido, "la libertad, el ansia de ser libres, será mucho más fuerte que la pretensión de los liberticidas de acabar con nuestras instituciones democráticas". "La causa de las libertades que José Mari encarnó con su palabra y con su vida sigue siendo el presente y el futuro de este país mientras que el proyecto totalitario de ETA forma parte de un pasado siniestro que la inmensa mayoría de la sociedad vasca desea superar definitivamente", ha dicho.
Mendia ha subrayado además que el legado de Lidón sigue vivo y ha defendido para Euskadi un futuro de convivencia democrática, libertad y paz que "destierre para siempre la violencia como instrumento de acción política". En este sentido, ha abogado por una paz basada en el respeto a la legalidad y a los métodos democráticos que a su juicio, requiere "de la unidad de todos los partidos y agentes sociales".
La fiscal superior, María Angeles Montes, ha denunciado "la sinrazón, el fanatismo y el silencio cómplice" y ha recordado la figura del juez asesinado, así como la de aquellos que han sufrido la barbarie terrorista para mostrar su "repulsa al terrorismo en general y al de ETA en particular". Y el presidente de la Audiencia Provincial de Vizcaya, Angel Gil, ha mostrado su compromiso de que el recuerdo de Lidón siga vivo ya que conservar su memoria "constituye un deber". "Relegarlo al olvido sería tanto como permitir la injusticia de su muerte, lo que no vamos a consentir", ha indicado.
El magistrado José María Lidón también ha sido recordado en la Universidad de Deusto, de la que era catedrático de Derecho Penal, con una concentración organizada por Gesto por la Paz.

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Cambio de la Ley del Menor en España


Este miércoles, la Justicia embargaba las cuentas y las viviendas de los padres de los autores de la muerte de la niña Maores, la menor asesinada hace un año en la localidad barcelonesa de Ripollet para hacer frente al pago de una indemnización de 525.000 euros.
Los dos homicidas, Sergio y Luis, que entonces tenían 15 y 14 años, fueron condenados a penas de hasta cinco años de internamiento. Pero en julio pasado quedaron en libertad porque la Ley no permite la reclusión de menores durante más de nueve meses si la sentencia no es firme.
La madre de Maores, Herminia Alonso, y Matías Lorente, el portavoz de la familia, han estado en el plató de Espejo Público, donde han manifestado su deseo de un cambio en la Ley del Menor.Herminia Alonso ha mostrado su indignación por que los presuntos asesinos de Maores no han cumplido los cinco años de internamiento a los que les condenaron. "Es una injusticia.
Nunca pensé que a unos asesinos les soltaran a la calle", ha asegurado. Para la familia de Maores, el embargo de las cuentas y las viviendas de los padres de Sergio y de Luis, es solo una consecuencia del resultado de "lo que han hecho estos monstruos". "Lo que nos preocupa es la Ley del Menor, que los políticos, que son los que pueden hacer las cosas, las cambien porque esto no puede seguir así", ha afirmado Matías Lorente, portavoz de la familia.

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Suicidio de un ciclista

El ciclista belga Dimitri de Fauw, que colisionó con Isaac Gálvez hace dos años en un accidente que causó la muerte del corredor español, ha fallecido, según informa hoy el portal web belga Sporza, que apunta al suicidio como causa de su defunción.
El corredor, de 28 años, padecía de depresión desde el incidente, según dicho portal deportivo, aunque esta misma semana participó en la competición de los Seis Días de Grenoble. De Fauw era un especialista en las pruebas de seis días en pista y se había proclamado en numerosas ocasiones campeón de Bélgica en diferentes especialidades.
Tras la muerte del español en la edición de 2006 de los Seis Dias de Gante, De Fauw declaró que estaba hecho "una ruina" y muy impresionado por la muerte de su compañero. "Emocionalmente soy una ruina. Todo el mundo habla de un accidente, pero las consecuencias son dramáticas y mi nombre sale en todas partes", dijo al diario flamenco "De Standaard" pocos días después de la mortal colisión.
Los dos ciclistas colisionaron a una velocidad vertiginosa en el velódromo de Gante cuando corrían la especialidad de madison. Pese a los esfuerzos de los médicos por reanimarlo en plena pista, falleció cuando estaba siendo trasladado al hospital universitario de Gante.

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España lider

España sigue siendo el país de la Unión Europea (UE) donde está más extendido el consumo de cocaína, aunque en el de cannabis ha registrado un leve descenso y ha sido superado por Italia, según el informe anual presentado hoy por el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT).
El estudio, que recoge y compara datos correspondientes a 2007 o al último año disponible, indica una estabilización en el consumo de cocaína en la UE y el comienzo de una tendencia decreciente en el de cannabis.
España se mantiene como el Estado miembro con mayor consumo de esta primera droga, ya que el 3,1 por ciento de los españoles preguntados admitieron haber consumido cocaína en el último año, mientras que el 1,1 por ciento dijo haberlo hecho en el último mes.
Estas cifras han variado poco con respecto a las divulgadas el año pasado por el OEDT (el 3 por ciento en el caso de los consumidores en el último año, y el 1,6 por ciento para los del último mes), y se mantienen muy por encima de la media europea, del 1,2 por ciento y del 0,4 por ciento, respectivamente.
Aunque España lidera la UE en consumo de la población total mayor de 15 años, en los grupos más jóvenes -de entre 15 y 24 años-, ocupa el segundo lugar, con un 5,4 por ciento de consumidores en el último año (frente al 5,6 por ciento de Dinamarca) y un 1,7 por ciento en el último mes (ante al 2,5 por ciento del Reino Unido).
El mayor uso de la cocaína en este grupo de países "tiene una difícil explicación", aunque uno de las causas sería "su gran disponibilidad en el mercado", según dijo el director del OEDT, Wolfgang Götz.
En España, se ha apreciado una estabilización del consumo en los últimos 5 o 6 años después del "gran aumento" registrado en los años precedentes, "y esto ya es un pequeño progreso, aunque queda mucho por hacer", comentó Götz a los periodistas tras presentar el informe.
En el caso del cannabis, la prevalencia de su consumo entre los españoles ha descendido de forma moderada.
Un 10,1 por ciento de los españoles de entre 15 y 64 años afirma haber consumido cannabis en el último año (frente al 11,2 por ciento del año anterior), mientras que el 7,1 por ciento dijo haberlo hecho en el último mes (ante el 8,7%).
En el caso de Italia, estos porcentajes ascienden al 14,6 por ciento y al 7,2 por ciento.
No obstante, España supera a Italia en consumo de cannabis entre los grupos de población de entre 15 y 34 años, de los que el 13,4 por ciento de los españoles dijo haber tomado dicha sustancia en el último mes, frente al 10,4 por ciento de los jóvenes italianos.
Ambos países están lejos de la media europea, que se sitúa en el 6,8 por ciento de la población total mayor de 15 años en el caso de los consumidores en el último año, y en el 3,6 por ciento en los consumidores en el último mes.
El OEDT estima que más del 1 por ciento de la población europea de más de 15 años -alrededor de 4 millones de personas- consume cannabis de forma diaria o casi diaria, lo que les convierte en "población de riesgo" de sufrir una adicción.
La mayoría de los consumidores habituales de cannabis tiene entre 15 y 34 años, lo que representa alrededor del 2 por ciento del total de ciudadanos europeos incluidos en este grupo de edad.
España fue uno de los cuatro países europeos -junto a Italia, Francia y Portugal- que notificaron un aumento de la prevalencia del consumo diario de cannabis, resultados que apuntan a un aumento general del número de consumidores "intensivos".

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Estados Unidos es diferente

Una pareja de recién casados vecinos de Lepe fueron retenidos durante más de cuatros horas en el aeropuerto John Fitzgerald Kennedy de Nueva York (Estados Unidos), debido a que el marido, Jesús Vélez Alfonso, tenía un apellido "demasiado común" en Iberoamérica.
lez Alfonso, junto a su mujer, Cristina Prieto, llegó al aeropuerto neoyorquino pasadas las 19:00 horas (hora española) de ayer, y no tuvieron problema alguno durante el vuelo.
Al llegar a la aduana, un funcionario les retuvo los pasaportes, momento en que les comunicaron que "no podían entrar en Estados Unidos hasta que fuese comprobada si su identidad coincidía con la del documento".
Fuentes familiares han indicado a que la Policía "sospechaba de que podía ser alguien de un país suramericano que intentase entrar en el país de forma ilegal o algo por el estilo", de forma que fueron retenidos hasta que realizaron "multitud de gestiones, e incluso le sometieron a varios cacheos y registros durante ese tiempo".
La pareja se puso en contacto con la agencia de viajes que organizó su luna de miel, que se limitó a decirles que no se preocupasen y siguiesen las instrucciones de los agentes, aunque pasadas más de dos horas seguían retenidos.
En ese tiempo perdieron el enlace que les debía llevar al hotel de Nueva York desde el aeropuerto, hasta que la Policía realizó distintas gestiones con Washington y comprobaron finalmente que la identidad de Jesús Vélez coincidía perfectamente con la del pasaporte.
La familia de los jóvenes, que se casaron el pasado sábado, ha lamentado esta situación, que entienden que "excede notablemente las normas de seguridad", y se han mostrado confiados en que no tengan más problemas durante el viaje.

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El Islam

Dos hombres de nacionalidad marroquí han sido detenidos por la Guardia Civil en Socuéllamos (Ciudad Real) por propinar una "brutal" paliza a una mujer también marroquí, que sufrió un aborto a raíz de la agresión, por no llevar velo como le correspondería a su condición de musulmana.
Los hechos, conocidos, se produjeron el pasado 14 de octubre en el colegio de primaria El Coso, cuando los dos hombres acudieron a recoger al hijo de uno de ellos y observaron a la mujer sin el velo islámico que también acudió a buscar a su hijo.
Testigos presenciales relataron a la Guardia Civil que los dos hombres, que no guardan relación de parentesco con la víctima, le propinaron una paliza, a raíz de la cual, la mujer sufrió un aborto, han informado fuentes de la Benemérita. La mujer, de quien las fuentes han informado de que era mayor de edad sin facilitar más datos, fue trasladada en primera instancia al centro de salud de Socuéllamos y, posteriormente, ingresada en el Hospital General de Tomelloso.
A raíz de las investigaciones, la Guardia Civil detuvo el pasado 29 de octubre a dos personas de nacionalidad marroquí, identificados con las iniciales M.F., de 37 años y varón, y A.F. 27 años y mujer. Ambos han sido acusado de un delito de lesiones y puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Tomelloso.
El examen médico-forense indica que no está probado que el aborto fuera consecuencia de la paliza, dado que la agresión tuvo lugar el 14 de octubre y el aborto el 23. La detención tuvo lugar el pasado 29 de octubre, después de que la víctima, de 31 años, denunciara la agresión el día 15 ante la Guardia Civil con el correspondiente parte de lesiones emitido por el centro de salud de Socuéllamos, según la Subdelegación del Gobierno.
El 26 de octubre la víctima se presentó de nuevo en el cuartel de la Benemérita y comunicó a los agentes que había abortado tres días antes en el hospital de Tomelloso como consecuencia de las lesiones sufridas por la paliza.
Fuentes judiciales han explicado que se ha hecho cargo del caso el Juzgado de Instrucción número 1 de Tomelloso y que se ha abierto un procedimiento para celebrar un juicio de faltas al que serán citados los detenidos.

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La Gripe A

La gripe A ha alcanzado el nivel epidémico de difusión en un total de 11 comunidades autónomas durante la última semana de que se disponen datos, del 25 al 31 de octubre, según los datos de que dispone la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Instituto de Salud Carlos III, gracias a las estimaciones realizadas a partir de la información remitida por la Red de Médicos Centinelas.
En concreto, y en función de la difusión geográfica del nuevo virus H1N1, causante del 97 por ciento de los casos de gripe clínica en dicho periodo, alcanzan el nivel epidémico Aragón, Asturias, Cantabria, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja. Por su parte, Andalucía, Extremadura y Melilla presentan un nivel local, mientras que en el resto de las redes centinela es esporádico o nulo. En dicho periodo se han registrado 130.907 casos totales de gripe clínica en España, de los que unos 126.999 casos podrían haber resultado positivos para el nuevo virus. Estos datos han propiciado que la tasa de gripe clínica haya aumentado un 58% en una semana, pasando de los 182,45 por 100.000 habitantes de la semana anterior a los 292,45 de ésta. Por comunidades, destaca el aumento en la incidencia en País Vasco y Castilla y León, donde se duplica la tasa nacional y se registraron 607,49 y 579,81 casos por 100.000 habitantes respectivamente.
A éstas les siguen Cantabria (con 505,16 casos por 100.000 habitantes), La Rioja (414,2), Comunidad de Madrid (347,51) y Asturias (311,91). Ya por debajo de la media nacional, están Canarias (289,78), Cataluña (289,54), Castilla-La Mancha (286,28), Aragón (282,97), Andalucía (242,63), Extremadura (235,43), Navarra (216,26), Melilla (164,55), Comunidad Valenciana (123,55), Baleares (103,36) y Ceuta (15,03). De Galicia, Murcia y Ceuta no se especifican las tasas de infectados por gripe en esta semana.
En dicha semana, las redes de Médicos Centinela siguen observando un aumento de la actividad gripal "más acusado" en el norte del país, con una evolución creciente de la enfermedad en todas las redes del sistema a excepción de Baleares, Extremadura y Melilla, que señalan una evolución estable con respecto a la semana previa de vigilancia.
Así, el nivel de intensidad gripal es muy alto en Cantabria, País Vasco y La Rioja, alto en Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña y Madrid, medio en siete redes y bajo en Ceuta. De los contagios notificados por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, un 48 por ciento son mujeres y un 52 por ciento hombres. El mayor número de casos corresponde a los grupos de 5-14 años (33%) y 15-44 años (45%), mientras que se han percibido "incrementos considerables" en las tasas de incidencia de gripe en los menores de cinco años, especialmente en las redes de Cataluña y Castilla y León.

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